Por Gutmaro Gómez Bravo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

En los últimos años se ha confirmado un sustancial avance en la comprensión y el significado de la guerra civil y la inmediata posguerra, heredero, en buena medida, del conocimiento acumulado en las décadas pasadas. La continuidad de la investigación se ha visto favorecida por varias circunstancias que nunca antes se habían dado cita de forma conjunta en el panorama historiográfico español: el acceso directo a las fuentes, la coexistencia de distintas generaciones de historiadores y la consolidación de una serie de pautas en los enfoques y la metodología de investigación. Un cambio muy importante y decisivo para la renovación y consolidación científica de los estudios sobre nuestro pasado reciente. Un cambio, que se debe a otros muchos factores, pero que nunca hubiera podido cuajar sin una materia prima fundamental: el acceso a la documentación conservada en los archivos. Y si hay que señalar un tipo de documentación o de archivo que ha modificado este panorama con su gradual apertura a los investigadores, y al público en general, estos han sido los archivos militares.

Durante años de acceso restringido, con la documentación en mal estado o sin inventariar, el conjunto de los archivos militares han sufrido un verdadero cambio y adaptación acorde con ese proceso de modernización. La mayoría de ellos han inventariado y restaurado sus fondos, otros han iniciado una digitalización lenta y costosa, pero, en general, puede decirse que se han actualizado y han puesto sus salas a disposición del público, tanto el especializado como el que no lo es. Un aspecto que hay que destacar y que dista mucho del estado en que se encuentran otros archivos, privados, eclesiásticos, municipales, provinciales, e incluso estatales, que encierran una buena parte de nuestra historia reciente y que apenas están disponibles al público por distintos motivos que no podemos enumerar aquí por falta de espacio. Por eso, la noticia, a comienzos de este mes de abril, sobre la inminente limitación de acceso de todos aquellos documentos de los archivos militares que tuvieran el sello de secreto o reservado, produjo una más que justificada inquietud. Sorpresa en primer lugar, porque, aunque no se especificaba fecha o período alguno para dicha limitación, afectaba especialmente a los referidos a la guerra civil y la inmediata posguerra. Debido a la naturaleza del conflicto, era raro el documento que no llevara ese sello, que se ponía en muchas ocasiones para indicar el conducto interno que debía seguir su comunicación y su contestación en su caso. Pero a pesar de su innegable importancia, procedencia y trascendencia política, militar o judicial, nada de aquello está hoy operativo, ni encierra un secreto de Estado.

La documentación conservada en el Archivo General Militar de Ávila es especialmente sensible a esta limitación, ya que guarda una buena parte de los fondos contemporáneos que en su momento fueron calificados de esta manera, que quedarían fuera de consulta aplicando la Ley de Secretos Oficiales de 1968 de forma retroactiva. Desde el punto de vista técnico, según han manifestado las asociaciones profesionales de archiveros, no tiene sentido ni base legal esta prohibición, que sobre todo se aleja del funcionamiento de otros archivos similares que permiten incluso acceder desde el ordenador de casa a miles de documentos con el mismo sello de secreto de otros ministerios o entidades oficiales. Desde el punto de vista de la investigación, supone un cierre y retroceso en ese proceso de apertura y modernización de los archivos militares que tanto han contribuido en mejorar el conocimiento de nuestro pasado reciente. Un conocimiento que no se construye sólo con datos esporádicos o documentos reservados. La entrada de equipos y grupos de investigación en esas salas de archivo, la incorporación de los ordenadores, de las bases de datos, y de los estudios comparados, en definitiva, han permitido renovar y ampliar temáticamente el estudio de los hombres y mujeres que sufrieron y protagonizaron la guerra civil y otros conflictos que han atravesado nuestra historia contemporánea. Esa es la riqueza incalculable que guardan estos archivos. Prueba de ello es la cantidad de ciudadanos anónimos que buscan todavía a sus familiares, de todos los bandos y pertenencias sociales e ideológicas, movilizados o desaparecidos, no solo en la guerra civil, sino en otros tantos conflictos: Cuba, Marruecos, el Sahara……y en muchas ocasiones, sobre todo en los casos de aquellos que sufrieron algún tipo de represalia, estos son los únicos lugares en los que encontrara alguna prueba documental que pueda dar fe de ellos. Son espacios únicos que mantienen el vínculo con sus familiares, con su pasado perdido y remoto.

Junto a ellos es frecuente encontrar a multitud de jóvenes investigadores, nacionales e internacionales, que realizan sus tesis doctorales lenta y detalladamente, o equipos de investigación que están acometiendo estudios de una naturaleza y envergadura difícilmente imaginables hace tan solo unos años. Todos ellos forman parte de un esfuerzo conjunto que refleja el interés por el conocimiento histórico y que están consiguiendo un cambio generacional fundamental para asentar la profesionalización y la renovación científica de todos esos estudios. La limitación del acceso a estos fondos, frenaría en seco este proceso y nos pondría de nuevo en la parrilla de salida de los años ochenta, precisamente, cuando los estudios de la guerra civil empezaban a renovarse e internacionalizarse. La rectificación de esta limitación, que el Estado Mayor hizo pública la tarde del pasado jueves 12 de abril, devolvía la tranquilidad a los investigadores. Los fondos documentales volvían a estar disponibles para su consulta en las mismas condiciones que habían estado en los últimos años, con independencia de la calificación que hubieran obtenido en su origen. Una vez más, ha quedado de manifiesto que la fragilidad de nuestra historia es similar a la de nuestra memoria. Mirar hacia el papel de los archivos militares exige una reflexión mucho más detenida pero igualmente abierta a muchos actores. Hoy puede decirse que la historiografía española es muy distinta de la de hace una décadas, y eso, se debe, sin duda, a la apertura de estos y otros archivos. Sigue pendiente, sin embargo, la tarea de conectar con la demanda de conocimiento sobre el pasado reciente de la sociedad española, que también reclama un mayor y mejor acceso a los archivos hasta ahora vedados y en peligro de permanecer así. Dos tipos de conocimiento, académico y social, pues, sobre los que se ha llevado a cabo el replanteamiento de las grandes cuestiones de nuestro pasado reciente que distan aún mucho de estar agotadas o resueltas.