Por primera vez en más de tres décadas, Telemadrid no será la responsable de la producción y realización de los actos institucionales de la fiesta del 2 de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso (PP) ha decidido privatizar la retransmisión: la televisión de Madrid excluida del día grande de Madrid. Este movimiento avanza los peligros que acechan a lo público en manos de Ayuso.

Hace 37 años que nació el Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM) y, desde 1989 y como es lógico, ha venido siendo responsable de la retransmisión de los actos del 2 de mayo. Tal y como recuerda el Consejo de Administración de RTVM, así lo refrenda el artículo 19 de su Carta Básica, aprobada por unanimidad de la Asamblea de la Comunidad de Madrid: RTVM "realizará el seguimiento y cobertura informativa de la actividad político-institucional del Gobierno y de la Asamblea de la Comunidad de Madrid" y "prestará especial atención a los actos oficiales más importantes y significativos".

La decisión de Ayuso también vulnera la ley 8/2015 de Radio Televisión Madrid, que en su artículo 2 establece que "la Comunidad de Madrid prestará el servicio público de comunicación audiovisual a través de la empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A.".

El 2 de mayo es el cierre de la campaña electoral y Ayuso quiere tener atado y bien atado qué se retransmitirá y cómo se retransmitirá ese día. Pese a que en su programa electoral la candidata conservadora presume de que "los mejores servicios públicos" son la seña de identidad de Madrid, menoscaba con esta decisión un servicio público como es Telemadrid, que cuenta con la mayor experiencia -más de tres décadas- y los mejores medios en la cobertura de los actos del 2 de mayo. Además, el ente público retransmitía la señal gratuitamente y sin condiciones, de manera que no sólo emitía los actos íntegros para cualquier televisión local o nacional, sino también internacional.

Ayuso no quiere eso. Ayuso no está dispuesta a consentir que sea el criterio periodístico el que guíe la retransmisión y, en su lugar, ha optado por gastar dinero público en empresas privadas a las que poder dictar qué emitir ese día. De este modo mata dos pájaros de un tiro: se adueña de lo público y, de paso, enriquece a sus aliados mediáticos.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid guarda rencor a la cadena pública después de aquella entrevista de Silvia Intxaurrondo en la que perdió los papeles, incapaz de explicar cómo nutriría de profesionales sanitarios las instalaciones del Isabel Zendal. Aquel "esas preguntas no se le hacen a una presidenta autonómica" eran una avance de lo que deparaba a Telemadrid a partir de entonces. Ayuso se negó a atender a la cadena pública en pleno temporal Filomena y no fue hasta que la presión popular fue insoportable cuando aceptó participar en el debate electoral que organizaba el ente.

La noticia no sólo no es anecdótica, sino que sirve de aviso ante lo que le espera a lo público bajo su gestión: el desmantelamiento. Lo hemos venido viendo con la Sanidad Pública ante el azote del coronavirus, sin que ni siquiera haya invertido lo comprometido presupuestariamente antes de la pandemia, pese a la inyección económica desde el Gobierno central.

El PP de Ayuso no cree en lo público, no asume que ella tan solo es gestora y no dueña de esos servicios; no termina de encajar que es empleada pública y no jefa de quienes habitan Madrid. Y esa concepción suya es la que pone en peligro de muerte los servicios públicos, menoscabándolos, tirando a los pies de los caballos a quienes no tienen recursos para optar por otras alternativas. Telemadrid y el modo en que Ayuso priva a l@s madrileñ@s del derecho a la información es la punta de lanza de lo que espera a la Sanidad o la Educación pública, entre otros servicios, tratando de compensar su ineptitud, su verdadera calaña, con censura informativa.