Cristina Fallarás

Periodista

Este domingo día 22, Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso escribía en su cuenta de Twitter: “Frente al bloque monárquico, hay un país que pide diálogo. Queremos vencer al independentismo pero en las urnas”.

Lo relevante de dicha declaración se encuentra en la expresión “bloque monárquico”, en clara oposición a lo que PP, PSOE y Ciudadanos han dado en llamar el “bloque constitucionalista”. De esta forma, la coalición de Unidos Podemos viene a reclamar su papel en la reforma de la Constitución. Tanto ellos como amplios sectores políticos en Cataluña, así como en Euskadi, Galicia o la Comunitat Valenciana, reclaman dar un paso más e iniciar un proceso constituyente. Es decir, volver a redactar las normas que rigen el país y que permanecen prácticamente intocadas desde 1978.

Sobre esa fecha pivota esta pugna, que ha tomado impulso desde que Mariano Rajoy pactó con Pedro Sánchez la reforma de la Constitución el pasado 11 de octubre. Junto a la ya célebre frase de “Acompañamos al presidente del Gobierno en su requerimiento para clarificar y sacar del pantano en el que ha metido Puigdemont a la política catalana”, el líder del PSOE anunció que el PP se avenía a reformar la Constitución española. El primer secretario de los socialistas catalanes afirmó entonces que habían llegado a “un acuerdo histórico: se abre la vía de la reforma constitucional. Con la ley para cambiar la ley”.

De hecho, el pacto del PSOE con el PP consigue algo que va más allá de la aplicación del artículo 155. Se trata de capitanear un proceso que resultaba imparable, y que, desde Izquierda Unida, Podemos y sus socios, ya se venía reclamando: la idea de llevar a cabo una Segunda Transición, dada la crisis de lo que denominan el “Régimen del 78”.

Sin embargo, mientras estos últimos reclaman un proceso constituyente en España, una reforma total, PP, PSOE y Ciudadanos hablan de reformar solo algunos puntos. Una vez conocido el apoyo del Partido Popular, cabe suponer que pocos.

Psoe: nada nuevo

De hecho, el apoyo del PSOE al PP y Ciudadanos no es nuevo. Tiene una de sus bases más sangrantes en la oposición de ambos a derogar o modificar la Ley de Amnistía del 77. Dicha Ley es la que ha permitido que queden sin juzgar amplios sectores políticos, económicos y financieros de la dictadura franquista, así como numerosos criminales y torturadores.

En julio de 2011, los socialistas rechazaron en el Congreso, junto al PP, la modificación de la Ley de Amnistía propuesta por el Bloque Nacionalista Galego. El BNG pedía excluir de dicha Ley los crímenes de lesa humanidad y evitar que prescribiera su aplicación. En el mismo sentido, uno de los ejemplos más recientes reside en la reclamación por parte de la jueza argentina María Servini de extraditar a tres ministros franquistas, Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y el ya fallecido José Utrera Molina, acusados de crímenes contra la humanidad, así como al torturador conocido como Billy El Niño. Entonces, en abril de 2015, el PSOE se unió a la negativa de extradición del PP.

Al año siguiente, en diciembre de 2016, Podemos insistió en el mismo punto propuesto ya por el BNG cinco años antes, y presentó una Proposición no de Ley para que se añadiera un artículo donde constara que ésta no se aplicaría en casos “de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad”. El PSOE volvió a unirse al PP en la negativa.

En todas estas ocasiones, el Partido Socialista se oponía, de hecho, a modificar los pactos que suponen hoy, y cuando ellos los rechazaron, un escándalo de impunidad criminal reconocido incluso por las Naciones Unidas.

Izquierda Unida

La idea del proceso constituyente, así como del reconocimiento del derecho de autodeterminación, vienen de lejos. Hace ya más de 20 años, en 1996, los reclamaba Julio Anguita. En el mitin que pronunció durante la Fiesta del PCE de aquel año, Anguita anunciaba: “El PCE mantiene como principios y propuestas irrenunciables tres formulaciones que constituyen el eje medular de su propuesta alternativa al modelo de Estado y que no están recogidas en la Constitución Española de 1978: Propugnamos y defendemos la construcción de un Estado Federal y Solidario Español; defendemos el reconocimiento del Derecho de Autodeterminación; y nuestra forma de Estado es la República”.

Y añadía una puntualización que venía, de hecho, a romper definitivamente con el llamado “consenso del 78”: “En las horas difíciles de la Transición Española nuestro Partido, en aras del consenso para que el Estado Social y Democrático de Derecho estuviese contemplado en la Constitución, priorizó los contenidos del mismo a la inclusión de los dos primeros principios en la Constitución y pasó, transitoriamente, a un segundo plano, su lucha y su esfuerzo para que el futuro Estado Español tuviese la forma Republicana. La apuesta por un Estado Federal Español y Solidario constituye hoy una propuesta alternativa en los programas y proyectos de IU”.

En septiembre de 2012, Izquierda Unida insistía en este punto y reclamaba “la construcción de un nuevo sistema constitucional, de una nueva legitimidad que el soberano, el pueblo, otorga a las nuevas instituciones del nuevo Estado, necesaria y evidentemente una República”.

A partir de entonces, el coordinador federal del partido, Alberto Garzón, ha venido reclamando insistentemente, bajo el lema de “Por un nuevo país”, la necesidad de iniciar un proceso constituyente que modifique aquel que nació con la Transición.

Desactivación

El Procés catalán ha puesto de manifiesto la crisis evidente del “Régimen del 78”, más allá de la propuesta de independencia, y por lo tanto ha venido a dar la razón a las tesis sostenidas primero por IU y, tras su nacimiento, por Podemos y sus socios, así como por la mayoría de los partidos nacionalistas. O sea, la necesidad de un proceso constituyente y la llamada Segunda Transición.

El paso dado por el PSOE al pactar con el PP la reforma de la Constitución supone, de hecho, una desactivación de tales ideas por parte de las dos fuerzas mayoritarias que arrancan de aquel momento y que han conformado el bipartidismo en España. Para su mayoría, cuentan con el apoyo incondicional de Ciudadanos.