Este martes, el Congreso debatirá una proposición de ley para la delegación de competencias en materia de inmigración a Catalunya, como parte de los acuerdos de investidura entre Junts y el PSOE. No es la primera vez que se plantea, pero hasta ahora nunca se había materializado. Por ello, la pregunta es: ¿por qué ahora?

Junts percibe que la legislatura podría estar llegando a su fin y busca rentabilizar al máximo sus acuerdos. Más allá de aprobar la ley, lo que realmente les interesa es alimentar el choque con otras fuerzas, especialmente cuando Podemos los señala de racistas. En el trasfondo, late su pugna con Aliança Catalana y la necesidad de disputar el relato sobre inmigración con mucha sobreactuación.

Pretenden seguir ejerciendo un papel de “certificadores de catalanidad”, herencia del pujolismo, un rol que hoy carece de sentido. Lo sorprendente es ver cómo algunos partidos, dentro y fuera de Catalunya, siguen otorgándoles esa función. Podem Catalunya es una fuerza política que defiende los intereses del país desde una visión republicana, de izquierdas y plurinacional, arraigada en el territorio catalán y sin someterse a certificaciones de catalanidad de nadie.

Podem Catalunya defiende el autogobierno y la ampliación de competencias, pero rechaza frontalmente esta iniciativa. Y lo hace porque los derechos de las personas migrantes no pueden ser moneda de cambio ni gestionarse como un simple reparto competencial. Convertir a los migrantes en objeto de una disputa territorial es irresponsable y peligroso.

Delegar competencias con la finalidad de excluir abre la puerta a políticas migratorias con sesgo racista y discriminatorio, donde cada comunidad autónoma podría decidir a quién acepta y a quién rechaza. Ello supondría fragmentar el marco común de derechos y abrir un escenario de 'dumping migratorio inverso' que solo generaría más desigualdad y precariedad, sobre todo para los colectivos más vulnerables.

El silencio incómodo de la izquierda y posibles complejos

Por eso cuesta entender el posicionamiento ambiguo —o directamente el silencio— de fuerzas como ERC o los Comuns. Asumir esta propuesta como una mera transferencia de competencias en favor del autogobierno es ignorar —o querer ignorar— las verdaderas intenciones que se esconden detrás.  Quizás tiene que ver con ciertos complejos a superar. Me explico:

Por una parte, Sumar (donde Comuns juega un papel fundamental) debe superar el complejo de servidumbre hacia el PSOE. Los derechos humanos no son moneda de negociación. Si Podem Catalunya debe ser la única fuerza de la izquierda catalana en decir no al mercadeo con los derechos de las personas migrantes, lo hará con orgullo. El mismo orgullo con el que Podemos ha estado en las movilizaciones contra el genocidio en Gaza y en tantas otras luchas sociales.

Por otra parte, ERC debería superar el complejo de hermano pequeño de Junts. ERC crecerá cuando se imponga al miedo y debería dejar esta pugna racista entre Junts y Aliança Catalana. Una fuerza de izquierdas no puede crecer a costa de las necesidades de la gente migrada.

A nuestro juicio, estas fuerzas deberían priorizar la derogación de la Ley de Extranjería, el cierre de los CIEs y, por supuesto, sacar adelante la Ley de Regularización Ya.

Recursos sí, exclusión no

Catalunya necesita más recursos para atender el aumento de población de los últimos años. Sanidad, educación y servicios sociales —todas ellas competencias de la Generalitat— requieren una financiación justa y suficiente, además de un Govern que crea en lo público y lo defienda sin titubeos. Por eso apoyamos un finançament singular para Catalunya, pero eso nada tiene que ver con utilizar a las personas migrantes como chivo expiatorio en una competición política.

Y a Junts y a Miriam Nogueras, solo una cosa: antes de hablar de consensos sociales en Catalunya, apoyen la reducción de la jornada laboral y condenen el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Dos amplios consensos sociales en Catalunya ante los que Junts, una vez más, va a contracorriente.