Los profesionales del Hospital de Torrejón ya habían denunciado presiones para atender primero a los pacientes "rentables"
"Algunas jefaturas son presionadas para priorizar en la programación tanto de consultas externas como de las listas de espera quirúrgicas a los pacientes procedentes de otras áreas sanitarias", expusieron.

Los profesionales del hospital concertado de Torrejón de Ardoz ya habían denunciado el pasado mes de mayo presiones para que se atendiera antes a los pacientes más rentables. En un manifiesto, según publica la cadena Ser, los médicos apuntaban a "un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica».
"En alguno de los aspectos más escandalosos, algunas jefaturas de servicio son presionadas para priorizar en la programación tanto de consultas externas como de las listas de espera quirúrgicas a los pacientes procedentes de otras áreas sanitarias frente a la de Torrejón", se leía en su manifiesto, según El País.
La cuestión es que el Hospital de Torrejón está concertado con la empresa Ribera Salud, empresa privada propiedad del grupo francés Vivalto Santé. Cuando atiende a pacientes de su área de influencia, quienes viven cerca cobra el canon que anualmente le paga la Comunidad de Madrid, dinero que proviene de los impuestos. Pero si los usuarios acuden de otras zonas puede reclamar más dinero al Gobierno regional.
Así, en el manifiesto, los médicos denunciaban "una pérdida imparable de prestaciones basada exclusivamente en un presunto (y probablemente mal estimado) abaratamiento de costes para la empresa". "Esto es contrario a la equidad, pilar de nuestro Sistema Nacional de Salud”. La situación, así era, según los firmantes, unos 250 trabajadores, "insostenible desde los puntos de vista asistencial, laboral y ético".
También pedían los trabajadores que la empresa "evitase la diferenciación entre pacientes por motivos de rentabilidad empresarial, mediante el abandono, en cualquier prestación del Hospital".
Según la cadena Ser, el 13 de junio pasado, el Consejero Delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, quien ahora se ha apartado después de que El País publicase audios en los que, en una reunión el 25 de septiembre pasado, reclamó a los responsables del hospital a mejorar la cuenta de resultados, respondió con un correo electrónico a los firmantes.
"Estamos estudiando detenidamente el escrito y valorando las situaciones que denunciáis, así como las soluciones que proponéis", apuntaba, empero, Gallart en este mensaje del mes de junio.
"Estamos convencidos de que con el trabajo y el esfuerzo de todos los que formamos parte de este proyecto asistencial, vamos a ser capaces de mejorar y volver a posicionar el Hospital como un referente en la Comunidad de Madrid, tal y como nuestros pacientes demandan y los profesionales os merecéis. Os mantendremos informados al respecto", terminaba su mail.
Por otra parte, El País detalla este viernes que una de las instrucciones que se dieron para aumentar los beneficios fue la reutilización de productos sanitarios de un solo uso. Así, explica el rotativo "lo denunciaron en el canal ético interno los directivos que fueron despedidos y así consta en documentación a la que ha tenido acceso el periódico, aunque una portavoz del Grupo Ribera Salud, empresa que gestiona el hospital, niega que esta práctica se realice".
El PSOE lo lleva a la UE
El eurodiputado socialista José Cepeda ha trasladado a la Comisión Europea una pregunta formal para que el Ejecutivo comunitario analice si el supuesto rechazo de pacientes "no rentables" vulnera las obligaciones europeas en materia de protección de la salud.
En la misiva, también firmada por la eurodiputada madrileña Hana Jalloul y por los miembros de la comisión de Salud Pública de la Eurocámara Nicolás González Casares y Leire Pajín, los socialistas piden a la Comisión que se pronuncie sobre si estas prácticas podrían ser incompatibles con la normativa europea de protección de la salud.
Asimismo, solicitan que Bruselas determine si el despido de quienes denunciaron estas presuntas irregularidades contraviene el Derecho de la Unión y si prevé pedir información al Gobierno regional, responsable de la gestión del hospital, para esclarecer los hechos.

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