En estos días en los que parece tan importante que una empresa cambie su sede social -que no fiscal- sin tocar ni uno de sus edificios, sin mover a un@ sol@ de sus trabajdor@s, sin detener en modo alguno su actividad en ninguna de sus localizaciones, me resulta descorazonador comprobar cómo ni al Gobierno ni a la Justicia parecen importarles un carajo una empresa que sí hace todo eso.

Hoy, muchas personas parecen haber olvidado el drama de Coca-Cola. La multinacional de la chispa de la vida no cambia su sede social, sencillamente, se va. Al calor de una reforma laboral hecha a medida por el Gobierno del Partido Popular, que permite ejecutar un ERE con el único pretexto de creer que va a ingresar menos, hace unos años que echó el cierre. En el horizonte, seguramente, trasladar sus centros de producción al norte de África, donde hay menos derechos laborales, donde resulta más sencilla la explotación.

Cuando Coca-Cola ejecutó este ERE, l@s trabajador@as plantaron cara, en especial, los de la planta de Fuenlabrada (Madrid). Consiguieron que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo declararan nulo dicho ERE y la empresa tuviera que readmitir a la plantilla en las mismas condiciones previas al despido. Fue un camino torturoso, antes y después, pues incluso con sentencia judicial en firme, pasaría más de medio año sin que ni cobraran el paro -estaban readmitidos- ni recibieran su sueldo, pues Coca-Cola ni siquiera les dejaba entrar en la fábrica.

Y digo "la fábrica" porque de las cuatro plantas afectadas por el ERE, la de Fuenlabrada es la única que sobrevivió. Siguiendo un plan perfectamente delineado, la multinacional desmanteló las otras plantas, con la excepción de Fuenlabrada, porque allí hubo acampada de trabajado@s, porque allí, personas que llevaban más de tres décadas yendo a fichar todos los días, no lo permitieron.

A pesar de las dos sentencias, cuando llegó la fase de su ejecución, Coca-Cola movió sus hilos. Tanto poder puede llegar a tener el capital, que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo modificaron sus propias sentencias. Como lo oyen. Dieron luz verde a la empresa para que reconvirtiera la planta en un centro logístico.

De las 11 líneas de producción de aquella fábrica -que llegó a dar salida a 120 millones de cajas al año-, había activas entonces siete, es decir, tres más de las que hubieran sido necesarias para absorber a los 236 trabajadores que quedaban por readmitir. Dio igual, la estrategia era otra: los planes pasaban por ser centro logístico, que no se produjera prácticamente actividad y que el personal realizara tareas manuales para las que había máquinas paradas. Precarizar, dividir, agotar moralmente para que la fábrica se cerrara por sí sola ante la desesperanza de l@s trabajador@as.

Sin embargo, Coca-Cola no contaba con que est@s valientes no se rinden tan fácil. Es verdad que ha habido bajas, la mayoría por jubilación, y que hoy ya solo quedan 175 trabajador@s, pero no es menos cierto que son irreductibles, con el apoyo de sus parejas, de sus familias. Tanto es así que, dado que Coca-Cola ni cumplió la primera sentencia ni cumplió la segunda -ya han cambiado los horarios y los sueldos de la plantilla-, l@s valientes ganaron el pasado mes de abril un nuevo juicio en el Juzgado número 2 de lo Social de Móstoles. La empresa, claro está, ha recurrido. Veremos qué as guarda en la manga esta vez y qué responsables políticos y judiciales miran para otro lado.

Por lo pronto, el pasado lunes, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, acompañó a varios trabajadores a la planta. Se nos había citado a varios periodistas para ser testigos de la inactividad de la planta, del incumplimiento de las sentencias. No se permitió pasar a los medios de comunicación. Coca-Cola no quiere testigos. Sordo sí lo hizo y quedó desolado al sentir en silencio una planta de 250.000 metros cuadrados.

Aquello sería un cementerio si no fuera por la vida que destilan l@s trabajador@s, que no dudarán en presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional -por una cuestión de forma, porque es un órgano tan político como previsible- y, sobre todo, ante el Tribunal de Estrasburgo, porque de lo que hablamos aquí es de la violación de derechos fundamentales, esos por los que Rajoy y sus secuaces se preocupan tanto, creando un Real Decreto exprés para favorecer la fuga de empresas.

Todas las personas que tenemos un mínimo de conciencia social, todas las que nunca hemos abandonado la idea de que la lucha obrera es fundamental, estamos con l@s trabajador@s de Coca-Cola. No están sol@s, le pese al Gobierno que le pese, a la (in)justicia que le pese y las poderes económicos que les pese. A ver ahora dónde está esa unidad que algunos quieren forzar con banderas en lugar de con personas.