La política en nuestro país se ha judicializado. Dada la bajeza moral y profesional de buena parte de nuestra clase política, ésta licua a los juzgados su ineptitud para realizar su labor en las instituciones (Congreso, gobiernos autonómicos, ayuntamientos...). Esto no es lo peor de todo; lo más desesperanzador es evidenciar que en contadas ocasiones se es capaz de callar bocas con la verdad, en lugar de tener que recurrir a argucias judiciales.

Amanecemos esta mañana con una nueva entrega de las informaciones que acorralan aún más al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el caso de supuesto espionaje del CNI a Bárcenas. El iluminado de Las Vegas continúa en su escondrijo, sin arrojar luz sobre este asunto de su etapa como titular de Interior. Ese modo de proceder es el mayor denominador común en nuestra clase política y en la Corona; da igual de izquierdas, de derechas, fascistas o borbones, en esa cuestión todos funcionan igual.

La destrucción de discos duros, la eliminación de documentación en archivadores, la negación de comparecencias en el Congreso o de creación de comisiones de investigación son prácticas comunes. Hace ya un tiempo que se popularizó esa horrorosa expresión que es "zasca", oficializada ya por la RAE; pues bien, no hallarán ni un sólo zasca de ningún partido o polític@ acusad@s en casos de corrupción.

Bien es cierto que están en su derecho, amparándose en la presunción de inocencia, pero ¿acaso no es de una satisfacción supina callar la boca a la parte acusadora, dejándola en evidencia ante la opinión pública? ¿No se extrae un mayor rédito político demostrando de un plumazo la falsedad de las acusaciones y, con ello, la mezquindad de quien miente en un intento por desacreditar al rival político? Por supuesto que sí, pero no sucede nunca.

Esta falta de transparencia, estas reticencias a desnudarse en público no sugiere nada bueno. En el mejor de los casos, tomar ese camino está motivado porque no todo se ha hecho como debiera; en el peor, porque la parte acusadora está en lo cierto. Ningún partido político -y menos la Corona- se han ganado el privilegio de la fe ciega por parte de la ciudadanía; sin embargo, se han hecho acreedores de ello sin merecerlo. Ya sea ante acusaciones de sobornos, de espionaje, de financiación ilegal o de prevaricación, ningún acusado parece estar en condiciones de sacudirse la condena mediática sin atisbos de duda.

Quienes acusan sin fundamento, quienes se dedican a lanzar bulos basados en mentiras y manipulaciones deben ser excluid@s de la vida política. Por su parte, quienes en lugar de recurrir a la verdad únicamente responden al dedo acusador con cacareos o escondiéndose en sus madrigueras, no pueden esperar que parezcan confiables a la ciudadanía.