Opinión
Ceuta como laboratorio de impunidad de la UE
Las declaraciones realizadas ayer por Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea para Asuntos de Interior, son de una gravedad extraordinaria.
Lammert sostuvo que espera que todas las personas que permanezcan irregularmente en Ceuta sean retornadas, incluyendo a los niños y niñas no acompañados y, por tanto, también a personas susceptibles de necesitar protección internacional.
Esto es gravísimo. Y lo es precisamente porque viene de un representante de la Unión Europea. No estamos hablando de un dirigente de la extrema derecha, de un agitador ni de un tertuliano. Estamos hablando del representante de una institución que tiene entre sus responsabilidades velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión.
Por eso resulta tan preocupante que, en mitad de una crisis humanitaria y geopolítica, Bruselas no esté poniendo en el centro la protección de las personas, sino que esté presionando políticamente a España para que active una maquinaria de expulsiones masivas, aun a riesgo de incumplir el marco normativo internacional, y con la amenaza velada de condicionar su ayuda a que estas expulsiones se produzcan.
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Llevamos veinte días de crisis en Ceuta. Veinte días con miles de personas atrapadas en una situación de enorme vulnerabilidad. Veinte días con niñas y niños que necesitan protección. Veinte días con personas que pueden necesitar protección internacional. Veinte días en los que la ciudad ha tenido que afrontar una situación que desborda por completo sus capacidades.
Es inaceptable que la Comisión Europea, en lugar de situarse en primera línea ofreciendo toda la colaboración necesaria para garantizar la protección de personas atrapadas en una situación de emergencia humanitaria, se dedique a ejercer presión política para que España incumpla la normativa internacional y satisfacer así a los Estados miembros gobernados por las derechas ultras que, desde el primer día, liderados por Meloni, han hecho todo lo posible para atacar al Gobierno progresista de España.
Y esto es especialmente grave cuando entre esas personas hay niñas y niños.
No existe un derecho automático a expulsar a un menor por el simple hecho de encontrarse en situación irregular. Las Directivas europeas establecen garantías específicas para estos casos y obliga a tener en cuenta el interés superior del menor y el principio de no devolución.
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece, además, que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las actuaciones que le afecten.
Por otro lado, la Carta reconoce el derecho de asilo dentro del respeto de la Convención de Ginebra y su Protocolo, y prohíbe las expulsiones colectivas, estableciendo que ninguna persona podrá ser devuelta a un Estado cuando exista un riesgo grave para su integridad.
Por tanto, hablar de expulsiones como si estuviéramos ante una consecuencia automática de la situación administrativa de las personas que están en Ceuta supone esconder precisamente aquello que debería estar en el centro del debate: las garantías jurídicas que deben cumplirse antes de adoptar cualquier decisión que afecte a sus derechos fundamentales.
España, además, ya tiene un precedente que debería hacernos extremar las cautelas. En enero de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos realizadas en agosto de 2021 fueron ilegales porque no se siguió el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería.
No estamos, por tanto, ante una discusión teórica. Ya sabemos qué ocurre cuando, en nombre de una situación excepcional, las instituciones intentan acelerar procedimientos y situar la urgencia política por encima de las garantías. Y sabemos también que son las organizaciones sociales, las ONG y las defensoras de derechos humanos quienes muchas veces tienen que acudir a los tribunales para que estos terminen recordando algo tan elemental como que los derechos no desaparecen cuando una frontera entra en crisis.
Por eso las declaraciones del representante de la Comisión Europea son tan graves: porque suponen una presión política sobre España para que convierta las expulsiones en la respuesta central a una crisis en la que existen obligaciones jurídicas mucho más amplias.
La Comisión Europea no puede incentivar a España a incumplir el Derecho internacional. No puede empujar políticamente a un Estado miembro hacia actuaciones que puedan vulnerar el derecho de asilo, el principio de no devolución, la prohibición de expulsiones colectivas o las obligaciones específicas de protección de los menores. Y mucho menos puede hacerlo mediante la amenaza velada de condicionar la ayuda a Ceuta al cumplimiento de estas medidas.
El Derecho internacional y los tratados no son declaraciones de buenas intenciones que se cumplen cuando las circunstancias son favorables y se incumplen cuando una frontera está bajo presión. Precisamente existen para poner límites al poder cuando hacerlo resulta difícil.
Después de veinte días, la Unión Europea debería estar pensando en cómo reforzar los dispositivos de acogida, cómo apoyar a los servicios de protección de menores y cómo garantizar que las personas que lo necesiten tengan un acceso efectivo al procedimiento de protección internacional.
¿Dónde está la respuesta humanitaria europea? Porque la crisis humanitaria que está atravesando Ceuta no puede convertirse en una oportunidad para rebajar las garantías jurídicas y, mucho menos, para construir la idea de que, cuando una frontera está bajo presión, los derechos pasan a un segundo plano y pueden obviarse con total impunidad.
Como ya sabemos, lo ocurrido en Ceuta no ha sido una crisis migratoria al uso. Ha sido una crisis geopolítica. Marruecos ocupa un papel central en ella y resulta imposible analizar lo sucedido al margen de las relaciones estratégicas de Rabat con la internacional del odio liderada por Estados Unidos e Israel y del nuevo orden mundial que está configurando un nuevo escenario de poder en el Mediterráneo y el norte de África.
La movilidad humana está siendo instrumentalizada como herramienta de presión entre Estados, fruto también de las erráticas políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea. Pero las personas que terminan atrapadas en esas disputas, perfiles altamente vulnerables entre los que hay niños y niñas, no pueden acabar siendo criminalizadas ni convertidas en responsables de esta temeraria estrategia geopolítica.
Las derechas ultras llevan años intentando transformar la política migratoria de la Unión mediante necropolíticas vinculadas al negocio de las fronteras y de la seguridad. Quieren una Europa blindada, con menos asilo, más expulsiones y menos derechos para todas y todos, incluidos los propios ciudadanos y ciudadanas europeos.
La crisis de Ceuta está siendo utilizada por los gobiernos antiinmigración como la oportunidad perfecta para atacar al Gobierno progresista de España. Pero lo más preocupante es comprobar cómo Bruselas está siendo arrastrada por la agenda de las derechas ultras.
Ceuta puede convertirse en un territorio de ensayo para comprobar hasta dónde puede llegar Europa en la erosión de sus propias garantías cuando existe suficiente presión política: hasta dónde puede restringirse el acceso efectivo al asilo, cuánto puede debilitarse la protección de los menores, cuánto puede externalizarse la responsabilidad hacia Marruecos y cuánto puede presionarse a un Estado miembro para que adopte medidas que puedan entrar en conflicto con sus obligaciones internacionales.
De este modo, la Comisión puede contribuir a construir un imaginario colectivo que termine legitimando un estado de excepción, asentando políticamente la idea de que una situación extraordinaria permite aplicar las obligaciones de una manera diferente.
Primero se presenta la crisis como excepcional, después se reclama una respuesta extraordinaria y, finalmente, se empieza a aceptar que determinadas garantías son incompatibles con la necesidad de actuar rápidamente.
El problema es que así es como la excepción acaba convirtiéndose en norma. Ya lo describía con todo detalle Naomi Klein en ‘La doctrina del shock".
Lo estamos viendo en Gaza, donde se ha normalizado un genocidio mientras asistimos a una preocupante normalización de la impunidad y las instituciones internacionales encuentran cada vez más dificultades para hacer valer las reglas de las que nos dotamos tras la Segunda Guerra Mundial como base de un orden internacional común.
Por eso las declaraciones de la Comisión Europea sobre Ceuta son tan preocupantes. Llegan en un momento en el que el Derecho internacional está siendo sometido a una presión enorme y, en lugar de reforzar la idea de que los derechos son un límite que ningún Estado puede cruzar cuando una situación se complica, Bruselas está empujando a España hacia su incumplimiento y trasladando la lógica de la excepcionalidad a una frontera europea.
Ceuta puede convertirse en el laboratorio donde se ensaye esa impunidad dentro de Europa.
Lo que está en juego no es solamente la respuesta a una crisis concreta, sino qué modelo de Europa estamos construyendo cuando una frontera entra en crisis. Una Europa en la que el Derecho internacional sigue siendo un límite al poder o una Europa en la que cada nueva emergencia sirve para decidir qué derechos estamos dispuestos a sacrificar.
El Gobierno de España tiene que ser firme. Muy firme. No puede dejarse arrastrar por las presiones de Bruselas, de las derechas españolas y europeas, ni de Marruecos y sus aliados. Tiene que defender el Derecho internacional precisamente cuando más presión existe para ignorarlo y dejar claro que los derechos de las personas no pueden convertirse en moneda de cambio de una disputa geopolítica.
España no puede permitir que Ceuta se transforme en un campo de pruebas para una nueva política europea de fronteras basada en la excepcionalidad. Tampoco puede asumir como inevitable que, para gestionar una crisis, haya que empezar por recortar derechos.
Ceuta no puede ser el laboratorio de la impunidad. No puede ser el lugar donde Europa ensaye hasta dónde puede vaciar de contenido el derecho de asilo, la protección de los menores y el principio de no devolución.
Y España no puede colaborar en ese experimento.
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