El pasado 28 de enero, agentes del Cuerpo Nacional de Policía irrumpían en los domicilios de varias personas de distintas localidades para detener a los miembros de un grupo neonazi. Los agentes habían detectado en sus chats, gracias a una denuncia anónima, que se estaban organizando para cometer actos violentos y que podrían almacenar armas. Durante los registros, los agentes se incautaron de varias armas blancas, escopetas, pistolas y un manual para la fabricación de explosivos. Arrancaba así la bautizada como Operación Ario.

Durante las semanas siguientes, varios medios han ido avanzando partes de esta investigación, que se precipitó ante las sospechas de que pudiesen cometer algún acto delictivo en breve, aunque se mantiene la sospecha de la implicación de un miembro de este grupo a un local LGTBI de Alcoi.

Hace unos días se supo que los neonazis tenían una lista de objetivos, así como matrículas de vehículos y mensajes en sus redes que avanzaban el paso hacia la violencia: "Para el año que viene planeamos iniciar la violencia armada en las calles", "Hay que llevarse por delante a estos perro (sic) moros y al fiscal de odio", decían. Uno de ellos, además, ofrecía sus conocimientos como ingeniero para fabricar armas, explosivos y hasta un fusil de francotirador. Fue entonces cuando la policía decidió actuar. Días después, se conocía que entre los objetivos de esta banda estaban jueces, fiscales, el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y el presidente Pedro Sánchez.

Aunque la operación policial salió en numerosos medios e informativos de varias cadenas de televisión, la información sobre sus objetivos ha pasado relativamente desapercibida. Tampoco ha ocupado ni un solo minuto en las tertulias habituales de los grandes medios, ni se ha oído a los líderes de la oposición mostrar su apoyo a las personas señaladas ni alertar sobre el peligro de la amenaza violenta y terrorista de los neonazis. Para quienes configuran las escaletas de los informativos parece que esto no era tan importante como para merecer ni siquiera una breve mención. Que neonazis armados manifestaran su intención de acabar con la vida del presidente del gobierno no ha sido noticia.

No son cuatro chalados. En septiembre de 2018, los Mossos detenían a un ultraderechista con un arsenal de 16 armas de fuego que había manifestado su intención de ‘sacrificarse por España’ también asesinando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Manuel Murillo, hijo del ex alcalde franquista de Rubí (Barcelona), y con experiencia en el manejo de armas, no fue acusado de terrorismo. La Audiencia Nacional, el mismo tribunal que juzgó a Pablo Hasel por una canción y que en marzo juzgará de nuevo a otro tuitero por insultar al Rey, rechazó el caso.

Desde que se conformó el gobierno de coalición, la ultraderecha no ha dejado de lanzar avisos con olor a gasolina y pólvora. El atentado terrorista contra la sede de Podemos en Cartagena, el envío de balas a varios miembros del Gobierno, el vídeo del ex legionario disparando contra fotos de varios ministros y ahora los nazis de la Operación Ario. Nadie de estos últimos entró en prisión. El neonazi que atentó contra la sede está en su casa a la espera de juicio. El ex legionario fue absuelto y los nazis detenidos en enero estaban al día siguiente en su casa a la espera de juicio, que se puede demorar años.

Desde que la ultraderecha entró a las instituciones y los medios la aceptaron como un actor democrático respetable, se han normalizado un peligroso relato que se extiende como un mantra por los sumideros del neofascismo patrio. Se propaga la idea de la ilegitimidad del Gobierno; se estimula la sensación de inseguridad y apocalipsis por culpa de migrantes, pobres, separatistas y rojos, y se acepta que una turba de fanáticos acose a Pablo Iglesias, a Irene Montero y a sus hijos todos los días en la puerta de su casa. Es más, que incluso se use el nombre del periodismo para acosar directamente a menores de edad. Así, la detención de unos nazis armados que querían matar a Iglesias y a Pedro Sánchez, no es ni siquiera relevante mediáticamente.

Mientras, este Gobierno, a cuyas cabezas apuntan los rifles de los nazis, reprime con dureza a quienes llevan tiempo alertando de la amenaza de la ultraderecha y la enfrentan como pueden. Ha sucedido en numerosas ocasiones ante protestas que se pretendían pacíficas y que los propios fascistas se encargaron de alborotar para que los antidisturbios actuasen y proporcionasen a los medios la foto que buscaban, como en aquél dichoso mitin ultraderechista en Vallecas. Sucedió lo mismo en Barcelona, en el barrio del Raval, donde se presentaron quienes lo llamaron ‘estercolero multicultural’ para provocar y usar una vez más a las fuerzas del orden contra los vecinos. Ahora, a quienes protestaron les piden seis años de prisión. Como a los seis de Zaragoza o como a los vecinos de la localidad valenciana de Pego que respondieron al grupo de nazis que se paseó insultando, provocando y decorando las calles con pegatinas de Hitler. Catorce de ellos se enfrentan ahora a nueve años de cárcel. Los vecinos, no los nazis.

Con este panorama, los neonazis están que se salen. Ni con armas acaban en la Audiencia Nacional. Ni lanzando explosivos a la sede de un partido pasan más de una noche en comisaría. Es más, luego tienen a sus cómplices que silencian o minimizan los hechos, e incluso se atreven a negarlos, extendiendo el bulo de que todo es un montaje y que los rojos se matan ellos mismos.

No está de más recordar que el vídeo del ex legionario que simulaba ejecutar a miembros del Gobierno circulaba por chats policiales entre risas, y fue filtrado por un agente al que le dio miedo y asco que sus compañeros banalizasen así la violencia. Como los memes riéndose de los manifestantes a los que habían sacado los ojos con balas de goma, o los insultos racistas y machistas en los grupos de Facebook de la policía. Luego, algunos agentes y sindicatos policiales se rasgan las vestiduras cada vez que sacamos las fotos de varios agentes de uniforme almorzando en un bar bajo el retrato de Franco o de alguno de su gremio dando charlas para un partido neonazi.

El problema no es solo el grupo nazi armado. El problema es que su discurso continúa extendiéndose como la pólvora de sus balas y cuenta con numerosos cómplices que lo normalizan. Y cada vez, con más objetivos a abatir. Más ‘enemigos de España’. Empezaron por los rojos, pero que nadie se crea que está a salvo. Lo advirtió por enésima vez Antonio Maestre esta semana cuando fue de nuevo señalado por los fascistas, y lo llevamos advirtiendo quienes siempre supimos que estábamos en esa lista, que poco a poco va sumando a más gente, por mucho que algunos se crean inmunes poniéndose de perfil. Pero más grave aún es que, un Gobierno que se dice progresista, y que sabe que sus miembros también están en el punto de mira de ese rifle, continúen equiparando a sus verdugos con quienes les combaten. Dejando que el cáncer permanezca y que la metástasis se extienda aún más dentro de sus propias instituciones. Mientras en otros países, el terrorismo y la violencia de extrema derecha es considerada ya la principal amenaza interna, y a ningún gobernante le tiembla el pulso para depurar a policías y militares que levanten la zarpa, en España seguimos quitándole importancia y permitiendo que se enquiste todavía más el problema. Sigan pensando que el fascismo es una opinión respetable más. Pero no olviden los gobernantes, los periodistas, los jueces y los fiscales que las balas de los neonazis, de quienes llevan años diciendo lo mismo que hoy algunos cacarean en las instituciones, hace tiempo que llevan escritos también sus nombres.