La corrupción es una cuestión de sentido común

La derecha ha conquistado el sentido común. Lo anunció Trump al inicio de este segundo mandato y lo ha venido repitiendo con insistencia. Su programa de gobierno obedece a una “revolución del sentido común”, dijo. Subir los aranceles, perseguir a los inmigrantes, reprimir la protesta o tratar de controlar los medios de comunicación y los tribunales de justicia hacen parte de esa revolución en la que, además, ocupa un lugar destacado el incremento patrimonial del presidente Trump a niveles completamente obscenos y desconocidos hasta la fecha.

No sé si ha desaparecido por completo del imaginario colectivo norteamericano la referencia a Thomas Payne cuando de hablar de sentido común se trata. Su libro, publicado en 1776 y titulado precisamente The Common Sense, defendía que las Trece Colonias debían independizarse de la Monarquía británica por la inconsecuencia del Parlamento al legislar en contra de sus intereses y, sobre todo, porque -y esto sí que fue una verdadera revolución- el poder de los reyes contravenía el sentido común. Payne elevó a categoría de argumento político lo que hasta entonces era, como mucho, una intuición. Y lo hizo de una manera muy sencilla, escribiéndolo en un librito, en un panfleto del que en los años de la revolución se vendieron alrededor de medio millón de ejemplares. Todo un récord para la época.

Una vez dicho que el poder de los reyes contravenía el sentido común porque el derecho hereditario y la autoridad divina representaban un atentado a la lógica y a la razón, se abrió una puerta que nunca se volvió a cerrar. Por ella entraron la política contemporánea y algunas de sus ideas/fuerza: la representación política, la soberanía popular y el reconocimiento de derechos.

Cuando Trump dice que al gestionar con mano dura temas como la inmigración no se comporta como un dictador sino como un hombre con sentido común, está queriendo decir que la lógica de los tiempos avala la suspensión de derechos con base en la deshumanización de una determinada comunidad, en este caso la de los inmigrantes.

Cuando Trump, tras litigar con el Servicio de Impuestos Internos, da la orden de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a aquellos de sus fieles, seguidores y allegados que hayan sido, como él, perseguidos por la justicia tras haber infringido la ley, lo hace porque está convencido de que abusar de su posición de poder es lo que sus votantes esperan que haga. Una política tan aberrante, tan contraria a los intereses de las mayorías sociales, que se aprueba valiéndose torticeramente de dispositivos e instrumentos habilitados por el Estado de derecho, nos habla de un sentido común de época que da por bueno el engaño y la injusticia, el privilegio y la tiranía. 

La democracia es, en principio, lo contrario de la tiranía. Es un tipo de sistema político diseñado para neutralizar el abuso de poder mediante la participación política, el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas. La corrupción, que puede afectar a cualquiera de estas cuestiones, es una forma de abuso de poder particularmente dañina en democracia cuando está normalizada y se le resta importancia. Cuando en la ciudadanía cala la idea, como sucede en España, de que la corrupción es consustancial al ejercicio del poder, la democracia se desnaturaliza.

Hace un año que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción. Lo hizo el día que compareció en el Congreso para dar explicaciones por la corrupción de Ábalos y de Cerdán. Ese plan, disperso en distintas medidas, no se ha llevado a la práctica. De entre los varios ejes que comprendía, -prevención, protección del informante, investigación y sanción, recuperación de activos y cultura anticorrupción-, el último llama particularmente la atención. A través de su propuesta el Gobierno constataba que, en efecto, en España adolecemos de una cultura anticorrupción. Entonces, ¿por qué se ha montado este escándalo con el tema de Zapatero? 

La respuesta está en que lo grave no es el hecho en sí -que lo es; muy desconcertante y muy grave-, sino la instrumentalización del hecho por parte de unas derechas que llevan tiempo jactándose de haber perdido toda clase de complejos. Llevan tiempo afeándole a la izquierda su proverbial “superioridad moral”. 

Este reproche se formula para cuestionar el marco mental de quienes defienden como eje de las políticas públicas la justicia social. No se les cuestiona porque la moral esté de su lado sino por reclamar la incorporación a la política de la moral. Por eso Zapatero representa para el Partido Popular de Ayuso y Feijóo tanto, porque su defenestración pública vía filtración, sirve al propósito de constatar que ellos tienen razón, que la política, también cuando es de izquierdas, no obedece a ningún código ético. 

La intervención de Feijóo ayer en el Congreso llamando corrupto a Pedro Sánchez, al PSOE y a su Gobierno, no fue solo un acto de cinismo personal viniendo del presidente de un partido político que tiene en cuanto a corrupción y a guerra sucia tanto por lo que callar, sino un enunciado político que representa una posición que le trasciende, que va más allá del “y tú más”. Esta posición consiste en defender que la política es inmoral, en construir sentido común sobre la base de una idea que legitima el abuso de poder, la destrucción de la convivencia democrática y, a la postre, la violencia.