El acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha saltado por los aires. Lo han dinamitado Isabel Díaz Ayuso y sus secuaces, menoscabando con ello la figura de Alberto Núñez Feijóo, que tanto en el seno del PP como en la opinión pública ha quedado reducido a títere. Más allá de la falta de liderazgo del principal partido de la oposición, ¿por qué le interesa tanto a la derecha endurecer el delito de sedición? Nada tiene que ver la unidad de España.

Tal y como determina el Código Penal, el delito de sedición se aplica a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público". Dicho de otro modo, cualquier acto de desobediencia civil podría encajar en esta definición.

El pretexto utilizado por la derecha para querer endurecer las penas por este delito es la unidad de España, aferrándose como a un clavo ardiendo a lo sucedido en Catalunya. Sin embargo, hay mucho más detrás de esa estrategia represora, ese afán por aplastar a quienes se alcen contra medidas legales, pero no legítimas. Bajo el discurso de libertad de Ayuso se esconden ansias por acabar con quien se atreva a cuestionar su modelo de convivencia desigual, sus privilegios a una minoría a costa de la mayoría.

Dado que Ayuso es la principal impulsora del incumplimiento de la Constitución por parte del PP, bien merece que se analice su modelo de gobierno. La Comunidad de Madrid estableció en pandemia un protocolo aniquilador que terminó condenando a muerte a decenas de miles de mayores en las residencias. No satisfecha con la masacre, el siguiente movimiento dos años después ha sido despreciar el dolor de sus familias, dando por asumida y olvidada su pérdida.

Ayuso baja los impuestos a la minoría privilegiada mientras quienes con más esfuerzo llegan a fin de mes -si es que llegan- son quienes llevan el peso de la economía. La mano fiscal de Ayuso aprieta hasta la asfixia, soltando intermitentemente para dejar pasar algo de aire, pues de otro modo acabaría con la verdadera gallina de los huevos de oro.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está desmantelando a pasos agigantados el estado de bienestar, con una sanidad pública en los huesos, disparando la mortandad en función del código postal en el que se viva. El cierre de centros de salud, la raquítica inversión destinada a sanidad, que está a la cola del resto de comunidades autónomas, obliga a las personas a buscar salvavidas en el sector privado y, si no se cuenta con medios, perecer.

Lo mismo sucede con la educación, cuya falta de inversión y el desvío de partidas presupuestarias a la concertada, a la privada encubierta que impone su modelo religioso, rompe el ascensor social, imposibilitando la oportunidad de formarse para escalar a los estratos desde los que es posible revertir tan injusta situación.

Madrid se puede convertir en un polvorín, con las clases populares despertando de su letargo, percatándose de que las promesas de su presidenta eran huecas, que sus políticas atenazan cada vez más sus escasas alegrías... que el aire ya apenas pasa, que la presión no cede... Y llegado ese punto, Ayuso y sus secuaces quieren aplastar a quien alce la voz. Su partido ya impuso una ley mordaza -que este gobierno lamentablemente aún no ha derogado- capaz de multar al Premio Pulitzer Javier Bauluz por mostrar al mundo la llegada de migrantes en Canarias.

Un simple acto de desobediencia civil contra una de sus políticas, como los protocolos de la muerte en residencias, podría considerarse sedición y, al hacerlo, encarcelar a quien se atreva a protestar, encerrar y acallar a quienes reclamen justicia social yendo más allá del derecho de manifestación o huelga (ambos derechos que Ayuso también tiene en su punto de mira para cercenarlos).

Para lograr esta medida represora que retrotrae peligrosamente a España a tiempos de la dictadura, no era necesario dinamitar la renovación del CGPJ, pero en vísperas de año electoral, Ayuso busca tener su estrategia atada y bien atada, sellando las brechas por las que pueda filtrar cualquier reclamo de justicia social, de verdadera libertad. Eso y no la unidad de España, que ella resquebraja con la creciente desigualdad que impone, es lo que se esconde tras el delito de sedición.