La Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de una Cartilla COVID-19 o, lo que es lo mismo, el etiquetado de personas vía una suerte de cartilla vacunal en la que quedará reflejado si se ha pasado la enfermedad, se tienen anticuerpos o se cuenta con pruebas PCR negativas. Dicha cartilla será el salvoconducto para acceder a recintos cerrados, desde gimnasios, a cines y, por qué no, supermercados. Se abre la veda a la discriminación institucionalizada.

La llegada del COVID-19 nos ha traído un amplio abanico de discriminaciones o, por ser más precisos, la sociedad ha sacado lo peor de sí estimagtizando a determinados colectivos. En un primer momento se hizo con las personas asiáticas, pasando después al personal sanitario o, incluso, de supermercados por considerar que eran vectores andantes de contagio.

Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se saca de la manga esta Cartilla COVID-19, una ocurrencia más de quien pensó que el nombre del coronavirus hacía referencia a Diciembre de 2019. A priori, dicha cartilla se da de bruces con nuestra normativa de protección de datos y con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor en la Unión Europea (UE) en mayo de 2018. Tal y como detalla la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), "los datos personales relativos a la salud son considerados como datos sensibles, especialmente protegidos, y, tras la publicación del RGPD, como una categoría especial de datos personales".

Esta nueva ayusada no tiene fundamento ni jurídico ni médico. En la primera cuestión vulnera los derechos de privacidad más esenciales y, entroncando con el segundo frente, lo hace además sin una base científica. En un momento en el que todavía se desconoce el comportamiento del coronavirus, no hay certeza de cuánto tiempo permanecen los anticuerpos una vez superada la enfermedad ni si se puede volver a padecer o transmitir... por no hablar del resultado negativo de una PCR, que hoy puede dar negativo y una hora después entrar en contacto con un caso positivo y contagiarse.

Dicho de otro modo, es una cartilla llamada a no nacer, a ser rechazada por la comunidad entera, que reaviva discriminaciones que aún hoy existen, como son las que sufren personas con sida, que continún siendo estigmatizadas en puestos de trabajo o, incluso, en consultas médicas. Resulta bochornoso que una dirigente política patine de este modo, abriendo las puertas de par en par a que los procesos selectivos en empresas exijan esta cartilla o similar. Que alguien pare los pies a la popular, antes de que, además, privatice el uso de estos datos personales a una empresa afín.