Cuando un barrio digno defiende la educación pública

Guillermo Zapata

Concejal-presidente del Distrito de Fuencarral-El Pardo

Un día entraron en una página de Facebook y descubrieron que el colegio de sus hijos, el colegio de sus hijas iba a ser cerrado. Nadie se lo había notificado oficialmente. Lo leyeron en Facebook. Pidieron información a las autoridades competentes, en el centro y en la Consejería de educación de la Comunidad de Madrid. No se la daban. No les dejaban acceder a las reuniones. No había actas formales. Sin embargo, su instituto, el Pérez Galdós, se iba a cerrar.

Les dijeron a los niños y las niñas del Pérez que les dijeran a sus familias que tenían que buscar otro colegio. Que no iban a poder matricularse y que pidieran otro sitio, no fuera a ser que se quedaran sin hueco, porque el Pérez se iba a cerrar. Y que tendrían el colegio que quisieran, todo facilidades.

Salvo que quisieran quedarse en su colegio.

Un paréntesis. Una de las aulas del centro, tal y como nos explicó un padre en el pleno de la Junta de Distrito de Fuencarral es para niños y niñas con trastorno de espectro autista. La rutina, hasta la más mínima, es clave para el cuidado de estos menores. Una rutina imposible cuando, con toda facilidad, te cierran el centro en el que estudias y te obligan a moverte.

Otro paréntesis: la consejería de educación se preocupó de ir tramitando el cierre, trasladando un grado de formación profesional, el TAFAD, el Grado Superior en Animación de Actividades Físicas, con gran demanda, a otro instituto y denegando el bilingüismo, varias veces solicitado por la dirección del Pérez.

Para el gobierno de Cristina Cifuentes, como para el de Esperanza Aguirre, la libertad no incluye nunca la posibilidad de permanecer en el mismo sitio. La libertad es una elección forzosa. En este caso, porque como les dijeron una y otra vez a esas madres y esos padres, el centro tiene pocos alumnos.

Lo cierto es que con los datos en la mano, los que manejan las familias, los que manejamos los grupos políticos, los que nos trasladan otros centros en el distrito de Fuencarral-El Pardo, lo que necesitamos en el distrito son más aulas, no menos.

No importó.

Se presentaron propuestas contra el cierre en el Pleno del Distrito, que fueron aprobadas por mayoría. Se presentaron propuestas contra el cierre en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Se aprobaron, también, por mayoría.

En dicho Pleno yo mismo le indiqué a Begoña Villacís que el único partido que podía modificar esta situación era Ciudadanos, que tenía la llave para que el IES Pérez Galdós no se cerrara. Ciudadanos votó contra el cierre y expresó su compromiso para evitarlo.

Unas semanas después presentó una Proposición No de Ley a la Asamblea. No había ninguna frase que dijera “Que no se cierre el IES Pérez Galdós”. Era, más bien, un catálogo de buenas prácticas para cerrar bien colegios. Una Proposición No de Ley que hasta el PP que iba a cerrar el Pérez Galdós votó a favor.

La política, la que estaba encargada de velar por el derecho a la educación, le dijo a las madres y los padres del Pérez Galdós que hay una voluntad que está por encima de sus necesidades. Esa voluntad política que no tiene nada que ver con las necesidades de los vecinos y las vecinas de un barrio, de un distrito, de una ciudad. Esa voluntad que cree poder cerrar colegios porque tiene una mayoría de votos en una cámara de representantes es lo que llamamos “vieja política”. Esa política lo que le ha dicho a estas familias es que no le importan ni las manifestaciones, los encierros, los posicionamientos de otras instituciones, las recogidas de firmas, etc. Esa vieja política después ha esperado a que pase el temporal y las familias se resignen, se callen, se aguanten.

Lo que sucede es que no lo han hecho.

El lunes, la Asociación por la Transparencia y los Derechos Humanos, a petición del AMPA de centro, ha interpuesto una denuncia contra el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, por un posible delito de prevaricación que expresa bastante bien el desamparo a todos los niveles que han encontrado estas familias. Dicha denuncia solicita, como medida cautelar, que se suspenda el cierre del centro hasta que se resuelva la posible denuncia.

La determinación y el coraje de estas familias, de esta AMPA, de esta comunidad educativa, son un ejemplo de algo que Cifuentes y quienes la apoyan en la Comunidad de Madrid no son capaces de ver: que no vamos a sucumbir ni al cinismo ni a la desesperación.

Estas familias tuvieron la puerta abierta de la Junta de Distrito, del grupo político de Ahora Madrid y del grupo de Podemos de la Comunidad de Madrid desde el primer día y deben saber que seguimos y seguiremos a su lado.

Entendemos que gobernar es eso, escuchar a los vecinos y las vecinas y ponernos cerca para ayudar. No vamos a dejar de hacerlo.

Sería razonable que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid reflexionara y diera marcha atrás en todo esto, que no tuviera que ser un juez, sino alguna expresión de una política digna de tal nombre la que entendiera que estas familias tienen derechos. Dicho así, es bastante sencillo. Estas familias, esta comunidad educativa y este barrio tienen derechos.