El problema es que todos los desmanes que apadrina el Partido Popular nos resultan ya previsibles. Ni el escándalo del hospital de Torrejón, ni el de los cribados de mama en Andalucía, ni las andanzas de personajes como Alberto Quirón sorprenden ya a nadie. Estamos tan acostumbrados a las desconsideraciones, las faltas de respeto y el desprecio a la ciudadanía por parte del PP que la aparición de cada escándalo nuevo es solo una especie de certificado oficial de lo que se sospechaba de antemano, o de lo que mucha gente conocía pero nadie se atreve a difundir.  

Si votas derecha esto es lo que tienes, y si votas ultraderecha ya ni te cuento. Por eso resulta tan complicado de entender, al menos para mí, que haya gente pobre, víctima de un abuso tras otro, que piense que con las derechas les irá mejor. Los audios conocidos hace unos días sobre la gestión del hospital de Torrejón, donde un directivo proponía controlar el número de pacientes, reutilizar material de un solo uso como catéteres intravenosos y echaba a quien no lo obedecía son solo la punta de un escandaloso iceberg que sufren en sus propias carnes sobre todo los más débiles, aquellos que en los bares de su barrio hablan de echar a Pedro Sánchez o temen que los de Podemos les quiten el piso.

Madrid es el ejemplo más extremo, pero desgraciadamente no el único. En Móstoles, Alcorcón o Fuenlabrada, miles de personas de escaso desahogo económico hace tiempo que se rindieron y optaron por un seguro privado para aliviar sus urgencias a costa de sacrificar incluso necesidades mínimas. Desde los tiempos de Esperanza Aguirre hasta lo de la inefable Ayuso de ahora no han parado de ir poniéndoselo cada día más difícil, de machacarlos, y ni así dejan de echarle la culpa al Gobierno de la nación de los problemas que se encuentran cuando se ponen enfermos y no tienen más remedio que acudir a hospitales con bancos, firmas de capital riesgo y hasta fondos soberanos de países del Golfo en su Consejo de Administración.

El escándalo de los cribados de mama en Andalucía, con miles de mujeres afectadas por un sistema que no comunicó resultados a tiempo, tampoco parece haberles abierto los ojos a muchas de las familias afectadas ni a su entorno. Trasladaron desde la pública a la privada gestiones de alta sensibilidad y ese modelo por el que apuesta Moreno Bonilla es el que las está matando. Pues bien, aún así hay quienes piensan que la culpa de todos sus males es del "perro" de la Moncloa. Las competencias de Sanidad a las comunidades autónomas están completamente transferidas desde el año 2002 y todavía hay quien lo ignora, o se empeña en ignorarlo.

Desde entonces estamos sufriendo externalizaciones, recortes y decisiones que sitúan el ahorro de costes por encima de la salud de los pacientes. Esa es una de las señas de identidad del PP, que aplica a rajatabla en aquellas comunidades donde tienen nuestro destino en sus manos, pero para muchos de los perjudicados por esta manera de hacer las cosas resulta que la culpa de sus males es del Gobierno de la nación. Parece claro, pues, que la habilidad de las derechas para manipular el estado de ánimo de la ciudadanía media está resultando más eficaz no ya que la capacidad comunicativa de las izquierdas, sino incluso que la propia realidad.

En todos los territorios donde gobierna el Partido Popular los hospitales funcionan cada vez más como empresas que persiguen beneficios y dejan a un lado la regla básica: la salud como prioridad indiscutible. Aplicar criterios de mercado cuando alguien se está muriendo es un crimen, aquí no hay matices que valgan. Aún así les da igual, ya sea en Galicia, Valencia o Murcia. El patrón se repite siempre: se externaliza primero lo que parece menor, luego lo que es esencial, y al final se genera una dependencia económica del sector privado que convierte a la administración en rehén.

Lo que indigna es que esta manera de entender la sanidad haya acabado normalizándose. Y que, encima, el PP tenga la osadía de presentarse como defensor de lo "eficiente", lo "moderno" y lo "responsable". Eficiencia no es jugar con las listas de espera. Modernidad no es dejar decisiones clínicas en manos de gestores que calculan costes con ánimo de lucro. Responsabilidad no es externalizar servicios esenciales sin control público real. Llamar a eso "gestión" es un insulto a quienes trabajan en la sanidad pública y a quienes la necesitan.

Y para rematar la faena, ahí está la manera como demasiados medios de comunicación tratan estos escándalos. O mejor dicho, cómo deciden no tratarlos. Las televisiones autonómicas gobernadas por la derecha han optado por el silencio o por el maquillaje. Cuando estalla un escándalo sanitario, se cuenta lo justo tarde y minimizado. Tertulianos en nómina, por su parte, se dedican a colocar el argumentario oficial: que son casos aislados, que se está investigando, que el Gobierno central tiene la culpa, que todo funciona "con normalidad".

Ahora que Extremadura anda en campaña electoral conviene recordar todo esto más que nunca: lo que la derecha ultra ha demostrado allá donde gobierna, en la mayoría de los casos condicionada además por la ultraderecha y su intolerable desprecio a los derechos humanos, es que el modelo sanitario por el que apuestan no cuida, ni protege, ni fortalece; solo recorta, delega y debilita. Si aún así hay quien vota derecha teniendo problemas para llegar a fin de mes, apaga y vámonos.