Opinión
Las cicatrices de la vivienda, una falla democrática
Por Ramón González Monroy
Secretario General de la Federación de Servicios de CCOO
Hay momentos en los que la actualidad parece devorarlo todo. El shock producido por el desahucio de Mari Carmen Abascal ha acelerado la explosión social ante las dificultades de acceso a la vivienda. El decaimiento de los dos decretos sobre esta materia en una votación parlamentaria que mostró una mayoría que no defiende el interés general, sino intereses ligados al rentismo inmobiliario, desembocó en la convocatoria de elecciones y en el llamamiento a la huelga general del 11N, bajo el lema "Salarios. Vivienda. Precios".
En este contexto, hay maquinarias reaccionarias, especialmente mediáticas, que han afilado sus frentes de ataque para devaluar y ningunear la respuesta social. Cuestionan desde la "santidad" del símbolo de Mari Carmen Abascal, a la que presentaron como una "binguera vividora", hasta la mayor o menor afiliación de los sindicatos de inquilinos e inquilinas y, por supuesto, a uno de sus adversarios favoritos, el sindicalismo de clase, representado por CCOO y UGT, al que acusan de oportunismo político.
A todos los agentes de este discurso, que tanto blanden la Constitución, les cuesta pasar, en su lectura, del artículo 2. Difícilmente llegan al artículo 7, sobre el papel constitucional de los sindicatos, y mucho menos al 28, que reconoce el derecho de huelga, o al 47, sobre el derecho a la vivienda.
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Los problemas de acceso a la vivienda se han agudizado desde la crisis hipotecaria de 2008 hasta la crisis integral y arrendataria que vivimos en nuestros días. Pero, sea cual sea su forma y origen, todo remite a lo mismo: la vivienda como drenador de rentas y salarios, en su vertiente laboral y ciudadana, y como actividad especulativa, rentista y extractivista, en su vertiente de mercado. En España, esta situación se agrava por unas políticas de vivienda erráticas, cuando no inexistentes, y por la presión del turismo, con más de 100 millones de visitantes anuales y especial impacto en zonas tensionadas.
Hablar de vivienda es hablar de salarios, de su suficiencia. Ya antes de la Guerra de Secesión estadounidense, los estados esclavistas del sur recordaban a los industriales del norte que un trabajo asalariado incapaz de cubrir la manutención y el alojamiento, que ellos sí debían garantizar en sus plantaciones, llevaría a graves problemas sociales.
Es curioso ver quién intenta hoy disociar la vivienda del salario, como si no fuera una necesidad básica y un elemento imprescindible para la cohesión social y la calidad democrática. ¿De qué sirve un salario que no da para cubrir las necesidades básicas: vivienda y comida? Sin esta cobertura no hay ciudadanía posible ni elección personal libre.
La vivienda se ha convertido en un factor de desigualdad y de riesgo vital transversal. La necesidad de más de una persona con ingresos por domicilio para soportar los gastos condiciona decisiones vitales, especialmente en casos de ruptura de convivencia, y expone a situaciones de riesgo por falta de capacidad económica.
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Se estima que en una década un tercio de los hogares españoles serán monoparentales o unipersonales. Mientras tanto, jóvenes y migrantes encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda digna por sí solos, viéndose obligados a compartirla con otras unidades de convivencia. Y esa situación es un perfecto disolvente social por la frustración y falta de expectativas de futuro que genera y que está en la base del despertar movilizador de los más jóvenes en países como España, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania y, especialmente, Francia.
En el diagnóstico del "drenado de rentas" coinciden hasta las organizaciones patronales, especialmente las comerciales, que reconocen que los costes exacerbados de la vivienda extraen recursos para otras necesidades vitales y de ocio, amenazando su actividad. Nada nuevo. Bien saben los teóricos del liberalismo económico que el rentismo parasita y carcome la economía, desincentivando la inversión productiva e innovadora, y es una fuente de desigualdad extrema y conflictividad social.
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No hay que escarbar mucho para comprobar que estas semanas de shock han situado en el centro del debate público la vivienda y las condiciones materiales de vida. El salario y su suficiencia cobran protagonismo, con un factor adicional: la tercera ola inflacionaria en cinco años. En España, con un IPC cercano al 5 % se abre un escenario que amenaza seriamente el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Una situación que contrasta con la acumulación de beneficios en sectores como el energético y el bancario.
Por todo ello, es imprescindible e inaplazable demandar a CEOE que vuelva a la mesa de negociación con UGT y CCOO para alcanzar un nuevo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva que facilite el desbloqueo de multitud de convenios colectivos. Miles de personas trabajadoras mantienen sus salarios congelados en un contexto extremo de precios.
Este giro del debate público hacia cuestiones sociales cobra especial relevancia ante nuevas amenazas de pérdida de derechos que reafirman la oportunidad de la huelga general del 11 de noviembre, como ejercicio de expresión democrática. La política debe estar orientada a la defensa del interés general y el bien común. Sobre ello, la ciudadanía tiene la palabra y la decisión, mediante el ejercicio de la huelga y el voto en noviembre.
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