El Gobierno de coalición progresista está empeñado en un proceso de reformas sociales y económicas positivas para las mayorías sociales y, en particular, para los sectores más vulnerables, a diferencia de las estrategias regresivas aplicadas en la anterior crisis socioeconómica. No hace falta detallarlas. Junto con una política presupuestaria más expansiva, reforzada por los fondos europeos, y la mejora del empleo, con más de veinte millones de personas ocupadas y una cifra récord de la afiliación a la Seguridad Social, se pueden citar tres grandes iniciativas: la protección pública a través de los ERTEs frente a la reducción de la actividad económica y el empleo derivada de la crisis económico-sanitaria; la reforma laboral para rebajar la extensa, prolongada y grave temporalidad, y los paquetes de medidas fiscales y regulatorias para disminuir el incremento de precios y las dificultades empresariales.

Desde el verano han ido acompañadas de una retórica gubernamental de izquierdas, de confrontación abierta con el modelo regresivo de las derechas basado en la rebaja de impuestos y la correspondiente disminución de la inversión pública y la protección social, así como de algunas medidas significativas como la mayor carga impositiva a las grandes empresas financieras y energéticas o la intervención reguladora, con el permiso europeo, en el mercado del gas para contener la inflación.

Esta gestión socioeconómica gubernamental se presenta como el principal balance positivo con el que se pretende activar y ampliar la base social progresista y garantizar la victoria electoral, especialmente, en las elecciones generales de fin de año. El conjunto de esas medidas, según los estudios demoscópicos, son apoyadas por la mayoría de la población; no obstante, sus resultados en términos de credibilidad política y confianza popular y, por tanto, de garantía de avance electoral y continuidad de la gobernabilidad de progreso está por ventilar.

La pugna por el relato sobre la situación socioeconómica y laboral de la sociedad es fundamental. La preocupación social principal afecta a este campo. La cuestión no es solo analítica sino, sobre todo, de legitimación de la gestión política, fundamentalmente entre el Gobierno de coalición progresista, con sus socios parlamentarios, y la oposición de derechas. A ella se añade, la segunda preocupación ciudadana que es, precisamente, la desconfianza en las instituciones, el Gobierno y la clase política, vistas por una parte significativa de la población como problema y no como solución.

Por tanto, la disputa política y mediática tiene que ver con la legitimidad de esos dos bloques y sus estrategias para encarar esos problemas socioeconómicos y democráticos, y, en este año electoral, reforzar sus apoyos sociales y electorales para consolidar su estatus de poder y de gestión. Más allá del rechazo a la estrategia neoliberal y reaccionaria de las derechas, conviene explicar los límites e insuficiencias de esa política reformadora y la necesidad de afianzar una estrategia transformadora de mayor alcance, un reformismo fuerte con mayor apoyo popular que permita revalidar una senda de progreso.

Doble problemática: socioeconómica y político-institucional

Interesa partir del máximo realismo en el diagnóstico de las percepciones de la población para evaluar las prioridades político-institucionales. Entre diferentes estudios demoscópicos cuento con las recientes encuestas de la consultora 40dB o el propio CIS. En la primera, de diciembre, aparecen en primer plano los seis grandes problemas que le 'preocupan mucho o bastante' a la población: la inflación y el coste de la vida (95,5%); la dependencia energética (88,3%); la desigualdad social y la pobreza (87,3%); el paro (82,3%); el cambio climático (81,7%), y la guerra en Ucrania (80,7%); y, a más distancia, la inmigración (58,4%).

Respecto de los datos del último Barómetro del CIS, de diciembre, he acumulado las ocho respuestas más relevantes sobre los tres principales problemas existentes en España -expresados en porcentaje- en dos campos principales: en primer lugar, los problemas socioeconómicos y laborales (32,8%): problemas económicos, paro, precariedad del empleo, sanidad y desigualdades sociales (incluida la de clase y la de género); en segundo lugar, prácticamente la mitad, los problemas político-institucionales (16,8%): Los problemas políticos en general, El mal comportamiento de los/as políticos/as, El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as. En este caso, evidentemente, los objetos del descontento y la exigencia de responsabilidades se confrontan entre ambos bloques político-ideológicos: izquierda y derecha.

Después de esos problemas más significativos figuran más de otras cincuenta cuestiones específicas priorizadas por menos del 3% de la población cada una de ellas como la educación, la crisis de valores, el racismo, la inmigración, la guerra de Ucrania y Rusia, los nacionalismos, la Monarquía, la violencia de género, el cambio climático o la España vaciada. Ello, por supuesto, no significa que en determinadas coyunturas y situaciones no pasen a un superior plano de la preocupación social. Salvando algunos temas culturales y otros como los nacionalismos (españolista y periféricos) que afecta a varios ámbitos a la vez, casi todas ellos se pueden englobar en los dos campos antedichos, convertidos en mayoritarios, y que son claves para las relaciones sociales igualitarias y el bienestar social, así como para la calidad democrática y una gobernabilidad progresista.

Comienza un año eminentemente electoral donde se van a confrontar la gestión político-institucional, las alternativas programáticas y, sobre todo, la credibilidad transformadora de los grupos y bloques políticos para garantizar a la mayoría social el correspondiente contrato social y electoral que permita superar esas problemáticas y consolidar una dinámica de seguridad y avance social y democrático. Dejo aparte los tres importantes temas políticos de la articulación territorial y el modelo de Estado, con el conflicto en Catalunya, la democratización institucional, empezando por el poder judicial, y las relaciones europeas e internacionales en el actual contexto geopolítico.

Me centro en el tema socioeconómico y su gestión institucional, con su correspondencia para la legitimación pública de los actores políticos y sociales. Lejos del catastrofismo de la oposición de las derechas, el Gobierno de coalición progresista ha implementado unas políticas socioeconómicas protectoras y reguladoras positivas. Ha habido un crecimiento del empleo, especialmente el indefinido, con reducción de la temporalidad. A pesar de las grandes dificultades (pandemia, guerra en Ucrania, desglobalización…) no se han cumplido los malos augurios recesivos o regresivos y la política económica dominante hasta ahora, también en Europa, ha sido relativamente expansiva y paliativa.

Sin ese anunciado empeoramiento económico derivado de la supuesta desastrosa gestión gubernamental, el Partido Popular se ha quedado sin credibilidad crítica y alternativa. Le queda echar mano del nacionalismo españolista más centralista, la manipulación mediática y los resortes judiciales, con su giro derechista y su dependencia de la ultraderecha. Pero sigue el incierto empate electoral de bloques.

El Gobierno progresista se apresta a poner en primer plano sus logros en esta materia. La pugna por el relato de la gestión económica -con las cosas del comer- se convertiría en el centro de la legitimidad del Gobierno para revalidar una nueva legislatura de progreso. Craso error. Esa estrategia, principalmente de la parte socialista, si no gana contundencia aplicativa y credibilidad ciudadana, es insuficiente. Corre el riesgo de no conseguir incrementar la confianza popular, que se resiste a sacar ventaja en las encuestas electorales y garantizar la victoria electoral progresista, y dejando al margen el factor decisivo de la unidad del espacio del cambio tratado recientemente en dos artículos: Una solución pactada para sumar y Multiplicar o restar.

Apoyo masivo a la sanidad pública

Trato aparte el tema fundamental de la devaluación salarial. Aquí, como complemento sobre los claroscuros sociales hay que destacar la preocupación social por la sanidad pública, auténtica joya de la corona del Estado de bienestar, gestionado por las comunidades autónomas (el mayor gasto social es el de las pensiones públicas y la Seguridad Social, gestionado por el Estado). El último barómetro de 40dB, de enero de 2023, indica que el 65,4% piensa que su Comunidad destina 'demasiados pocos recursos' para la sanidad pública, y el 39,1% ve 'regular' su funcionamiento, con un 32,7% 'bueno o muy bueno' y un 26,8% de 'malo o muy malo'. Además, el 61% es favorable a pagar más impuestos para mejorar la sanidad pública, y solo el 10,5% desearía pagar menos (aunque sólo el 2,6% si ello significa reducir su calidad).

Aunque la crítica sobre la falta de recursos es mayoritaria en todas las comunidades autónomas, en las gobernadas por las izquierdas hay menos insatisfacción y en las gobernadas por las derechas más descontento, sobre todo en la de Madrid, con su prolongado proceso privatizador y de recortes sanitarios que la hace acreedora de la más amplia movilización ciudadana (varios centenares de miles de personas el pasado 13 de noviembre, la mayor manifestación cívica de los últimos tiempos), continuada ahora y extendida a otros territorios.

Dos comentarios se pueden añadir. Por un lado, aunque la sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas, de distinto color político, la responsabilidad de sus deficiencias es compartida por la clase gobernante cuya gestión institucional, siendo el gasto más relevante, está condicionada por la infrautilización de la financiación autonómica y la ausencia de una profunda reforma fiscal que garantice la calidad de los servicios públicos. Tema importante que la parte socialista del Gobierno no ha querido abordar en esta legislatura y que subyace en el malestar social por el creciente deterioro de este servicio público esencial.

Por otro lado, conviene recordar y comparar la posición ciudadana sobre el gasto público social, según el estudio 2930 publicado por el CIS en enero de 2012, por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que lo ignoró por su apuesta de profundos recortes sociales. Fue elaborado en el último momento del Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero bajo la dirección de Belén Barreiro, precisamente la actual directora de 40dB que ha elaborado el reciente estudio. Pues bien, en lo referido a la sanidad y a la pregunta de ¿Cuánto le gustaría que se gastara, aunque hubiera que subir impuestos?, las respuestas fueron las siguientes: 'Mucho más y más', 71,8%; 'lo mismo', 22,2%; 'menos y mucho menos', 3%.

Como se puede comprobar, con más de una década de diferencia y con lo que ha llovido en materia de política económica regresiva y defensa cívica de los derechos sociales, persisten esos dos tercios de personas partidarias de garantizar una sanidad pública de calidad confrontando con el mantra más duro de las derechas sobre la bajada de impuestos. Los servicios públicos y el Estado de bienestar gozan de una legitimidad social ampliamente mayoritaria.

Por último, en el gráfico adjunto expongo los datos sobre desigualdad social, desde el comienzo de la crisis socioeconómica en 2008 y hasta el tercer trimestre de 2022 en España, comparado con la media de los 18 países europeos del euro que son los más similares en nivel de desarrollo, advirtiendo que Europa es la región con el menor nivel de desigualdad del mundo. Como se ve, la distancia con la media europea es significativa, en torno a un 10% superior, particularmente entre los años 2014 y 2017, siendo España uno de los más desiguales, con los efectos de todo tipo que tiene la permanencia en ese alto nivel. La tendencia se modifica en el año 2022 en que se produce un diferencial favorable en España, que se acerca a la media europea, por el crecimiento comparativo del empleo y el mayor peso del escudo social promovido por el Gobierno progresista de coalición.