Hace muchos años, un amigo del barrio me relató el robo de una motocicleta en unos grandes almacenes. Fue una operación limpia, sin violencia, sin intimidación. La clave del éxito fue el descaro, la desfachatez y desparpajo con que los dos ladrones se hicieron con el botín. A plena luz del día, ante la mirada, a veces distraída y otras más atenta, de clientes, dependientes y personal de seguridad, los cacos disfrazados de operarios de los grandes almacenes desanclaron la motocicleta, la llevaron al montacargas y se la llevaron. Sin más.

Pareciera que cuanto mayor sea el descaro, cuanto más a la vista se cometan las tropelías, menores serán las probabilidades de ser pescado. Eso es lo que se desprende del hallazgo de los nuevos papeles de los ERE de Andalucía que la Junta dice haber encontrado. A falta de que la Justicia se pronuncie al respecto, no deja de sorprender la noticia: ¿Cómo es posible que haya tenido que pasar un año para que "el Gobierno del cambio" del PP y Cs (apoyados por Vox) haya comprobado el contenido de tres cajas fuertes de un metro de altura cada una de ellas? ¿Es que durante más de un año a nadie le dio por preguntarse qué contenían esas cajas? ¿Estuvieron siempre allí los documentos que datan de hace 21 años? Más allá de la gravedad de los hechos, el hallazgo en sí parece extraído de un tebeo de Mortadelo y Filemón.

Si viajamos hasta Madrid, la cláusula del 1% con que supuestamente Esperanza Aguirre financió sus campañas electorales no se queda atrás. Hasta 167 nuevos contratos de adjudicaciones durante su mandato, entre 2009 y 2013, podrían contener esta cláusula que, en principio, iba destinada a publicitar las obras pero que, en realidad, parece que financiaban ilegalmente las campañas del PP con más de 3 millones de euros. Uno se pregunta a qué se dedicaba la oposición entonces; ¿cómo era la fiscalización que se realizaban de este tipo de concesiones?

La lista de delitos cometidos con el mayor descaro por quienes se mueven en las esferas de poder parece interminable. En ese sentido, los testaferros dan mucho juego, casi tanto como el falseo de facturas o las sociedades pantalla. ¿Acaso no recuerdan cómo Urdangarín y la infanta contrataron a su servicio doméstico a través de la empresa de consultoría Aizoon, o cómo le cargaron todo tipo de facturas?

En este país, pillan antes a un pobre autónomo que olvida declarar el IVA de un par de facturas que a quien desfalca millones de euros a las arcas públicas. Esa es la sensación predominante en la clase trabajadora, esos millones de personas (el 48%) que, según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores, cuenta con menos de un 20% de su salario mensual tras pagar las facturas para llegar a fin de mes... Esa es la sensación en las personas que llevaban alguno de los 23 pequeños comercios que cierran al día en España, según el último informe de ATA, o aquellos que hoy, pese a las advertencias previas, se sienten estafados al saber que sólo 1 de cada 10 productos estuvieron realmente rebajados en el Black Friday. ¿Cuándo nos quitaremos de encima esta angustiosa sensación de que nos roban a manos llenas?