La CEOE ante el problema de la vivienda

Pareciera que el interés de la CEOE sobre los temas de vivienda es grande, a juzgar por las altisonantes declaraciones de su presidente, el señor Garamendi, criticando al decreto Maricarmen, o pontificando sobre la presunta ilegalidad de la huelga general del 11 de noviembre, una protesta social que vincula los bajos salarios de los trabajadores en España con el elevado precio del alquiler y compra de viviendas.

Sin embargo, no resulta fácil encontrar las medidas que la patronal ha propuesto sobre el problema de la vivienda, hay que bucear en su página web, y digo bucear porque el ultimo documento elaborado por la CEOE “La Vivienda en España: Propuestas de mejora” está fechado hace la friolera siete años, el 9 de octubre de 2019. 

Resulta curioso que en estos últimos siete años a la patronal española el tema de la vivienda, y particularmente las dificultades de acceso de los jóvenes trabajadores a la misma, no le haya merecido ninguna atención. Y ello a pesar de que en la CEOE hay constituida formalmente una Comisión de Vivienda y Urbanismo cuyo cometido y plan de acción son:

“Análisis y debate de las principales cuestiones de interés de las asociaciones y empresas vinculadas con el sector inmobiliario y el urbanismo, elaborando propuestas de mejora ante las autoridades correspondientes. Especial seguimiento de las políticas, nacionales y comunitarias, sobre vivienda asequible, rehabilitación de edificaciones y regeneración urbana”.

“Análisis y propuestas sobre la problemática del acceso a la vivienda de los jóvenes, la rehabilitación y la regeneración urbana, la formación y la falta de personal cualificado en el sector (…) Elaboración de documentos de posición sobre los asuntos de especial relevancia e interés para el sector”.

Siete años, y tan solo un documento de análisis y propuestas, no parece una productividad muy elevada la de la CEOE en esta cuestión de gran relevancia social.

Entrando ya en los contenidos del extenso documento mencionado, lo primero que sorprende es que solo en dos ocasiones la patronal se refiera a la vivienda como un bien de primera necesidad, y en una de ellas para reclamar una importante reducción fiscal de la vivienda:

“Esta presión fiscal resulta muy elevada para un bien de primera necesidad, por lo que resulta imprescindible su reducción”.

En la mayor parte de las propuestas de la CEOE lo que subyace es la consideración de la vivienda como un bien de inversión, es decir, como un negocio puro y duro, eso sí, que si se financia con fondos públicos, como en el caso de la vivienda social, mucho mejor. Y ello a pesar de que en el mismo documento se propone una reducción de los ingresos públicos.

Para la CEOE no hay ninguna contradicción entre exigir un mayor presupuesto público para inversión en vivienda y, unos párrafos más abajo, pedir que se reduzcan los ingresos fiscales del Estado.

En relación a las cuestiones fiscales, resulta curiosa la falta de memoria de la CEOE. En las propuestas elaboradas hace siete años se dice que “no se comparten cualesquiera medidas de naturaleza expropiatoria, de control de precios o relativas a la imposición de sanciones a viviendas vacías”.

Sin embargo, conviene recordar que entre las recomendaciones del Informe “La emancipación de los jóvenes y la situación de la vivienda en España” del 23 de octubre de 2002, que los representantes de la CEOE aprobaron, junto al resto de miembros del Consejo Económico y Social (CES), se hacía esta propuesta:

“Una forma de potenciar su utilización [del parque residencial desocupado] pasa por la utilización de instrumentos fiscales adecuados, que desincentiven la permanencia en el tiempo de viviendas desocupadas que no presenten ningún uso”. 

Es decir, en román paladino, que se subieran los impuestos a los propietarios de viviendas vacías que no las pusieran en alquiler.

Resulta muy preocupante el cambio de posición de la CEOE en estas últimas dos décadas sobre la situación del parque residencial desocupado, ya que se ha producido de forma paralela al deterioro de la grave problemática de acceso a la vivienda, que afecta ya a millones de españolas y españoles. Así como el olvido que durante los últimos siete años ha tenido a la hora de hacer propuestas sobre esta importante cuestión, como si nada estuviera pasando.

Aunque hay que reconocer que hay un punto en el que la posición de la patronal ha permanecido invariable desde siempre, en su rechazo radical a que se pongan topes de precios al alquiler. No obstante, resulta muy curiosa la argumentación que la CEOE utiliza para criticar el “establecimiento de precios de referencia del alquiler o cualesquiera limitaciones de precios”, ya que según esta organización empresarial esas medidas serían “contrarias a la ley de la oferta y la demanda”.

Como si no fuera precisamente la ley de oferta y demanda, es decir, la falta de una adecuada regulación en intervención pública, la que está ahondando la brecha entre quienes pueden acceder a una vivienda en el mercado llamado libre - libre tan solo para quienes tienen una renta suficiente para pagar esos exorbitados precios - y los millones de personas que quedan excluidas y sin derecho a una vivienda digna. Esta argumentación evidencia que la organización que representa a los empresarios en España no considera realmente que la vivienda sea un derecho.

Y esta posición llama más la atención cuando en el mencionado informe del CES de 2002, empresarios, sindicatos y expertos se pusieron de acuerdo a la hora de determinar que la principal causa del desmedido incremento del precio de la vivienda eran las habituales prácticas especulativas que se producían en el mercado del suelo urbanizable hace ya más de dos décadas:

“Entre ellas [las causas del continuo incremento del precio de la vivienda] cabe destacar en primer lugar, el suelo. El precio de la vivienda está, hoy por hoy, especialmente ligado al suelo, más que otros factores vinculados con la construcción propiamente dicha (materiales y mano de obra) y a los relativos a la promoción inmobiliaria. El mercado del suelo no opera en un mercado competitivo (…) Ello determina que el coste del suelo en cada momento tenga una incidencia directa y prolongada sobre los precios de la vivienda”.

Y tras ese acertado análisis hicieron una adecuada recomendación:

“La colaboración de las Administraciones Públicas para evitar la retención de los procesos de urbanización e impedir practicas especulativas (…)”.

Resulta evidente que, desde hace varias décadas, el mercado del suelo urbanizable de gran parte de nuestras ciudades se ha venido conformando como un oligopolio en el cual intervienen muy pocos agentes. Los principales tenedores de suelo urbanizable son unas pocas empresas, varias de ellas vinculadas a los mayores bancos españoles (Banco Santander y Caixabank) y a importantes fondos de inversión estadounidenses (Blackstone y Cerberus). Además, son esas mismas empresas las que también están operando especulativamente el mercado del alquiler: 13 grandes tenedores, encabezados por los ya mencionados bancos y fondos de inversión, detentan la propiedad de cerca de 100.000 viviendas en alquiler en nuestro país.

Es muy posible que la posición de la CEOE sobre el tema de la vivienda tenga bastante que ver con el hecho de que esta organización recoge en su seno a las principales inmobiliarias y constructoras de nuestro país, así como a las mencionadas empresas financieras dedicadas a la especulación inmobiliaria.

No hay que olvidar que el negocio es el negocio, según la consultora CBRE España lidera en 2026 el ranking como país más atractivo de Europa para la inversión inmobiliaria. Por tanto, las escasas e interesadas menciones de la CEOE al “derecho constitucional a disfrutar de una vivienda” y a su consideración como “bien de primera necesidad” no pasan de ser meros ejercicios retóricos para la galería, ignorando las causas reales del profundo deterioro del acceso de la vivienda que sufren millones de personas en nuestro país, incluso en una etapa de fuerte crecimiento económico. Y la consiguiente necesidad de una adecuada regulación e intervención pública para hacer efectivo “el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” que recoge el artículo 47 de nuestra Constitución.