En España la separación de poder está tan definida que los jueces son elegidos por la clase política. Podríamos terminar aquí la columna, pero aprovechemos la situación para regodearnos en la hipocresía de todos los actores involucrados, incluidos los jueces, que como muy bien apunta hoy Antón Losada, se dejan politizar cuando les interesa. En mitad de la trifulca, destaca la peligrosa aproximación al asunto por parte del PP, que a estas alturas de legislatura continúa sin encajar su derrota electoral.

Los planes de PSOE y Unidas Podemos para cambiar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es abominable y no debería pasar los filtros de Senado y Congreso bajo ningún concepto. Se han pasado de frenada, porque por mucho que el proceder del PP, con su bloqueo a la renovación desde hace dos años, sea un atentando a nuestro orden constitucional, no se puede responder con niveles de bajeza democrática similares.

A veces sorprende cómo el mismo rey aparca su obligada imparcialidad cuando un pueblo tan sólo quiere votar para decidir y, en cambio, cuando uno de los pilares de la democracia -que no del terruño- es amenazada por un partido como el PP, se esconde en su madriguera. No es lo único que sorprende, porque ¿cómo es posible que los de Pablo Casado hablen de dictadura para referirse al actual Ejecutivo y, al mismo tiempo, quieran sacar del mismo a un partido como Unidas Podemos que ha sido elegido democráticamente?

Dada la expansión de argumentos huecos, muchos de ellos generados y extendidos por la derecha y extrema-derecha de esa España rancia que no nos sacudimos de encima, precisemos la peligrosa comparación en que se podría caer: ¿Por qué la izquierda hablaba de cordón sanitario a Vox y, en cambio, no se ve con buenos ojos hacer lo mismo con Unidas Podemos?

La respuesta es tan obvia que define a quien no la entienda. Donde Vox tiene influencia en los gobiernos autonómicos, hemos visto cómo se ha legislado contra las políticas que enfrentan la violencia de género, se ha criminalizado a la migración, se ha atacado la Memoria Histórica anhelando el franquismo o se ha negado el impacto del cambio climático, entre otras, acciones. Si a este proceder, sumamos los discursos incendierarios de sus líderes, obtenemos un buen cóctel de neofascismo.

Por el contrario, si analizamos la influencia de Unidas Podemos en el actual ejecutivo se pueden destacar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que este mes ya llegará a 400.000 familias, los acuerdos sin precedentes entre patronal y sindicatos en cuestiones como los ERE o la regulación del teletrabajo, la regulación de precios de artículos sanitarios de primera necesidad... Actuaciones que no parecen amenazar la democracia y ni los Derechos Humanos (DDHH), más bien al contrario, parecen acercar el objetivo de la Justicia Social y, quizás, por eso el PP quiere sacar de la ecuación al partido de izquierda.

Mientras, los jueces revelan su calaña, no sólo por el hecho de que son tan independientes que a sabiendas de llevar dos años sin merecerlo en el CGPJ no se ha producido ni una sola dimisión que obligue a desbloquear la situación, sino porque han seguido realizando nombramientos. Se evidencia así cuánto son la voz de su amo y cómo la separación de poderes es ciencia ficción.

Lo más triste de todo este asunto es que esta cuestión no debería suponer un problema, no al menos en mitad de la pandemia que sufrimos y si realmente tenemos la democracia madura de la que presumimos. El otro día, en una tertulia con amigos, uno de ellos me corregía cuando yo decía que esta cagada revela cuán en pañales está nuestra democracia. Él replicaba que no, que sí que es madura... pues quizás, también nuestra democracia se ha pasado de frenada y tan madura ha querido ser que se ha vuelto senil y nos lo hacemos todo encima. ¿Estarán a la altura esta vez jueces y políticos?