Richard Stallman, padre del sistema operativo GNU, para el que comúnmente se generaliza con el término Linux, cuenta cómo en 1983 arrancó el movimiento del software libre, entre otras cosas, para disponer de programas libres de malware. ¿Hablamos de seguridad? No, no sólo de seguridad, porque aunque estrictamente malware alude a virus maliciosos, en realidad también puede ser todo aquel software preinstalado –y no solicitado- en productos que adquirimos. En pocas palabras, el software que maltrata al usuario.

En opinión de Stallman, la ética se ha esfumado en buena parte de la comunidad de desarrolladores, que se escudan en los acuerdos de licencia de usuarios –la letra pequeña- que nadie lee cuando instala un programa. Así se introduce ese malware que te ata a los DRM (software de gestión de derechos digitales) o que imponen la censura impidiendo el acceso a determinado contenido, entre otras tropelías.

A la cabeza de estos desarrollos plagados de malware se encuentran los sistemas operativos y, especialmente, Windows. El sistema de Microsoft fisgonea en nuestro sistema y es capaz de introducir modificaciones en él de forma remota... incluso, y como hemos visto con el caso Snowden y la NSA, es capaz de ‘vendernos’ a terceros. La vanagloriada Apple tampoco se libra de ello, pues resulta incluso más autoritaria que el Gigante de Redmond en cuestión de censura de contenido y aplicaciones.

Esta 'plaga' también ha contagiado al software libre, aunque hubo un tiempo en el que no era así. Hubo un tiempo, como se lamenta Stallman, en que en ese ámbito había ética, porque era parte intrínseca de su nacimiento. Eso se acabó. Continuamente vemos versiones ‘privadas’ de Android, pero que no dejan de ‘venderse’ como software libre en los teléfonos Samsung Galaxy, que permiten el acceso remoto a los datos almacenados en el teléfono, software espía en los teléfonos Cisco VoIP TNP, algunos teléfonos Motorola que modifican Android para enviar datos personales a la compañía o, incluso, aplicaciones lectoras de códigos QR que, en realidad, espían al usuario. Uno de los últimos –y más sonados- casos era el de una aplicación de linterna en el móvil -¡qué cosa tan inocente!- que, en realidad, funcionaba como una aplicación espía.

El espionaje ha venido para quedarse aunque en la mayoría de los casos nos lo presenten como una gran ventaja de cara al servicio técnico, bien para reparar el sistema o para mejorarlo con la información que enviamos. Otras veces el argumento es el del toma y daca, una contraprestación para conseguir un servicio.

El coche conectado, por ejemplo. Todas las compañías, incluida Telefónica, que es uno de los grandes impulsadores (imaginen lo que facturará por tráfico de datos), nos hablan de las bonanzas de que el vehículo informe automáticamente de un siniestro o de una avería, remitiendo su localización. Lo que no añaden, es que a partir de cierta fecha, todas las aseguradoras cobrará recargo si ese software no monitoriza todas y cada una de las partes del automóvil, conociendo al detalle todos sus hábitos de conducción.

La solución

Stallman apuesta por tres posibles fórmulas para rebelarse ante esta invasión del malware. En primer lugar y esto nos afecta como individuo, rechazar cualquier tipo de aplicación que realice este tipo de seguimiento... pero claro, para quienes no son especialmente hábiles en materia informática, ¿en qué lugar les deja? En la exclusión tecnológica, porque no existen muchas alternativas que estén a su alcance de conocimiento.

En segundo lugar, y esto salta al plano más colectivo, desarrollar sistemas que sustituyan a los que incorporan malware, que estén libres de rastreo. Este, debería ser quizás el primero punto si no queremos dejar un buen número de damnificados tecnológicos.

Y, en tercer lugar, y éste es probablemente el más imposible, el que viene del sentido más básico de la democracia por el que deberían ser los propios Gobiernos los que se encargaran de no permitir ese rastreo. En lugar de ello, lo promueven.

Un ejemplo de ello han sido las últimas elecciones autonómicas y municipales. Como hemos indicado, Windows es un gran instalador de malware, pese a que en su caso sí existen alternativas Linux que evitan este maltrato al usuario. Pues bien, en lugar de trata de extender la cultura del software libre en la Administración, el Gobierno sigue apoyando al software comercial. El pasado domingo bastaba con pasarse por la web del Ministerio del Interior para ver que, aunque había desarrollado apps para todas las plataformas de móvil para hacer el seguimiento de los resultados en tiempo real, si uno quería bajarse esa misma aplicación para el ordenador tan sólo lo podía hacer para Windows. ¿A qué se debe este diferente rasero?

No es algo excepcional pues el favoritismo hacia la plataforma de Microsoft está continuamente presente en los pliegos de concursos públicos en la Administración. Tampoco es una cosa propia de España, sino que está bastante generalizada en el resto del mundo y eso propicia que, según,una comparativa de estudios del año pasado, la cuota mundial de Linux ronde únicamente un 1%, aunque en España está en el 2,5%. ¿Cómo prosperar si son los propios Gobiernos los mayores prescriptores de software comercial?

Lo que es peor es que las nuevas fuerzas políticas tampoco están por la labor de dar un vuelco a la situación. Hispalinux redactó el año pasado, de cara a las Elecciones Europeas, un Pacto por el Software Libre. Un año después, ¿qué balance hace del mismo? Un fiasco. Según explican sus responsables, aunque “Podemos suscribió el Pacto con rapidez, no ha hecho el menor hueco en su actividad parlamentaria en Europa a este respecto, sin que haya habido una sola iniciativa o pretendido el más mínimo resultado en el Parlamento Europeo”. En cuanto a EQUO, “tampoco en su labor parlamentaria se ha distinguido en este año por iniciativa relevante alguna en el ámbito del software libre”, concluye.

Con estos mimbres, difícilmente escaparemos de las garras del malware.