El índice de percepción de la corrupción de 2024, presentado este martes por la ONG Transparencia Internacional, deja a España, en particular, y a la Unión Europea (UE), en general, en muy mal lugar. Nuestro país cae cuatro puntos con respecto al índice de 2023 (56/100) y se sitúa diez puestos más abajo que el año anterior en el ranking mundial, conformado por 180 países (46/180). Esta posición, vista con perspectiva global, pudiera parecer razonable para una democracia avanzada europea, aunque el descenso tan brusco de 2023 a 2024, con el que España logra su peor puntuación en 30 años, debería bastar para mandar una alerta roja a las instituciones. Con respecto a la UE, además, España cae del puesto 14 al 16 sobre los 27 países miembros.

PP y Vox han salido en tromba a las redes sociales a clamar contra Pedro Sánchez y su Gobierno por este empeoramiento del resultado en la percepción sobre la corrupción en España, que se calcula en cada país a partir de un mínimo de tres fuentes de datos tomadas de 13 estudios y evaluaciones. Las fuentes de datos proceden de instituciones de peso global, como el Fondo Económico Mundial y el Banco Mundial. Más le valdría a esta (ultra)derecha nuestra, no obstante, descartar el ejemplo de Miguel Tellado y leer algo más que tuits y titulares si realmente les preocupa el problema de la corrupción.

La conclusión general a la que llega Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en España es que hay una dejadez considerable por parte del Gobierno estatal en materia legislativa de lucha contra la corrupción, mientras que las comunidades autónomas -gobernadas muy mayoritariamente por el PP, antes con Vox, ahora en solitario- han optado directamente por un "desmantelamiento" institucional. La ONG pone como ejemplo de ese derribo público de la estructura autonómica de lucha contra la corrupción a los gobiernos de Illes Balears (PP), que ha prescindido de su oficina contra la corrupción; al de Comunitat Valenciana (PP), donde la degeneración ("demolición brutal") de su Agencia Valenciana Antifraude (AVA) es especialmente preocupante para los responsables de Transparencia Internacional, y la Comunidad de Madrid, donde el Consejo de Transparencia ha sufrido una "recapturación" de su control pleno por parte del Gobierno Ayuso. Ahora mismo, en España, solo Catalunya, Navarra, Comunitat Valenciana -con su "brutal demolición"- y Andalucía disponen de agencias anticorrupción, junto a las ciudades de Madrid y Barcelona; "pobreza democrática", lo llaman.

Así que no, toda la culpa de las cifras sobre la percepción de la corrupción en el sector público de nuestro país no es del Gobierno socialcomunista-etarra-bolivariano-satánico, ni mucho menos, sino de un bipartidismo muy mayoritario en las administraciones estatal, autonómica y municipal que, lejos de tomar el control anticorrupción de las instituciones, ha permitido que la maquinaria heredada del franquismo, más corrupta que una Gürtel en cada casa, mantuviera zonas de oscuridad que hoy nos pasan factura. No digamos en el Poder Judicial, que también nos señala Transparencia Internacional por ese bloqueo al que PP no quiso renunciar en más de cinco años a renovar su Consejo General, lo dijeran la Constitución o su porquera. “Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee”, decía Unamuno; y así vamos.