Ayuso y la insolidaridad de los libertinos

España es el segundo país más descentralizado de la Unión Europea tras Alemania, una república federal, aunque el sistema tributario estaría aun más descentralizado en nuestro país, según sostienen algunos estudios sobre cifras macro de la OCDE (2019) con los que discreparon en su momento varios gobiernos autonómicos. La descentralización de la Administración española, en cualquier caso, no se corresponde con las de sus instituciones, ya que la Comunidad Autónoma de Madrid sale ganando al estar la capital en su territorio de 8.030 kilómetros cuadrados. En Alemania, por ejemplo, las instituciones estatales se reparten a lo largo y ancho del país: el Tribunal Constitucional está en Karlsruhe; la Oficina de Patentes y Marcas, en Múnich; la de Administración, en Colonia; la de Impuestos tiene cuatro sedes, la de Migración se encuentra en Nuremberg y los Archivos Federales están en Coblenza.

Mientras comunidades como las dos Castillas, Andalucía o Extremadura sufren un grave problema de despoblación, Madrid concentra en su pequeña extensión a 6,7 millones de habitantes (Eurostat, 2019). En el mismo país con el que al ultranacionalismo español se le llena la boca, Castilla y León, por ejemplo, tiene una superficie de 94.226 kilómetros cuadrados donde viven 2,4 millones de españoles (ídem).

La concentración institucional en un país tan descentralizado como el nuestro tiene sus costes a efectos de cohesión; no es un capricho, es una realidad que la Generalitat Valenciana, por ejemplo, junto a varios expertos, ha puesto sobre la mesa gracias al informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), titulado Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal. Las cifras, solo en número de funcionarios -puestos de trabajo-, son escandalosas, así las recogía El País: "Los empleados del sector público estatal ubicados en Madrid suman 150.000 trabajadores que, con sus familias, representan unas 400.000 personas. Son más funcionarios y empleados públicos estatales que los autónomos que hay en 47 provincias. De los funcionarios que trabajan en Madrid, 37.446 lo hacen en servicios centrales de los ministerios cuando materias como sanidad, educación y servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas. La concentración de unidades de contratación en la capital lleva a que el 60% de los contratos recaigan en empresas de Madrid, porcentaje que alcanza el 64,4% si se considera el importe de los contratos. Y, así, Madrid está 36 puntos por encima de la media en PIB per cápita".

Más allá de los números, además, se instala la pura lógica: ¿Porqué tiene que estar, por ejemplo, el Instituto Social de la Marina o Salvamento Marítimo (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR) ubicados en Madrid cuando esta comunidad no tiene costa? ¿Qué tal trasladarlos a Galicia y Andalucía, respectivamente? ¿Por qué el Instituto Geológico y Minero de España no puede situarse, por ejemplo, en Asturias? ¿Es que Galicia, Andalucía o Asturias no son Estado? ¿Qué les parecería a Feijóo, Moreno Bonilla o Barbón, sus presidentes respectivos? ¿O no son España, como dice Isabel Díaz Ayuso que es Madrid?

La ubicación de las instituciones de la Administración central es un atractivo feroz para la economía, un captador injusto ahora mismo: las grandes empresas, las más altas rentas, quieren estar donde están los poderes del Estado y eso genera una riqueza gratuita a la que el resto de comunidades, Ceuta o Melilla no tienen acceso. ¿Por qué no aplicar a la Administración del Estado el mismo baremo con el que desde hace tiempo los presidentes autonómicos reclaman un sistema de infraestructuras no centralizado, no radial? Un sistema contrario al del AVE, por ejemplo, por el que apostaba José María Aznar en 2000: "Una red ferroviaria de alta velocidad que en diez años situará a todas las capitales de provincia a menos de cuatro horas del centro peninsular".

Este pensamiento recentralizador, con el que el PSOE ha tenido una relación amor-odio desde 1982 en función del secretario general o el líder autonómico socialista que te hablara, no parte del deseo personal de Aznar de llegar en Alta Velocidad a cualquier punto de España, sino de dotar a Madrid de un poder financiero del que no siempre ha dispuesto. "Madrid tiene esqueleto, pero le falta músculo", era una de las frases favoritas del presidente de FAES, en referencia, respectivamente, al poder institucional y a la entonces más comedida economía madrileña. El neoliberalismo salvaje aplicado por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sobre todo y de los que Ayuso es la mejor sucesora, los recortes en servicios públicos, las bajadas de impuestos favoreciendo a las grandes rentas y a las del capital -y no precisamente a las rentas medias del grueso de empleados públicos del Estado concentrados/as-,... han convertido a la ciudad, también, en la capital de la insolidaridad, cuyo libertinaje se dedican a predicar el PP y su ultraescisión Vox disfrazándolo de libertad.

Revertir el ultranacionalismo español con sede en Madrid es una tarea compleja, que no implica ni retirarle la capitalidad ni llevarse las instituciones principales, sino de cohesionar el territorio haciendo presente en todo el país al Estado (y su cultura diversa, que en Madrid pasa muy desapercibida) Las consecuencias de seguir permitiendo este pulso recentralizador de la (ultra)derecha madrileña al Gobierno ya las estamos sufriendo, con territorios y municipios que se sienten completamente excluidos de la Administración central, pero a medio y largo plazo pueden ser demoledoras para toda España. Me resistía a adoptar el recordatorio facilón para nosotras, republicanas, de que fueron los Borbones los que impusieron el modelo recentralizador que importaron de Francia, pero ahí va: con el último Borbón, Felipe VI, en un claro aprieto por la última de nuestras encuestas, tal vez sea el momento de dar forma a un país plurinacional y realmente cohesionado. "Más de mapas que de banderas", como advierte con acierto el presidente valenciano, Ximo Puig.