España necesita unos nuevos presupuestos. Catalunya también. Por una cuestión de pura democracia, no puede permitirse el lujo de prorrograr unas cuentas confeccionadas por la derecha con su carencia del sentido de justicia social, ni golpear a golpe de decreto ley. Las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, son de una verdad aplastante: la "clase trabajadora no tiene la culpa de la política represiva y de excepcionalidad" del PP; "no se merecen seguir pagando los platos rotos".

PDeCAT y ERC tienen motivos sobrados para alzar la voz sobre cómo se ha llevado a cabo la judicialización de la cuestión catalana. Si desde el Ejecutivo de Rajoy se produjeron excesos y atropellos, desde la judicatura también, lo que no quiere decir que Junqueras y compañía se puedan ir de rositas. Desde estas líneas siempre he defendido la desobediencia civil cuando se persiguen causas que un@ considera justas, pero esta acción implica, necesariamente, la asunción de sus repercursiones, legales y morales.

Por este motivo, condicionar la negociación de los presupuestos a que se rompa (aún más) la separación de poderes, con una injerencia del Ejecutivo en el Judicial, es una barbaridad. A ello se suma, además, la irresponsabilidad, como califica Pedro Sánchez, de no querer acabar con los recortes. ¿Acaso PDeCAT y ERC creen que la ciudadanía catalana no está sufriendo también el austericidio y los recortes salvajes al estado del Bienestar asestados por el Partido Popular (PP)? ¿O es que la parálisis en que está sumida la Generalitat, que se mueve únicamente por inercia, ni siquiera les permite ver el sufrimiento de la clase obrera catalana?

En ese sentido, no son mejores que PP o Ciudadanos, cómplices de la miseria que asola España. Todas estas formaciones políticas, con su voto en contra del acuerdo de Presupuestos entre PSOE y Unidos Podemos, niegan un salario mínimo de 900 euros, que ayudaría a salir del hoyo a colectivos vulnerables, como son las mujeres, l@s jóvenes y l@s inmigrantes.

Quienes no dan una oportunidad a estas cuentas, eminentemente sociales, se están posicionando en contra de una mayor justicia fiscal, con ese aumento de impuestos a quienes ganan más de 130.000 euros; dan la espalda a incorporar una perspectiva de género. PP y C's no creen en la igualdad, lo han demostrado con su manera de legislar, con el modo en que se han reducido las partidas y cómo, cuando consiguió aprobarse el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo abandonaran a su suerte sin consignación presupuestaria.

Mientras los sectores más conservadores despliegan toda suerte de mentiras sobre este acuerdo de Presupuestos (fácilmente rebatibles con datos objetivos), los independentistas catalanes tienen en su mano corregir la deriva social en que la derecha sumió al país... también a su deseada república catalana. De cara a la ciudadanía, a esa parte de la clase trabajadora que aún duda, que presta atención a los cantos de sirena de PP Y C's, quizás deberían hacer la siguiente reflexión: "Si con las cuentas de Rajoy durante todos estos años hoy vivo peor que hace una década, ¿por qué no dar la oportunidad a unas cuentas nuevas?".