Estamos acostumbrados a disponer de información y predicciones meteorológicas al alcance de nuestra mano en todo momento. Damos por sentado que en cualquier instante, los 365 días del año, ya sea una gélida Nochebuena o un tórrido 15 de agosto, podemos contar con recibir esos famosos avisos amarillos, naranjas o rojos, que nos prevengan ante todo tipo de fenómenos meteorológicos adversos (tormentas, nevadas, rachas muy fuertes de viento, lluvias torrenciales, etc.) y nos permitan actuar en consonancia, preparándonos para evitar las graves consecuencias que tendrían si nos sorprendieran desprevenidos. Damos todo esto por sentado porque tenemos el privilegio de contar en nuestro país con un Servicio Meteorológico Nacional de calidad, que hemos construido con los impuestos de todas y todos y que toma forma en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un organismo público, robusto e independiente, que cada día vela por nosotras y nosotros atendiendo al objetivo que define su propio estatuto, el de desarrollar, implantar y prestar los servicios meteorológicos de competencia del Estado contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española.

Podría dedicar todo este texto a hablar de las múltiples tareas que realiza AEMET y que aportan un valor insustituible a la sociedad española, desde el mantenimiento de redes de observación y archivos climáticos centenarios hasta la investigación científica, la cooperación internacional o el apoyo técnico a administraciones, sectores estratégicos y fuerzas de seguridad. Pero, por la enorme importancia que tienen para la protección de la vida y los bienes, y por la compleja estructura que se requiere para sostenerlos, quiero poner hoy el foco en la emisión de avisos por fenómenos meteorológicos adversos.

Detrás de cada aviso, que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas ve simplemente como una pequeña zona coloreada en amarillo, naranja o rojo en esa página web de AEMET que no solo es la más visitada de toda la Administración del Estado sino una de las más consultadas de España (con decenas de millones de visitas mensuales según rankings de tráfico), hay mucho más de lo que solemos considerar. Detrás de cada aviso hay una vigilancia continua de la atmósfera con cientos de estaciones meteorológicas de observación terrestre, una red de radares que cubre todo el territorio nacional y múltiples satélites que nos permiten vigilar, también desde el espacio exterior, lo que ocurre en nuestro entorno. Detrás de cada aviso hay modelos numéricos de predicción en permanente actualización, que han sido y siguen siendo desarrollados por científicos y científicas de todo el mundo para lograr mejoras continuas en su descripción y en su poder predictivo de los fenómenos atmosféricos, y que dependen de manera crítica del intercambio internacional de datos y de sistemas de supercomputación de última generación. Detrás de cada aviso hay una intrincada red de gestión y difusión de la información y una abrumadora cantidad de conocimiento científico sobre patrones meteorológicos y cambio climático. Pero, sobre todo, detrás de cada aviso hay un equipo de cientos de profesionales, personal altamente cualificado trabajando 24 horas al día, los 365 días del año. Mantener un sistema de vigilancia y aviso frente a los fenómenos meteorológicos adversos que sea eficaz, resiliente y basado en la mejor evidencia científica disponible no es una tarea automática ni barata: exige inversión sostenida, recursos humanos suficientes y condiciones laborales dignas para quienes tienen la responsabilidad de anticipar riesgos en un contexto de creciente emergencia climática.

Sin embargo, ese elaborado sistema de vigilancia meteorológica y esa capacidad de previsión que la ciudadanía percibe únicamente como un mapa con colores, pero que tiene una importancia capital a la hora de evitar daños personales, económicos y ambientales, se sostiene hoy sobre una estructura cada vez más debilitada. En los últimos 15 años, la Agencia Estatal de Meteorología ha perdido más de 400 profesionales , pasando de más de 1400 personas en plantilla a apenas un millar. No hablamos de un ajuste menor, sino de un recorte del 30%. Se trata de una reducción drástica de personal en un organismo cuya misión exige presencia continua, especialización técnica y experiencia acumulada. Es una absoluta irresponsabilidad tratar de mantener, y mucho menos reforzar, con cada vez menos medios humanos, la capacidad de vigilancia y aviso a la población y a los servicios de protección civil y emergencias en un contexto de aumento sostenido de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos adversos.

La situación de deterioro ha llegado a un punto crítico en el que la continuidad de la prestación de los servicios meteorológicos solo se mantiene gracias a un sobresfuerzo continuado y desmedido por parte de los y las profesionales que conforman AEMET, quienes por su vocación de servicio público han venido compensando las deficiencias estructurales a costa de asumir unas condiciones laborales cada vez más precarias. Finalmente, tras diversos intentos fallidos de buscar soluciones mediante la negociación colectiva, la situación se ha hecho insostenible y el pasado 4 de febrero los sindicatos CSIF, CCOO y UGT emitían un comunicado conjunto en el que denunciaban esta problemática. Además, han anunciado movilizaciones en AEMET a partir del próximo 12 de febrero con el objetivo de exigir al Consejo Rector de la Agencia y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se actúe de manera urgente para revertir la situación crítica que atraviesa el organismo, reclamando no privilegios, sino las condiciones mínimas para que un servicio público esencial pueda seguir funcionando con rigor, independencia y garantías: una oferta de empleo público extraordinaria que permita recuperar plantilla y garantizar la cobertura real de los puestos; una revisión profunda del sistema retributivo, acorde a la responsabilidad, la especialización y la penosidad del trabajo; la reapertura de la negociación sobre horarios especiales sin recortes encubiertos; el mantenimiento efectivo de las medidas de conciliación; la implantación de sistemas transparentes de evaluación y toma de decisiones con participación sindical real; la limitación de la externalización de funciones técnicas y estratégicas; y un refuerzo serio de la prevención de riesgos laborales, especialmente los de carácter psicosocial.

Por desgracia, la situación crítica actual de AEMET no es casual. Responde a una desatención política prolongada y, en algunos casos, a un desprecio explícito. Desde la derecha, el Partido Popular ha coqueteado históricamente con la lógica de la privatización, tratando la meteorología como un servicio susceptible de convertirse en negocio para unos pocos, en lugar de como un pilar de la seguridad pública y, por ello, al igual que con otros servicios públicos, cuando ha gobernado se ha limitado a una inacción plena y al paulatino recorte de los recursos de la Agencia, con el objetivo de promover su deterioro y la progresiva externalización de sus servicios. Desde la ultraderecha de VOX, y buena parte de un PP cada vez más trumpista, se ha promovido abiertamente el negacionismo climático y el ataque sistemático a AEMET, cuestionando su credibilidad científica, señalando a sus profesionales como enemigos ideológicos y promoviendo un odio injustificado a través de mentiras, bulos y desinformación. ¿Y qué se ha hecho frente a esto? Aunque quizás no sorprenda a nadie, el Gobierno del PSOE y su Ministerio para la Transición Ecológica han respondido con una preocupante tibieza, muchos gestos estéticos, respaldo discursivo y presencia mediática, pero sin abordar en ningún momento las reformas estructurales necesarias para blindar recursos, estabilizar plantillas y garantizar que AEMET pueda seguir prestando con plenas garantías un servicio público tan esencial como la vigilancia atmosférica y la emisión de avisos frente a riesgos meteorológicos cada vez más graves.

Reforzar la Agencia Estatal de Meteorología no es una cuestión corporativa ni un debate técnico, sino una decisión política de primer orden. AEMET es una de las primeras y más esenciales líneas de defensa frente a las peores consecuencias del cambio climático, un pilar básico de la seguridad colectiva y de la protección de vidas, bienes y ecosistemas. Frente a la manifiesta hostilidad de la derecha y la ultraderecha, no basta con gestos simbólicos ni con campañas de apoyo retórico que realmente no cambian nada. Blindar AEMET exige medidas reales, estructurales y urgentes: más personal, mejores condiciones laborales, inversión tecnológica sostenida y un compromiso inequívoco con lo público.

En este contexto, es relevante que Podemos y Alianza Verde hayan dado ya el paso de reclamar medidas concretas al Gobierno para mejorar las condiciones de la plantilla y reforzar la capacidad operativa de la Agencia. Pero esta exigencia no puede quedar limitada a una iniciativa parlamentaria aislada. La defensa de AEMET interpela al conjunto de una ciudadanía consciente de la gravedad de la crisis climática y ambiental y de la importancia de los servicios públicos que nos protegen frente a ella. Porque cuando fallen los sistemas de vigilancia, cuando los avisos lleguen tarde o no lleguen, lo que estará en juego no será una página web ni un mapa de colores, será nuestra vida, nuestro bienestar y nuestra seguridad colectiva, y no hay nada más progresista que unos servicios públicos capaces de cuidarnos a todos y todas.