Lo que el "comunismo" esconde

Isabel Díaz Ayuso anda enredada (sic, en X) con una polémica sobre unas declaraciones de Ana Belén, que en el programa de Jordi Évole, preguntaba de forma indirecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid si a ésta o "a España", el comunismo con el que Ayuso identifica a Satán les "había hecho algo". Respuesta previsible de la jefa del Ejecutivo madrileño, con Venezuela, Bildu, Podemos, la libertad o no de pedir una aceituna en un concierto, ... completando un largo tuit. Pueden leerla aquí, si lo consideran necesario, pero este artículo no va de esto, sino de lo que tratan de ocultar este tipo de pataletas infantiloides fabricadas en la fachosfera y tan típicas de Ayuso.

A la presidenta de la Comunidad de Madrid hay que cogerle bien la medida para no despistarse y tiempo, desde luego, nos ha dado para calarla. En noviembre del año pasado, y puesto que había arrasado en las elecciones del 28 de mayo, Ayuso anunció que el Consejo de Transparencia pasaría a depender de su Gobierno en lugar de hacerlo de la Asamblea, como sigue en la actualidad mientras se desarrolla la ley del cambio, aunque me temo que por poco tiempo. El Consejo de la Transparencia, como su nombre indica, es el órgano fiscalizador del Gobierno en tal materia, es decir, vigila que los y las madrileñas puedan acceder a información sobre decisiones o actuaciones políticas que les afectan. No parece muy coherente, pues, desde el punto de vista democrático que un órgano fiscalizador pase a depender de aquél a quien tiene que vigilar, pero eso es precisamente lo que quiere Ayuso y así se anunció a finales del año pasado. Y ahora sabemos exactamente por qué.

El Consejo de Transparencia, todavía dependiente de la Asamblea -ergo, todavía democrático- ha aceptado las reivindicaciones de un particular que en 2022 pidió las "Actas de Inspección de Residencias de Mayores y otros centros residenciales" de la Policía Municipal cuando sus agentes entraron en las residencias de mayores donde murieron 7.291 personas sin la asistencia médica que les negó un protocolo aprobado por el Gobierno de Madrid durante los dos peores meses de la pandemia de covid.

A día de hoy, este particular denunciante, las familias y asociaciones de víctimas de este llamado protocolo de la muerte, la prensa y la opinión pública en general sigue sin conocer el contenido de la mayoría abrumadora de esas actas (alguna se publicó en medios como la Cadena Ser, confirmando los peores augurios), gracias a excusas del equipo de Ayuso, que van desde que están escritas a mano y no se entiende bien la letra hasta que hay datos particulares de fallecidos/as que deben ser protegidos por ley. Esta última evasiva es particularmente sangrante, porque cabría pensar que si los muertos/as en las residencias pudieran contarnos lo que allí pasó -y tienen a sus familias volcadas en restablecer su dignidad-, querrían seguro que se mostraran esas actas, pero es que además, la ley (BOE, art. 3) exime a los difuntos de la protección de sus datos si no lo han dejado prohibido expresamente. Todo ello no supone solo llamarnos idiotas desde el Gobierno madrileño, sino ejercer la mayor de las (re)crueldades con víctimas y familias.

Es imposible imaginar una mayor deshumanización de las víctimas de los protocolos de la muerte, salvo que además de dictar éstos, pretendas tapar cualquier prueba de tu gestión -reconociendo implícitamente el error en ésta, como mínimo- llevándote contigo un órgano fiscalizador de todos los y las madrileñas para ser tú quien lo fiscalice a él y decidas lo que se sabe o lo que no de tus acciones políticas. Hay pactos democráticos asentados, como la existencia de organismos como el Consejo de Transparencia, que nos permiten a los ciudadanos/as aflojarnos un poco el cuello de la camisa frente a los abusos del poder; y no siempre. Suele ocurrir con quienes disfrazan el autoritarismo de libertad con aceitunas y, a propósito, identifican dictaduras con ideologías perfectamente democráticas. Y les sigue funcionando.