Nuestro país está inmerso en una profunda transformación del modelo de cuidados y apoyos que nos plantea retos a las diferentes administraciones públicas y la necesidad de adaptarnos a nuevas realidades y demandas sociales. Esto es algo que necesitamos visibilizar y poner en valor. Los cuidados deben estar presentes en los debates abiertos sobre cómo proteger y ensanchar la democracia.

Por ello, desde el Ministerio de Derechos Sociales hemos puesto en marcha una serie de congresos que, bajo el lema "Los cuidados que queremos", nos permitirá reflexionar y profundizar sobre la necesaria transformación del modelo de cuidados que pusimos en marcha en 2024 con la aprobación de una estrategia estatal.

La semana pasada celebramos en Barcelona el primer congreso, que llevaba por título "Cuidados y apoyos con las personas en el centro", una frase que condensa la idea profundamente democrática de que los derechos de las personas que reciben los cuidados, y también de quienes los proveen, deben ser un objetivo en sí mismo de las políticas públicas. 

Tal y como defendieron Joan Tronto y Pura Diaz-Veiga en la sesión inaugural, las implicaciones que el cuidado tiene en pilares de la democracia como la igualdad, la justicia y la participación deberían llevarnos a tener debates sobre cómo repartir los cuidados, qué tipo de cuidados queremos, cuáles son las necesidades de cuidados o qué implicaciones tienen para quienes lo reciben y quienes lo realizan.    

El proceso de desinstitucionalización de los cuidados y los apoyos supone superar las lógicas asistenciales, mediante una transición hacia lo que llamamos un enfoque centrado en la persona; en otras palabras, hacia un modelo que tenga en cuenta las necesidades, las preferencias y las circunstancias personales de cada uno. Avanzar hacia este enfoque, desde una visión estandarizada de los cuidados y apoyos provistos desde las instituciones, supone tres retos principales:

1. Flexibilización. Es la condición necesaria para la personalización de los cuidados. Esto implica avanzar hacia la compatibilidad de servicios, pero también fomentar su diversidad y las maneras de prestarlos. Igualmente, exige repensar los procesos administrativos para que aseguren el acceso rápido y sencillo a los servicios y prestaciones. Y todo esto es precisamente uno de los principales objetivos que tiene la reforma de la Ley de Dependencia, actualmente en fase final de tramitación parlamentaria, flexibilizar el Sistema de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, tanto su catálogo de servicios como sus procedimientos. 

2. Integración. Los cuidados y apoyos deben definirse de forma que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas que los reciben. Eso es una obligación democrática, y todas las personas e instituciones que formamos parte de este ámbito debemos involucrarnos, compartir una visión y alinear objetivos para maximizar el impacto de nuestras acciones. En este sentido, hay dos niveles donde debemos hacer un esfuerzo de coordinación: el sectorial y el territorial. Para ello contamos con excelentes ejemplos de trabajo conjunto, como el del sistema de salud y el de servicios sociales en Cataluña; o el de políticas de vivienda orientadas al cuidado del Gobierno de Navarra. En lo territorial, es necesaria la alineación interinstitucional y también de las políticas locales, ya que las comunidades fuertes y articuladas son fundamentales para el cambio de modelo de cuidados.

3. No dejar a nadie atrás. O lo que es lo mismo, que tus circunstancias personales o el lugar donde vivas no condicionen el tipo de cuidados que recibes. El objetivo es garantizar que las personas con necesidades o circunstancias más complejas puedan recibir cuidados personalizados en el entorno comunitario. De nuevo, esto es una cuestión profundamente democrática ya que la universalidad del derecho al cuidado va más allá de las necesidades asistenciales. Supone que la ciudadanía plena esté garantizada en términos de igualdad y participación. Es por ello que las políticas de cuidados no pueden reproducir inequidades previas como pueden ser las de género, clase o las derivadas de vivir en entornos rurales. 

En definitiva, se trata de establecer los cuidados y apoyos como una cuestión democrática de primer orden, así como de reconocer la vulnerabilidad y la interdependencia del ser humano. Esto nos lleva a su vez a reconocer que no puede existir una ciudadanía de segunda para quien necesita cuidados y apoyos, ni para quienes dedican parte de su vida a cuidar, sea en el ámbito familiar o profesional. 

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Por ello, desde Derechos Sociales vamos a seguir impulsando y facilitando espacios de intercambio y reflexión en los que conectar esfuerzos, generar alianzas y crear una comunidad de agentes que empujen en la misma dirección. Aspiramos a construir colectivamente los retos que tendrá que afrontar el cuarto pilar de nuestro Estado de Bienestar, para cumplir con una tarea democrática: que los cuidados tengan un reparto más equitativo y aseguren los derechos de ciudadanía.