El Tribunal Supremo decidirá si es posible o no sacar al dictador del Valle de los Caídos un día después del tope para conformar nuevo gobierno o condenarnos a nuevas elecciones el 10 de noviembre. La noticia se dio a conocer ayer, precisamente, el mismo día que PSOE y Unidas Podemos vuelven a decepcionar a sus respectivos electorados con una incapacidad para llegar a un consenso y librarnos de las derecha más recalcitrante de los últimos años.

La decisión de emitir el fallo el 24 de septiembre, esto es, una día después del final del culebrón de investidura -para bien o para mal- no puede ser más desacertada. Aunque haya quien quiera enmascarar la medida como una muestra de cautela, lo cierto es que esa postura se aproxima más a la cobardía servil que a otra cosa.

Pareciera que el hecho de que se conforme o no un Gobierno progresista o, por el contrario, se corra el riesgo de unas nuevas elecciones con la derecha y la extrema derecha de España Suma al acecho fuera un condicionante determinante para inclinar el fallo de uno u otro lado. Ya saben, aquello de la separación de poderes que tanto nos han vendido y que, con anuncios como éste, tiene tanto valor como un euro de madera.

Lo justo es justo gobierne quien gobierne. Y lo justo es sacar cuanto antes a Franco de un lugar de exaltación pública para llevarlo donde le corresponde, que en el mejor de los casos es una tumba/nicho familiar, sin ningún tipo de honor. Eso, en el mejor de los casos, en el peor, enterrado en una cuneta de paradero desconocido.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no quiere arriesgarse a emitir un fallo antes de saber si habrá o no gobierno de izquierdas. Es una mera cuestión estética y bien podrían haber fijado la fecha un día antes, pero no, han preferido ponerse a ellos y su imparcialidad en cuestión. No es que cotizara muy al alza, la verdad, pues aún tenemos fresca en la retina la imagen del Supremo reculando en su primer fallo sobre la ley hipotecaria, como si una llamada telefónica hubiera bastado para que los impuestos no los pagara la banca.

Ahora, en espera de lo que falle el 24 de septiembre, las cosas no pintan bonitas para mejorar la reputación de un tribunal que año a año va perdiéndose por el sumidero de una democracia en horas bajas.