Bajo la toga, el fiscal Castresana no paga la pensión

“Nosotras, colectivas feministas y organizaciones mexicanas de acompañamiento a madres autónomas y a sus hijas e hijos, expresamos nuestra indignación, preocupación y rechazo a la presencia pública en España de Carlos Castresana Fernández, quien presentará su libro este 01 de diciembre en el Instituto Cervantes en Madrid pese a ser un deudor alimentario y tener un expediente abierto por incumplir con sus obligaciones básicas de manutención desde hace más de una década, mismo que obra en juzgados familiares de la ciudad de Monterrey en Nuevo León, México con el número 500/2012.” 

Así arranca el comunicado que hicieron público el pasado día lunes un grupo de colectivas feministas mexicanas a la entrada del Instituto Cervantes de Madrid. El fiscal Castresana, lo que podríamos llamar un prócer internacional de la Justicia, presentaba su nuevo libro, Bajo las togas (Tusquets, 2025). "'Bajo las togas de los juristas… se escondía la daga de los asesinos'. De este modo lapidario concluía la sentencia pronunciada en 1947 en el juicio incoado en Núremberg…”, rezaba el texto de la invitación cursada por el Instituto Cervantes para presentar la publicación. Muy bien traído, sin duda. 

Tengo ante mí las demandas del hijo y la hija del fiscal Carlos Castresana donde denuncia a su padre por no haberse hecho cargo de su manutención ni haber pasado lo que le correspondía como progenitor para los gastos de manutención. El fiscal ha desatendido sus obligaciones legales para con las vidas de su hijo Manuel y su hija María durante más de una década, y así sigue. A lo largo de esos diez años largos, el hombre que los ha desamparado y obligado a su exesposa a cargar sola con los cuidados de los menores, ha ejercido como gran jurista de referencia en diversos ámbitos en España y las Naciones Unidas. En este momento, ejerce de fiscal en el Tribunal de Cuentas español y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur. 

Parece evidente que ha llegado el momento de que la violencia económica contra las mujeres e hijas/os—y esta lo es, sin duda— empape todos los ámbitos de la sociedad, también aquellos donde los hombres de poder se reparten sus honoris causas y sus legiones de honor. Sin embargo, no se trata de una consideración (sólo) ética, sino legal. En España y en México, donde residen sus vástagos, no pasar la pensión de alimentos es un delito. 

Debemos preguntarnos por qué un hombre que debe responder ante los tribunales por un delito continuado está considerado apto para impartir justicia, mediar en conflictos internacionales y ostentar cargos públicos de relevancia dentro del Poder Judicial. Qué viejos mecanismos machistas operan ahí y por qué a día de hoy no se rectifican. Hacernos la siguiente pregunta: ¿es un hombre que abandona a sus vástagos capaz de representar a la Justicia en cualquiera de sus campos? 

El asunto se pone todavía más espinoso cuando nos referimos al ámbito de los Derechos Humanos, en el que Castresana ha ostentado y ostenta diversos cargos de responsabilidad. Cedo en este punto, de nuevo, la voz a las colectivas que se manifestaron esta semana: “En un contexto internacional donde la Agenda de cuidados reconocida por la ONU, CEPAL y diversos organismos europeos, es un pilar fundamental (…), consideramos inadmisible que se otorgue espacio, legitimidad y tribuna a hombres que incumplen sus responsabilidades parentales, mientras miles de mujeres sostienen solas la vida cotidiana y económica de sus hijas e hijos. Pongamos la agenda de derechos al frente y es ahí en donde no podemos separar la vida pública de los actos privados cuando estos dañan a las infancias y adolescencias, reproduciendo desigualdades estructurales.” 

En México, la aprobación de la llamada Ley Sabina dio un paso que debería servir de ejemplo a la Justicia española. Se creó un registro público de deudores alimentarios para que se pueda consultar su información. Se pusieron en marcha diversas restricciones a dichos deudores, como la prohibición de ocupar cargos públicos si se tienen deudas pendientes o la retención de salarios, bienes o cuentas bancarias para cubrir las deudas. De la misma forma, no pueden obtener créditos, tramitar pasaportes o casarse, entre otras limitaciones. En definitiva, una iniciativa que incluye cerca de 40 reformas en códigos civiles y penales en todo el país. 

Es responsabilidad de los medios de comunicación, ya que el Estado español no tiene a bien dar ese paso, informar sobre aquellos hombres que, ejerciendo violencia contra sus familias, ocupan cargos públicos de responsabilidad y tribunas en lo académico, político, jurídico y social. Al menos, mientras algún partido político dé el paso de reclamar, por fin, una “Ley Sabina” en nuestro país.  

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Samuel Martínez

PD: Las firmantes del manifiesto: Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios Colectiva Ley Sabina contra la violencia económica, Colectiva de Madres Libertarias, Colectiva México Justicia para madres e infancias Colectiva Las de Violeta del Estado de Morelos, Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria Colectiva Mujeres México, Colectiva Tribu Noas del Estado de Coahuila, Colectiva Desde Mi Trinchera Autónoma en el Estado de Campeche