Es probable que Ayuso no sepa explicarse bien, de ahí que todavía no se haya enterado de que la orden que provocó el desamparo, el abandono y la muerte de más de siete mil ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia venía firmada desde su propio Gobierno. La presidenta suele hacerse un lío en cuanto la dejan suelta del pinganillo donde la llevan atada como un muñeco de ventrílocuo con cordón umbilical incorporado. Entonces va y suelta la primera sandez que se le ocurre, como que no tiene dinero para pagarse un alquiler en Madrid, o que los atascos en la Gran Vía son una seña de identidad de la capital.

Una de sus mejores ocurrencias tuvo lugar cuando propuso una medida de ayuda a las familias numerosas que incluyera también a los concebidos no nacidos. Al preguntarle qué iba a pasar con la ayuda recibida si, por el motivo que fuese, no salía adelante el embarazo, Ayuso respondió con un escueto epigrama que resume su programa político, su filosofía de vida, su día a día y su currículum profesional: "No lo he pensado". Esta línea de encefalograma plano define también su intervención este miércoles en una entrevista en Catalunya Radio. Después de que el periodista le preguntara qué opinaba sobre las prácticas ilegales para desacreditar a líderes independentistas catalanes con Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio del Interior, Ayuso replicó: "Creo que todo lo que sea herramientas por parte del Estado para protegerse me parece bien, y creo que eso cualquier Estado en el mundo lo hace".

En un país donde el aparato del Estado ha utilizado herramientas como las escuchas ilícitas, las mentiras publicadas en prensa, la invención de pruebas policiales falsas, la corrupción, las campañas de desinformación, las torturas, los asesinatos, los enterramientos en cal viva y los GAL, habría que pensarlo un poco antes de hablar. Ayuso tampoco es que lo pensara mucho, la verdad. Ella dice lo primero que se le pasa por la cabeza o lo que le dictan desde el pinganillo, según. La pregunta cae al suelo, completamente indefensa, y la presidenta la patea al primer bote.

Tanto hablar de libertad y resulta que la libertad preconizada por Ayuso era más bien la libertad policial, la omnipotencia del Estado para defender sus miserias y crímenes a cualquier precio, por encima de la ley, la justicia y los mecanismos democráticos más elementales. Se conoce que utilizar las cloacas estatales -armando y promoviendo una pandilla de espías y cuatreros con placa para perseguir a los adversarios políticos- es una herramienta jurídica legal, mientras que la amnistía a los independentistas equivale a un golpe de estado. Por lo demás, en Madrid la libertad individual se reduce a tomar cañas y a hacer cola en los ambulatorios para que te atienda una enfermera. Toma ya.

Puesto que, bajo el mandato de Ayuso, la Comunidad de Madrid es libre de elegir, esta semana se ha anunciado a bombo y platillo la construcción de un circuito de Fórmula 1 que beneficiará a todos los madrileños. Especialmente a Florentino Pérez, a Carlos Slim, a Tomás Olivo y a la empresa Acciona, ya que todos ellos cuentan con jugosas parcelas inmobiliarias en la zona. De todos es sabido la gran afición automovilística del PP en la capital, desde las 42 multas de tráfico de Carromero -más el accidente que le costó la vida a un disidente cubano- a la carrera de coches de Esperanza Aguirre en la Gran Vía después de atropellar a un agente de movilidad. Poco importa que el anterior negocio de los populares con la Fórmula 1 en Valencia se saldara con una deuda de más de 300 millones de euros, porque Ayuso ha asegurado que su proyecto no contará con financiación pública directa. Al día siguiente ya estaban varios trenes del metro de Madrid tapizados con banderitas a cuadros. Probablemente, también lo dijo sin pensar.