Cui bono? (¿A quién beneficia?)

El señor Pablo Casado, presidente del Partido Popular de España, ha vuelto a la carga para amenazar a todas las mujeres con maternidad obligatoria si sale elegido presidente del gobierno. La ley de Plazos, en vigor desde al año 2010, y que homologa el aborto en España con la mayor parte de los países de Europa ha sido uno de los principales objetivos a batir por esta derecha eclesiástica y tradicionalista que tan acostumbradas nos tiene a sus preceptos morales y que considera a las mujeres como hacedoras de compatriotas, obreros, cristianos, militares. Mujeres como hacedoras de pagadores de impuestos, pagadores de pensiones, pagadores de fiestas de Navidad, pagadores del rescate a la banca. Mujeres esclavas fabricando mano de obra barata. Mujeres horno.

Lo más preocupante de las declaraciones de Casado en contra del aborto libre no es su desacomplejada defensa de las posturas más rancias y ultras de la derecha, si no esa descarada patraña de que si queremos financiar las pensiones y el sistema de salud debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos. Casado no debe saber que la pobreza sigue teniendo un impacto mucho mayor en los hogares con niños, especialmente, en familias numerosas y monomarentales, y el 30% de los niños y niñas españoles se encuentra en riesgo de pobreza según datos de UNICEF. Tampoco que la miseria se ceba con las madres solteras que soportan las cifras más altas de desempleo, trabajo en la economía sumergida, y riesgo de exclusión social. Ni se debe estar enterando de que de los jóvenes que tendrían que estar pagando esas pensiones, casi la mitad está desempleados y viven con sus padres. España es el segundo país de la Unión europea con la tasa más alta de desempleo juvenil y los menores de 25 años sobreviven gracias al sustento de la ahogada economía familiar sin ningún tipo de expectativa de cara al futuro. Como para pagarle la pensión al abuelo.

Hace bastante tiempo que la derecha española ha perdido el rumbo completamente en muchas cuestiones, pero especialmente en lo que a respeto a los derechos de las mujeres se refiere. La irrupción de la extrema-derecha en el tablero político ha sido el resorte sobre el que el Partido Popular rebota para coger fuerzas con las que seguir por esta peligrosa deriva del quién da más sin sonrojarse siquiera al intentar llevarse por delante derechos humanos fundamentales. Porque el aborto, les guste o no, es un derecho humano reconocido desde 2005 por el Comité de las Naciones Unidas a través de una denuncia histórica que obligó al gobierno peruano a indemnizar a una joven por negarle la asistencia para interrumpir un embarazo. La ONU, dejó claro también al gobierno argentino su postura con respecto al aborto. El 30 de octubre de 2018 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió la Observación General Nº 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida. En el art. 9 referido específicamente a aborto aclara, entre otras cosas, que:

“Aunque los Estados partes pueden adoptar medidas destinadas a reglamentar la interrupción del embarazo, dichas medidas no deben resultar en la vulneración del derecho a la vida de la mujer embarazada o de sus otros derechos”. “Deben facilitar un acceso seguro al aborto para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas, y en las situaciones en que llevar a término el embarazo causaría a la mujer graves dolores o sufrimientos. Los Estados partes no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar porque las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos”. “Tampoco deben establecer requisitos excesivamente onerosos o humillantes para las mujeres que deseen someterse a un aborto (…)”.

Cargar los ciudadanos y más concretamente en las mujeres, el futuro del bienestar y la riqueza de un país que ellos mismos han esquilmado es, además de injusto, una profunda irresponsabilidad. Dejando a un lado que la baja natalidad reduce también los demandantes futuros y que la superpoblación está agotando los recursos planetarios, el crecimiento demográfico de España es positivo en los últimos dos años según datos del INE. Aunque nacen menos niños, la gente vive mucho más y la mortandad infantil es ahora una anécdota. La inmigración ha ayudado a equilibrar la balanza poblacional pese a que para el presidente del PP los niños, si tienen matrícula extranjera, son un problema. La ONU también se ha ofrecido a explicarle a Pablo Casado por qué no existe una avalancha de inmigrantes en España.

Las políticas demográficas nacionalistas y economicistas que llaman a las mujeres a procrear y van en contra de los inmigrantes fueron y son empleadas empleadas por regímenes totalitarios y líderes poco afines a la democracia durante toda la Historia. Franco, Hitler, Mussolini o Stalin usaron argumentos similares para obligar a las mujeres a tener hijos en virtud del futuro de la patria.

La política natalista de Franco llamaba a reproducirse a los más pobres y a principios de la década de los 40 se instituyeron los premios de natalidad, para obsequiar a las familias con más hijos vivos por el “inmenso beneficio que presta a la sociedad». Este sistema de recompensas económicas no se pudo mantener en el tiempo y los franquistas se las ingeniaron para usar otros métodos más baratos con los que premiar a familias que tenían hasta 20 hijos, como el “plus familiar” un sistema por el que las empresas redistribuían el salario en función de los hijos de los trabajadores a condición, eso sí, de que su mujer no trabajase.

Himmler instaló el Lebensborn (en alemán, «fuente de vida») una organización creada en la Alemania Nazi para expandir la raza aria por toda Europa. Esta organización proveía de hogares de maternidad y asistencia financiera a las esposas de los miembros de las SS y a madres solteras; asimismo, administraba orfanatos y programas para dar en adopción a los niños de razas valiosas. Bajo el discursos de la “muerte nacional” se prohibió el aborto y tener hijos se convirtió en un deber para los “racialmente aptos” y las medidas de salud pública para controlar la reproducción y el matrimonio, estaban destinadas a fortalecer el “cuerpo nacional” eliminando los genes de la población que representaban una amenaza biológica.

El fascismo italiano fue natalista y poblacionista. El instituto Luce, órgano fundamental de la propaganda cinematográfica durante el fascismo italiano, hacía un gran hincapié en la exaltación de la maternidad. El propio Mussolini se destacó por tratar directa y repetidamente el tema demográfico como elemento clave en la construcción del Estado fascista. El dictador impulsó políticas de aumento de la natalidad como el aumento de impuestos extraordinarios a los solteros; y dedicó grandes esfuerzos al adoctrinamiento de los jóvenes. Las mujeres que abortaban eran castigadas con penas de cárcel igual que los que colaborasen directa o indirectamente en el aborto.

Movido por las bajas de la Segunda Guerra Mundial, Stalin también promovió el natalismo soviético otorgando el título de Madre Heroína y la Orden de la Gloria Maternal en reconocimiento a aquellas mujeres que tuvieran más de siete hijos. Casi medio millón de mujeres recibieron estas medallas junto a beneficios de carácter social y económico. Con el Código Familiar de 1936, Stalin se llevó por delante la política previa de la revolución soviética con respecto a las mujeres. Una de sus medidas fue prohibir el aborto, lo que hizo que la tasa de muertes por interrupciones clandestinas aumentase dramáticamente.

En el prólogo de la versión actualizada de El Cuento de la Criada que la propia Margaret Atwood escribió en 2017 señala “El control de las mujeres y sus descendientes ha sido la piedra de toque de todo régimen represivo de este planeta. Napoleón y su "carne de cañón", la esclavitud y la mercancía humana, una práctica eternamente renovada: ambas encajan aquí. A quienes promueven la maternidad forzosa habría que preguntarles: Cui bono? ¿A quién beneficia? A veces a un sector, a veces a otro. Nunca a nadie.” No es casualidad que todos estos regímenes dictatoriales tuviesen las mismas características comunes: fortaleza bélica, disponibilidad de mano de obra abundante y dominio de una raza única.