Por Antonio Pérez, miembro de La Comuna.

“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, es una sentencia pronunciada por Acton, quien, por su condición de lord conservador británico, tenía experiencia en el tema. En España, padecemos las secuelas de un poder absoluto del que subrayamos a diario el ejemplo máximo de corrupción –los fusilamientos de republicanos- pero, quizá por nuestra aversión al vil metal, nos olvidamos de un ejemplo menor como es la corrupción económica.

Sin embargo, están sentadas las bases para el estudio del expolio económico que sufrieron en las garras del franquismo tanto la pequeña burguesía demócrata como el pueblo llano. Este saqueo se concreta en investigaciones que abarcan desde el robo sistemático del patrimonio de los vencidos –colosal pero nunca cuantificado con detalle- hasta la volatilización del Patrimonio Nacional –más de 6.000 obras según inventario recientemente publicado-. Ahora bien, estamos hablando de investigaciones académicas que se desarrollan en condiciones de heroica voluntariedad, sin apenas presupuesto, ni eco académico y no digamos, mediático. ¿Por qué tanta precariedad?.

Según mi leal saber y entender, en la raíz de esta precariedad está la feroz oposición del establishment político español a anular los juicios del franquismo. De hecho, ni siquiera se permite leer el rescoldo de los archivos estatales, esos que Martín Villa & Co. expurgaron y quemaron durante sus eternos años de prebostes. La corrupción archivística nos ha dejado un país pretendidamente homologable a los “países de nuestro entorno” pero sin archivos ni actas procesales ni sumarios… aunque atiborrados de misales y catecismos. En consecuencia, parafraseando a quienes opinan que “si quieres ver arte griego, no te vayas a Grecia, vete al British Museum”, los españoles podemos asegurar que, “si quieres saber sobre la cara oculta del franquismo, no vayas a Salamanca, vete a Amsterdam”.

Me duele escribirlo pero, en la hipotética anulación de los juicios –es un decir- del franquismo, las personas represaliadas en grado máximo –desde los fusilados y los desaparecidos hasta los presos y exiliados todavía vivitos y coleando-, hemos sido relegadas a un papel menor. De tarde en tarde, nos permiten protestar dentro de un orden e incluso, aún más tarde, nos ofrecen un vinito agrio e institucional que nos sabe a hiel más que a miel puesto que sólo sirve para que el establishment –léase, clase política-, continúe ocultando lo que verdaderamente les preocupa: que se destape el origen de sus fortunas personales.

Con nosotros, los represaliados políticos, el gobierno democrático de turno es mezquino, cicatero y tiquismiquis –eufemismos por neofranquista- pero con los expoliados económicos es aún más furiosamente cruel. No obstante, sólo con ver los apellidos de la clase económica de este país, desde los grandes banqueros hasta los profesionales de las puertas giratorias, podemos hacernos una idea de la longevidad de la herencia crematística del Gran Saqueo -y de su nulidad como tópico académico. Así, por ejemplo, nos explicamos porqué los impolutos intelectuales cobijados en la Fundación March nunca escribirán sobre su Héroe Fundador, no fuera a ser que surgiera la biografía no autorizada de un magnate ‘apolítico’ que por un lado vendía armas al rebelde rifeño Abdelkrim –negocio nada patriótico- mientras que, por el otro lado, financiaba buena parte de su Golpe de Estado a un milico africanista –patriotismo puro. Pero, pelillos a la mar, estas nimiedades les importaban un bledo tanto a Franco –‘apolítico’ también- como a March, liberal a ultranza como el contrabandista que nunca dejó de ser puesto que no hay mayor liberalismo que hacer negocios chupando de ese Estado que dice querer ‘adelgazar’ –léase, privatizar.

El matrimonio contra natura entre liberales –hoy neoliberales- y franquistas estatistas es lo que quieren ocultar a toda costa. Y, por supuesto, su relación con las fortunas actuales. Por ello, guiados por Joan March, la represión cayó contra mis queridos pequeños contrabandistas al mismo tiempo que se olvidaba la vigilancia contra los grandes contrabandistas, esa chusma opulenta que se horrorizaría si les calificamos como piratas del Común pero que continúa trapicheando con el Tesoro patrio y contrabandeando en secreto desde las obras públicas hasta las leyes que las blindarán –en ese orden cronológico.

Conocemos muchísimos detalles locales de cómo se produjo ese Gran Saqueo: desde viudas obligadas a pagar multas monstruosas por el delito de tener un familiar fusilado hasta pueblos enteros forzados a la emigración o al exilio en una diáspora superior a la emigración de los años 1960’s. Pero carecemos de una cifra general ni siquiera aproximada. ¿La reparación de aquellos desmanes es difícil porque exigiría indemnizar a los republicanos con sumas superiores al PIB actual? Nadie piensa que sea fácil salir de una dictadura. Sólo intuimos que los millonarios y arribistas que maquinaron ese expolio eran y son unos zafios capitalistas porque, ¿cómo es posible que teniendo todo a su favor, el PIB español se demorará dos o tres décadas en alcanzar el nivel de 1936? Tuvieron una mano de obra cualificada y esclava, tuvieron todas las exenciones y subvenciones imaginables, tuvieron a su servicio a las ‘fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado’… y aun así, tuvieron que llegar las remesas de los emigrantes y la inversión extranjera para que el PIB comenzara a crecer –a nuestro pesar, utilizamos el PIB a sabiendas de que es extremadamente engañoso pues disimula el abismo entre ricos y pobres. Definitivamente, las derechas son excelentes gran-contrabandistas y pésimas administradoras de lo público: ¿cómo van a serlo si, autárquicos ayer y neoliberales hoy, creen que la riqueza nacional les pertenece por derecho de conquista?

Y lo peor es que, incluso en el caso de que se examinaran los juicios del franquismo –por magia potagia, supongo-, la corrupción fue tan absoluta que sólo rascaríamos la superficie del Expolio puesto que éste se perpetró al margen de toda ley, incluyendo la patraña jurídica franquista –no digamos de esa ley de Dios que monopoliza el Estado Vaticano. La corrupción, teñida de sangre, alcanzó a todo el tejido social, incluyendo a jueces, intelectuales, archiveros y hasta monaguillos. Por ello no hubo papeles y, si los hubo, fueron quemados. Por todo ello, ¿no sería posible que, aun sin tocar el Gran Saqueo, algún gobierno se atreviera a anular los juicios del franquismo? A los represaliados económicos no les gustaría esa medida y estoy con ellos en que sería injusta y obraríamos en consecuencia pero, al menos, el susodicho gobierno evitaría ser acusado de corrupción por omisión y se salvarían a coste económico cero unos ínfimos restos del naufragio político.