Las medidas anunciadas el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el genocidio en Palestina han demostrado la importancia de la movilización popular, siempre muchos pasos por delante de las instituciones. Medidas que venían siendo reclamadas por las diferentes entidades que llevan tiempo alertando sobre la sistemática vulneración por parte de Israel del derecho internacional y de los derechos humanos, y que señalaban las complicidades que el Estado español mantenía, y sigue manteniendo, a pesar de su retórica condena al genocidio en marcha. 

Nada de todo esto hubiese sido posible sin la insistente movilización que han llevado a cabo movimientos sociales y que ha secundado una gran parte de la sociedad. Ciudadanos que se sienten impotentes e indignados ante la atroz retransmisión en directo de una matanza que no solo es impune, sino que está avalada, financiada y respaldada por los gobiernos occidentales. 

Aunque las medidas anunciadas son inéditas, y con ellas España pretende situarse a la vanguardia de Europa en sus declaraciones y acciones contra el genocidio, son insuficientes. Tienen algunos flecos y ambigüedades que el Gobierno deberá afinar y corregir cuanto antes para que todo esto no se quede en un paripé, y de verdad contribuya, en la medida de lo posible, a parar el reguero de sangre que Israel está dejando a la vista de todos. 

Era previsible que la reacción de Israel y de sus propagandistas iba a ser acusar al Gobierno de ‘antisemita’, el comodín habitual contra quienes osan criticarlo. El problema es que fue este mismo gobierno el que asumió una definición de antisemitismo que está sirviendo para que las críticas a Israel y al sionismo puedan ser consideradas ‘antisemitismo’. Es la definición que promovió la Alianza Internacional por el Recuerdo del Holocausto (IHRA, en sus siglas en inglés), y que firmó Carmen Calvo en 2020. 

El uso obsceno de la memoria de la Shoá para blindar al sionismo de toda crítica no es nuevo, por eso, numerosas organizaciones de derechos humanos y entidades judías remitieron una carta al secretario general de la ONU y al subsecretario general Miguel Ángel Moratinos en 2023 donde advertían sobre esta definición promovida por la IHRA. Entre los firmantes estaban Amnistía Internacional y Human Rights Watch; organizaciones palestinas como Al Haq y Al Mezan; organizaciones israelíes como B’Tselem y Breaking the Silence; y numerosos grupos judíos nacionales a internacionales como Jewish Voice for Peace and Jewish Network for Palestine. 

Hoy, el Gobierno español debe dar un paso al respecto y rechazar de una vez esta definición de antisemitismo, que no solo lo autoinculpa, sino que está sirviendo para perseguir y sancionar las voces críticas con el genocidio, a través de sus operadores jurídicos y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es la definición que usa el autodenominado Observatorio de Antisemitismo, una iniciativa de la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia, para decir que el antisemitismo ‘ha crecido en España’, incluyendo en su informe pintadas por la libertad de Palestina, críticas con Israel, comparaciones de la limpieza étnica de Israel con el régimen nazi o cualquier otra discrepancia o crítica al sionismo. Un informe que algunos medios dan por veraz, y que el ministro del Interior y otros miembros del Gobierno reciben y no cuestionan.

Las protestas ante la Vuelta ciclista por haber permitido competir a un equipo que formaba parte de la campaña de blanqueamiento y normalización del Estado de Israel a través del deporte ha dejado en evidencia la torpeza con la que juega la maquinaria propagandística sionista. Esta se muestra tan arrogante como ruinosa para quienes se dejan usar para tal efecto, ya sea en el deporte, las artes o los negocios. Hoy, Israel no es ningún buen márquetin, ni siquiera un valor seguro en el que invertir. El boicot a Israel funciona, y por eso su gobierno invierte millones de euros cada año para tratar de contrarrestarlo con campañas de lavado de imagen y otras estrategias para disimular el rastro de sangre. Campañas que incluyen el pago a periodistas, políticos y personajes influyentes para que apoyen a Israel o criminalicen la solidaridad con Palestina. 

El Gobierno español ha respondido a un clamor popular porque no tenía más remedio si pretendía conservar alguna credibilidad entre su electorado progresista indignado con la inacción ante el genocidio. Y aunque no hay que menospreciar lo que se pueda conseguir con estas medidas, la sociedad no puede dejar de manifestarse y de exigir todavía más contundencia y menos cabos sueltos. Que las bases de Rota y Morón puedan ser usadas para el tránsito de armamento desde EEUU hacia Israel es uno de los principales flecos que el Ejecutivo debe corregir inmediatamente. Pero no el único. La “prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar” a Israel no contempla los productos accesorios que puedan usarse para tal fin. No hay que olvidar que, hasta hace pocos meses, España seguía comprando y vendiendo armas a Israel, con decenas de miles de muertos ya sobre la mesa. En qué lugar quedan todos esos contratos ya firmados no ha sido concretado en las medidas que anunció Pedro Sánchez. 

Vetar el comercio de productos de los asentamientos ilegales en territorios ocupados, y no a todo producto que venga de Israel, como potencia ocupante, también es una puerta abierta a la normalización de la política y la economía israelí. Ni siquiera se ha tenido en cuenta el tránsito de estos productos por nuestro país, así que la medida no solo es insuficiente, sino que deja de ser efectiva con un poco de picaresca a la hora de distribuir esos productos. Lo mismo con las empresas españolas con negocios en Israel o con intereses económicos en las colonias. Estas quedan fuera de la ecuación. 

Tampoco sabemos qué mecanismos va a implementar el Gobierno para llevar a cabo todas las medidas anunciadas, muchas de las cuales exigen un control y una transparencia exhaustiva. Sobre todo, si no quiere que lo vuelvan a dejar en evidencia, como cuando negó el comercio de armas y se demostró que seguía en marcha a pesar del genocidio. 

El boicot promovido por la campaña internacional del BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), siguiendo los pasos de la que se organizó contra la Sudáfrica del apartheid, y que contribuyó notablemente a su derrocamiento, es posiblemente una de las mejores guías para aislar al victimario y hacer pagar un alto precio social a quien le acompañe. Aunque la historia pondrá en su lugar a los apologetas de la barbarie, mientras esta sucede no podemos quedarnos a observar qué hacen los gobiernos. 

Por mucho que detengan a activistas, que sancionen acusados de antisemitismo a quienes critiquen a Israel y por mucho dinero que inviertan en publicidad, en desinformación y en propagandistas, la batalla por el relato ya la perdieron hace tiempo. Ahora toca presionar todavía más a este gobierno para que dé pasos más firmes en el aislamiento del régimen israelí y que corte todo lazo y toda financiación a quienes sirven de propagandistas y blanqueadores del genocidio.