Acabo de leer un magnífico artículo de Alba Sidera publicado en CTXT, que lleva por título Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar. No es que me pille de sorpresa la vis criminal del capitalismo, pero, como en el caso de las torturas, siempre encontrar el detalle pormenorizado de estos crímenes impresiona, por mucho que uno esté ya familiarizado con estas descripciones. Para darse cuenta de hasta qué punto es redundante la expresión “capitalismo salvaje” (¡como si fuera posible otro tipo de capitalismo!), basta echar un vistazo al también magnífico libro La empresa criminal, de Steve Tombs y David White, o al gráfico título del libro Los economistas neoliberales: nuevos criminales de guerra, del colombiano Renán Vega. Las masacres que ha ido perpetrando el capitalismo desde su aparición son innumerables, el colonialismo da buena cuenta de gran cantidad de ellas, y el neocolonialismo sigue dándola. La rapiña y el crimen están en el ADN del capitalismo, y Naomi Klein nos enseñó en La doctrina del shock cómo funciona lo que llama el “capitalismo del desastre”, particularmente desde el golpe de estado de Pinochet en 1973. Y, por dar otra referencia, en esta línea no hay que perderse otro libro muy valiente del que fuera extorsionador por encargo de gobiernos estadounidenses John Perkins, Confesiones de un gángster económico (puede buscarse alguna entrevista suya en youtube). No quiero ser cargante con referencias bibliográficas, hay miles de buenos libros y artículos que denuncian la naturaleza criminal del capitalismo por parte de buenos historiadores, filósofos, periodistas, escritores o sociólogos, o que avisan ya del inevitable colapso de la especie si seguimos la senda que marca el capitalismo bajo la bandera de la globalización (en la época del colonialismo, la bandera era “el progreso” y “la civilización”), como el antropólogo Eudald Carbonell, Premio Príncipe de Asturias 1997.

La crisis actual del coronavirus es un estado de shock colectivo de manual (del manual de N. Klein). El artículo de Alba Sidera describe el comportamiento criminal de las empresas y la patronal italiana, que, una vez que hubo conciencia y acumulación de datos de las muertes por coronavirus, siguieron obligando a los trabajadores a acudir al centro de trabajo y presionando a las autoridades para evitar las necesarias medidas de reducción de la movilidad que hubieran evitado miles de contagios y muertes. Un comportamiento que ha colocado a Italia a la cabeza del mundo en número de muertes por el virus, un puesto que le ha quitado en las últimas horas Estados Unidos con el empresario sociópata Trump como presidente del país. No es que desde España podamos presumir mucho, pero la situación de España, como la de Italia y Estados Unidos, está afectada por la indefensión provocada por “un menor desarrollo de los servicios públicos de sanidad y servicios sociales”, lo que explica que estos tres países vayan a la cabeza del planeta en tasas de mortalidad, como escribe Vicenç Navarro en un artículo de estos días. Dicha debilidad de los servicios de sanidad y servicios sociales deriva, cómo no, de la dinámica capitalista de privatización de los mismos.

Las empresas, y especialmente las multinacionales, siempre se han comportado con esta negligencia criminal. Desde beneficiarse de trabajo esclavo en el nazismo o en el franquismo (no perderse el extraordinario libro de Antonio Maestre Franquismo S.A.), hasta especular con productos de primera necesidad sabiendo que provocan hambrunas, ocultar datos que demuestran la relación de ciertos consumos con el cáncer (p. ej., el tabaco), sobornar a profesores e investigadores para poner en duda este tipo de relaciones que ponen en peligro astronómicos beneficios, depredar el medio ambiente sin importar las consecuencias, que pagamos entre todos, y un largo etcétera de tropelías.

El pasado mes de agosto de 2019, ante los incendios que asolaron la Amazonia, Noam Chomsky lanzaba duras críticas en un medio de izquierdas chileno a los empresarios que tienen negocios destructores del medio ambiente, así como a los estados que los amparan, como Estados Unidos o Brasil, llegando a afirmar que mandatarios como Bolsonaro en Brasil, que niegan que haya una crisis ambiental, deberían ser considerados criminales de lesa humanidad. Poco después, algunos bomberos españoles que fueron como voluntarios a Brasil denunciaron también que detrás de los incendios había intereses comerciales, no se trataba de una fatalidad de la naturaleza.

Una línea que se va abriendo paso en el campo de los derechos humanos es aquella que busca tipificar los delitos económicos contra la humanidad. Sobre este tema, la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla Libia Arenal desarrolló su tesis doctoral, Crímenes económicos en derecho internacional. Propuesta de una nueva categoría de crímenes contra la humanidad, convertida en libro y publicada en 2019 por la editorial Aranzadi. Es una propuesta sólida jurídicamente, pero hay que esperar a que la justicia funcione, y no digamos la justicia internacional, para que algún día la Corte Penal Internacional llame a los responsables de estos crímenes y los juzgue con la dureza que merecen. Crímenes como el desastre de Bophal, provocado por la empresa estadounidense Union Carbide llevan casi cuatro décadas de impunidad, todos los responsables han terminado por irse de rositas.

En Naciones Unidas funciona desde 2014 un Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos establecido por una resolución del Consejo de Derechos Humanos en 2011. Sin embargo, los avances obtenidos son más bien magros y no parece que vayan a pasar de “recomendaciones”, “diálogo”, “asesoramiento”, “visitas”, etc. La colaboración de las grandes empresas y de organizaciones empresariales, desde luego, no va a ir en la línea de tipificar delitos económicos o delitos ambientales, sino, como mucho, irá en la línea de ese concepto etéreo de Responsabilidad Social Corporativa que tan bien desenmascaran desde OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina). Incluso este grupo cuenta en sus reuniones, como se denunciaba en 2017, con el obstruccionismo de la propia Unión Europea, que ya se sabe que con su catecismo neoliberal defiende a capa y espada a los grandes poderes económicos muy por encima de las personas.

Desde el campo político e intelectual, creo que está más que demostrada a estas alturas la incompatibilidad del capitalismo con la democracia y los derechos humanos; desde el campo jurídico, todavía es una utopía que criminales contra la humanidad por delitos económicos o ambientales paguen por sus canalladas. Pero es un campo de lucha que se va abriendo.