Ahora la culpa no es de los inmigrantes, ni de la Agenda 2030, ni de las mujeres feministas que han ido demasiado lejos. Estas últimas semanas la culpa es de las personas mayores. Son muchas, cada vez más, y viven cada vez más años. Sus pensiones se han revalorizado notablemente en estos años, utilizan más los servicios sanitarios. Se permiten incluso irse de vacaciones con el apoyo económico del Estado, y disfrutar de tiempo libre después de décadas de trabajo para sacar el país adelante.

Normal que se les haga responsables de la precariedad de la gente joven: si no pueden emanciparse, si cobran sueldos bajos, si formar un proyecto de vida se convierte en una carrera de obstáculos, es porque las personas mayores copan el presupuesto público, viven demasiado, y viven demasiado bien.

Esta caricatura del edadismo rampante en nuestra sociedad se ha visto expresada, con mayor o menor sutileza, en multitud de análisis que estas últimas semanas han comprado el marco de la supuesta lucha intergeneracional. Como otros tantos relatos reaccionarios de nuestros días, se trata de un marco contable tan pobre como perverso, que tiene la virtud de enfrentar a unos con otros de tal manera que los verdaderos responsables de la desigualdad social y las injusticias que pesan sobre la vida cotidiana de millones de personas en nuestro país salen de la foto y permanecen impunes e inimputables.

Un ejemplo muy claro es el de la vivienda. La crisis de precios está desbocada, la juventud en nuestro país no puede emanciparse, y mientras tanto ahí están las generaciones anteriores, que lo tuvieron más fácil, que pudieron acceder a una vivienda adecuada a un precio justo, y hoy se benefician del nivel desorbitado de los alquileres o del incremento del valor de sus propiedades. Por un lado tenemos jóvenes pagando una fortuna por una habitación en un piso compartido. Por el otro, un jubilado con la casa pagada, dos mil euros de pensión y diez días de vacaciones a precios subvencionados. ¿Cómo no iban a indignarse ante tal situación?

Claro que para llegar a esa foto hay que dejar de lado que el pasado año, en España, seis de cada diez viviendas se compraron pagando al contado. Son viviendas adquiridas directamente para invertir, ya sea a través de alquileres a precios desorbitados o de fórmulas más rentables, muchas veces en los márgenes de la ilegalidad, como los pisos turísticos. Nuestro país cuenta con 400.000 pisos turísticos. En muchos núcleos urbanos y turísticos, un alto porcentaje de ellos opera sin licencia o se anuncia de forma ilícita.

Pero la culpa no es de los fondos buitres que compran edificios enteros y echan por cualquier medio a las familias de sus casas, ni de los grandes tenedores que acaparan decenas de miles de viviendas, ni de los caseros sin escrúpulos que hacen un uso fraudulento del alquiler de temporada o de habitaciones, ni de toda una clase extractiva y rentista, de diferentes edades y nacionalidades, que se lucra sin medida a costa del derecho constitucional a la vivienda de nuestros compatriotas. La culpa es de las personas mayores.

Pongamos otro ejemplo. Los datos nos dicen que el 95 % de las víctimas de las olas de calor en estos últimos años eran personas mayores. También fueron la mayor parte de las víctimas de la dana. Por otro lado, sabemos que en España el 1 % más rico de la población genera más emisiones que 12 millones de personas; o que un milmillonario genera en 90 minutos más emisiones de carbono que una persona media en toda su vida.

Todo ello, claro, mientras las consecuencias las sufren otros; mientras los colectivos ya marcados por las desigualdades preexistentes —no sólo las personas mayores, sino también las personas con discapacidad, las mujeres, los estratos socioeconómicos con menores ingresos, quienes viven en barrios vulnerables— son golpeados con mucha mayor virulencia. Unos acumulan y otros lo pagan. Unos contaminan y otros lo pagan. Para eso sirve, precisamente, culpar a migrantes, mujeres, mayores: porque así miramos a otra parte.

Algún otro dato. En España, el 10 % de las personas más ricas concentra más de la mitad de la riqueza nacional. En contraposición, el 50 % de los hogares más pobres no alcanzan siquiera el 8 % de la riqueza total. Mientras tanto, el 1 % más rico del país paga un tipo efectivo en sus impuestos proporcionalmente inferior al del quintil más pobre. Los que más ganan pagan menos impuestos que todos los demás ciudadanos recurriendo a la ingeniería fiscal.

Según datos recientes del investigador Gabriel Zucman, implementar un impuesto mínimo del 2 % a los patrimonios europeos de más de 100 millones de euros permitiría recaudar en torno a 67.000 millones de euros para fortalecer nuestros Estados de bienestar. Zucman también rebate con datos y amplia evidencia económica la idea, tan establecida en los medios de comunicación, de que gravar el patrimonio desorbitado de los ultrarricos producirá una fuga hacia otros países.

Igual que la fiscalidad verde y la descarbonización no ahuyentan las inversiones ni frenan la transición energética e industrial. Igual que subir el SMI, combatir la temporalidad o reducir la jornada laboral no destruyen empleo. No es verdad, por muchas veces que lo digan; no es lo que pasa. Lo mismo ocurre con la crisis de vivienda: por muchas veces que lo digan, la culpa no es de la regulación excesiva.

Aunque esta crisis es la primera preocupación de la ciudadanía española, todavía no se ha incidido con ambición y honestidad para frenarla. Nuestras propuestas son claras: congelar los precios de los alquileres, prohibir la acaparación y la compra especulativa. Cerrar miles de pisos turísticos ilegales que están expulsando a los vecinos y vecinas de sus barrios. Blindar a perpetuidad un parque de vivienda pública que, de no haberse privatizado, sería hoy el más grande de Europa.

Porque ya es hora de que ellos, los que tanto hablan del mérito y el esfuerzo, los que pretenden hacer un concurso de puntos para dar derechos a las personas migrantes, tengan que buscarse la vida de una forma que no sea extrayendo a las mayorías sociales más de la mitad de su renta en gastos relacionados con la vivienda. Veremos entonces a quién le echan la culpa.