El año pasado el Ayuntamiento de Málaga anunciaba el cierre del único albergue municipal para 2025. Las luces de alarma de todas las organizaciones que atienden al sinhogarismo se encendieron, denunciando el grave impacto negativo que tendrá esta medida entre las personas en situación de vulnerabilidad. Nada es casual en la ciudad escaparate del alcalde Francisco de la Torre (PP): el albergue se encuentra en la zona de El Bulto, considerado el primer barrio obrero de Málaga. En ese barrio, el Ayuntamiento planea una macro operación urbanística en la que, cómo no, incluirá una torre de más de 20 plantas de viviendas libres, que superan prácticamente en un centenar a las VPO proyectadas. Las personas pobres no revalorizan el suelo.

Esta misma semana la gerencia de Urbanismo del consistorio malagueño ha publicado la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia que da el pistoletazo de salida para que las inmobiliarias se lancen a por el botín. Se confirman las sospechas de entidades agrupadas en la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, que no han tardado en recordar las denuncias que llevan meses publicando, alertando del desmantelamiento de los servicios sociales municipales.

Desaparecido el albergue para dar paso al ladrillazo, el ayuntamiento procederá a la privatización del servicio, dispersando la atención en tres localizaciones distintas. Los expertos en la materia, de los que parece carecer el consistorio, advierten del grave deterioro en la atención integral a las personas sin hogar que traerá esta privatización. A la pérdida de los empleos actuales se suma que ya no realizarán las intervenciones prolongadas que son precisas en materia de salud mental y reinserción social para las personas sin hogar. El mensaje parece evidente: sobran los y las pobres, que devalúan el precio de las inversiones inmobiliarias.

El clasismo y la aporofobia de la derecha es más que evidente. Lo hemos visto antes en el modo en que en la propia Málaga aísla con el transporte público a los barrios más vulnerables como Palma-Palmilla o Asperones, al más puro estilo de Sevilla con el Polígono Sur. Las personas sin hogar son barridas como basura allí donde pueden afear la imagen de parque temático en que se ha convertido Málaga. Como también sucede en Sevilla, las nuevas ubicaciones privatizadas que en teoría sustituyen al albergue, se encontrarán a buen recaudo del disfrute de turistas, nómadas digitales e inversores.

Este mal que se vive en Andalucía es extensible al resto de España. Ya lo vimos el año pasado en Badalona, donde el popular Xavier García Albiol, que no se caracteriza precisamente por su empatía con migrantes y colectivos en exclusión, cerró el albergue de Can Bofí Vell. En Madrid, donde el consejero Enrique Ossorio no veía pobres, también hace de las suyas el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como descubríamos hace unos días con el ruinoso estado en que se encuentran sus centros de menores. Su colega, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, no lo hace mucho mejor, vistas las denuncias de Nadie Sin Hogar, algo que como alertó STOP Desahucios es más generalizado de lo que pudiera pensarse en otros albergues municipales.

La derecha no desea resolver el problema de la pobreza, sencillamente, la quiere hacer desaparecer de su vista. Esa es la norma general pero, si además interfiere con intereses inmobiliarios como sucede en Málaga, arrasa con todo. El caso más evidente desde hace cuatro años es el que se vive en la Cañada Real Galiana, con privación del suministro de luz por lo que el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, ha condenado a España recientemente. 4.500 personas, de las que 1.800 son menores, ven vulnerados sus derechos recogidos en la Carta Social Europea desde hace más de cuatro años porque representan una piedra en el camino del desarrollo urbanístico.

Una democracia sana y madura ha de levantarse sobre los pilares de una ciudadanía justa, responsable y solidaria. El movimiento no es de arriba a abajo, sino a la inversa; de lo contrario estaríamos construyendo la casa por el tejado. Por este motivo, ninguna sociedad debiera permitir que las élites dejen atrás a los colectivos más vulnerables. No, al menos, sin que ello lleve acarreada un posterior castigo en forma electoral.

El sinhogarismo no se barre, se resuelve con políticas estructurales que eviten que las personas caigan en esta situación de exclusión y con medidas sociales para, en caso de hacerlo, cuidar de ellas hasta que remonten el vuelo. No debiéramos comprar narrativas que se construyen con falsas premisas de seguridad ciudadana y que, en realidad, solo persiguen justificar esta crueldad y brutalidad, este trato despiadado e injusto que la derecha dispensa a las personas más desfavorecidas. Una ciudad que en lugar de invertir en sus habitantes lo hace en ladrillo no es un espacio seguro ni cuenta con dirigentes dignos del servicio público que deben prestar.