Ayer fue un gran día para la justicia social: el anuncio de la Ley de la Vivienda es un paso inédito hacia la resolución del grave problema de acceso a un techo digno que históricamente no han atajado ni los gobiernos del PSOE ni del PP, ya sea en el ámbito nacional, autonómico o local. Y, como siempre que se produce una noticia beneficiosa para los que menos tienen, las élites tachan la medida de intervencionismo... como si el intervencionismo fuera malo.

A las pocas horas de comenzar a hacerse públicas las medidas de la nueva Ley de la Vivienda y sin ni siquiera conocerla en profundidad, la derecha se revolvía temerosa al ver amenazada su capacidad para seguir enriqueciéndose a costa de los más pobres. El Partido Popular (PP) hablaba de "ataque a la propiedad privada" y de "intervencionismo". No proponía, sin embargo, medidas alternativas para solucionar el grave problema habitacional en que está sumida España. De hecho, ni durante sus periodos en La Moncloa ni en sus gobiernos autonómicos de larga duración, como el de casi tres décadas de Madrid, la situación ha mejorado; ha ido a peor, cada vez más dramática para millones de hogares.

Es evidente que cuando la mayor parte de la riqueza está en manos de unos pocos, privando al resto de un techo digno, el derecho a la propiedad privada falla, en primer lugar, porque no todo el mundo lo puede disfrutar y, en segundo, porque daña a otro derecho más fundamental como es el de acceso a una vivienda digna. No parece, pues, que medidas que afectan a quienes tienen más de cuatro propiedades sea un ataque a la propiedad privada.

En cuanto al intervencionismo, la derecha, bien sea con el PP, la CEOE o el ruin presidente de Iberdrola, han vuelto a jugar con el lenguaje a su antojo. Cuando el Estado actúa para tratar de buscar un aumento de la justicia social que, por lo general, perjudica sus intereses económicos pues éstos se amasan a base de desigualdad, hablan de intervencionismo. Cuando el Estado tira de las arcas públicas para subvencionar los ERTEs, disparar las líneas de crédito ICO o cualquier otro tipo de ayuda empresarial, se arrima el hombro y, sencillamente, son ayudas. Hipócritas.

La Ley de la Vivienda crea el marco legal para que después Comunidades Autónomas y Ayuntamientos apliquen las medidas que favorezca el acceso a la vivienda. Parece más que evidente, y así lo han avanzado ya varios dirigentes populares, que allí donde gobierne el PP no se aplicarán estas medidas. Será entonces cuando la ciudadanía castigue en las urnas, cuando esa mayoría empobrecida asuma su responsabilidad política y social y, en lugar de actuar como una masa aborregada más propia de una hinchada de fútbol, tomen las riendas de sus propias vidas y exijan la justicia social de la que carecen. Ya no habrá más excusas.