La casa del pueblo, pero sin el pueblo

Hoy se celebra la jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados y la afluencia de visitantes ha caído estrepitosamente. Recuerdo años atrás, cuando vivía en las inmediaciones de la Cámara Baja, cómo desde primerísima hora de la mañana las colas de ciudadanos se precipitaban calle abajo, hasta llegar al Paseo del Prado rodeando el museo Thyssen. Daba igual el frío o la lluvia, tal era el deseo de ver el lugar en el que se decidía el destino del país, la bautizada como 'casa del pueblo', que merecía la pena. Ya no. La casa del pueblo ya no es del pueblo.

Esta misma mañana, justo después de recibir a los pocos ciudadanos en las puertas de los leones, el presidente del Congreso, Jesús Posada, nos ha regalado en la televisión del régimen (TVE) una perla que delata el carácter de nuestra actual democracia: "Los ciudadanos influyen en los diputados y eso no puede ser". Hacía referencia Posada a su apoyo a la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara Fernández Díaz en la que se prohíbe el derecho de manifestación del pueblo frente al Parlamento. ¿Y quién sino los ciudadanos tienen derecho legítimo a influir en sus diputados?, me pregunto yo.

Hoy en día, el Congreso es la casa del pueblo, pero sin el pueblo. Así lo demuestra el hecho de que sólo en los primeros 15 meses de legislatura el Gobierno de Rajoy haya aprobado 35 Decretos Ley, frente a los 51 que aprobó la Administración Zapatero en sus ocho años de Gobierno. Y lo que es más sangrante, todos ellos prácticamente inmaculados, es decir, sin apenas enmiendas aceptadas y, de hecho, con un rechazo generalizado por parte del resto de la Cámara Baja.

Dicho de otro modo, el Gobierno ha usurpado una función que no le corresponde, es decir, la de legislar. La única atribución del Ejecutivo es gobernar de acuerdo a las leyes, que se alumbran en el Parlamento. Sin embargo y amparándose en la mayoría absoluta, el Partido Popular (PP) ha anulado por completo la atribución parlamentaria, arrebatándosela a la democracia misma.

Decía Platón que nadie puede ocupar el lugar de las leyes y eso es precisamente lo que han hecho Rajoy y sus secuaces, convirtiéndolas en esclavas de su voluntad -que, en realidad, es la que dictan los mercados-. Aquel 18 de julio de 1936, Franco ocupó el lugar de las leyes; 45 años después, Tejero y el recientemente fallecido general Armada -hombre de confianza del Rey- intentarían hacer lo mismo. Rajoy cierra el ciclo de la derecha, con la diferencia de que en lugar de las armas, ocupa el lugar de las leyes por medio de un programa oculto y amparándose en una mayoría absoluta que jamás votó las medidas que en realidad se han puesto en marcha desde La Moncloa.

"Quien esclavice a las leyes, entregándolas al poder de los hombres, debe ser considerado el enemigo más peligroso de la ciudad", advertía Platón, "y ha de ser eliminado de inmediato". ¿Por qué? Porque de lo contrario, hará legal lo ilegal, criminalizando a los verdaderos demócratas, barnizando de legitimidad a la represión, impartiendo justicia como quien se ceba con la venganza y corrompiendo los pilares más básicos del Estado de Derecho. Y, entonces, sólo nos quedará la desobediencia civil para volver a recuperar la senda de la verdadera democracia.