Cada vez que se da un paso, por mínimo que sea, para avanzar en la protección del lobo en España, se crea una polémica a todas luces desproporcionada. El lobo es un superdepredador, un animal clave en nuestros ecosistemas a los que aporta múltiples beneficios, en forma de control de otras especies. Es, además, el símbolo de la fauna ibérica, pero el único de nuestros grandes mamíferos que no goza de protección. Por cierto, que llama la atención en estos tiempos de envolverse en banderas, que el lobo ibérico (Canis lupus signatus) es una subespecie de lobo endémica de la península ibérica. Sólo existe en nuestros campos y montes, y eso nos impone la responsabilidad de su conservación.

Para poner los hechos en su justa medida conviene recordar que el lobo no ha matado, ni herido, ni siquiera atacado a ninguna persona en España en décadas. Quizás en siglos. No puede decirse o mismo de otras actividades, cuyos responsables tanto claman contra el lobo: solamente la caza “deportiva”, por ejemplo, causó un total de al menos 51 muertos y 605 heridos en 2020 (no lo olvidemos, el año del confinamiento). ¿Han visto ustedes alguna polémica sobre los muertos en accidentes de caza en los medios de comunicación? Quizás hay que empezar a dimensionar los problemas en su justa medida, y el del lobo está muy, muy exagerado.

Con esto no estoy diciendo que el lobo no cause daños, que los causa. Sin duda es necesario hacer un diagnóstico correcto de los mismos, y buscar la mejor forma de solucionarlos. Y ello pasa por que las ayudas públicas vayan destinadas a apoyar esa convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva, que cada vez más ganaderos defienden.

Pero los problemas más graves de la ganadería extensiva son otros, y están ocurriendo sin polémica. Sin duda el más grave es el precio de los animales, muy afectados por la importación desde otros países. Mientras hablamos del lobo, nadie se refiere, por ejemplo, al Tratado UE-Mercosur, cuyo impacto puede ser grave en este sentido. O de las macrogranjas de ganadería intensiva que se extienden cada vez más imponiendo un modelo que acaba con las pequeñas ganaderías de ganado extensivo.

Nuestro país debería ser capaz de pagar las indemnizaciones por daños del lobo con rapidez (por cierto, competencia de las Comunidades Autónomas); de apoyar económicamente la presencia de mastines en las ganaderías y otras medidas de apoyo a los ganaderos contra el lobo. Es un precio mínimo a pagar por el mantenimiento de una especie. Es cuestión solo de voluntad política porque hablamos de cantidades pequeñas.

Por aclarar algunas cuestiones respecto a la polémica en torno a la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPE), conviene en primer lugar recordar que es consecuencia de un dictamen científico, y no una decisión arbitraria de administración alguna.

En contra de lo que se dice, la situación de la conservación del lobo en España es desfavorable. Su desaparición de Andalucía y Extremadura en los últimos años es un asunto silenciado, pero gravísimo para su futuro. Por otro lado la persecución del animal en el País vasco y la Rioja impide su expansión por aquellos territorios, lo cual limita esa repetida expansión ala que se produjo al sur del Duero hace ya bastantes años.

En todo caso es necesario poner al día la Estrategia Nacional del lobo, y también contra con censos más precisos que los actuales ya que el margen de discusión sobre las cifras de población es demasiado amplio. Y en ello también va la inclusión en el LESPE.

Nuestro país debe ser capaz de proteger a una especie emblemática, y avanzar en ese camino por más que haya algunos interesados en que no ocurra. Dejen de una vez vivir al lobo, que ganamos todos con ello.