La deriva autoritaria de la democracia estadounidense estaba anunciada desde que se produjo el gravísimo incidente del asalto al Capitolio por una horda azuzada por Donald Trump, que alentó y justificó la ruptura de las reglas que deben regir una sociedad democrática. Corre peligro el modelo que construyeron los fundadores de un sistema envidiado, en su tiempo, por otras sociedades y países.  

El profesor Adam Przeworski, nacido en Polonia en el año 1940, es uno de los principales teóricos y analistas de temas relacionados con la democracia y la economía política. Actualmente tiene nacionalidad estadounidense y es profesor titular de la Universidad de Nueva York.  

El profesor Sánchez Cuenca nos ha recordado recientemente el enorme interés que despierta el diario que empezó a escribir en febrero de este año sobre la segunda presidencia de Donald Trump. En estas notas, Przeworski analiza los acontecimientos, día a día, sin ocultar, en ningún momento, el desconcierto y la angustia que estos le producen, tanto intelectual como personalmente. Como él mismo explica, nació en la dictadura comunista de Polonia y nada le gustaría menos que acabar viviendo en un nuevo régimen autocrático. Según sus cálculos, la probabilidad de que la democracia se venga abajo en Estados Unidos es infinitesimal. Sin embargo, las decisiones de Trump están siendo tan extremas y agresivas que Przeworski ha abrazado una visión lúgubre sobre el futuro de la democracia norteamericana.   

En España estamos viviendo la irrupción de unas corrientes políticas, encabezadas por Vox y replicadas por el PP, que aplauden y quieren importar la ruptura democrática de Trump, pero adaptada a nuestras específicas circunstancias políticas. No debemos olvidar que nuestro sistema político es heredero de una larga y sangrienta dictadura que se transmuta, de ley a ley, como sostuvo con razón Torcuato Fernández-Miranda, en una Constitución en la que se incrustan algunos rescoldos de la dictadura, como encomendar a las fuerzas armadas la defensa del ordenamiento constitucional.  

En España nunca hemos tenido una derecha democrática, equiparable a las que se alternan en los gobiernos de muchos países de la Unión Europea. En estos momentos, el PP, alentado por la ola reaccionaria, ya anuncia que, si llega al poder, previsiblemente por una alianza con Vox, se propone abolir diez leyes vigentes y promocionar otras veinte que están atascadas en el Senado.  

Sus propósitos están claros. Los justifican tachando a esas leyes de socialistas cuando son el producto de una mayoría parlamentaria pluralista. No hubieran salido adelante sin el apoyo de otros grupos parlamentarios de muy diverso signo ideológico.  

Algunas de las demoliciones legislativas anunciadas por el PP ya se han puesto en marcha en las comunidades autónomas en las que gobierna en alianza o con el apoyo de Vox. La matemática parlamentaria les servirá de palanca para desmontar los valores y principios que constituyen la esencia de la democracia. 

Muchas de las medidas se asemejan a las que, como hemos dicho, angustian al profesor polaco. En materia económica, pasan por liberar de las cargas fiscales a los ricos para aumentar, todavía más, sus ingresos, en detrimento de la solidaridad tributaria y de los servicios y prestaciones sociales, piedra angular para que podamos seguir hablando de un Estado social y democrático de derecho. 

De momento, ya no son necesarios golpes militares violentos contra la democracia; basta con utilizar las mayorías parlamentarias, la connivencia de los sectores financieros e industriales y la colaboración de ciertas instancias judiciales para conseguir sus objetivos, que no son otros que eliminar la posibilidad de la disidencia pluralista y la implantación de la autocracia. 

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Para alcanzar estas metas es necesario crear un clima de polarización política que ha alcanzado niveles obscenos. El adversario político, en este caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es un antagonista ideológico; es un ser deshumanizado al que se descalifica personalmente y se presenta, ante la opinión pública, como un compendio de todos los males sin mezcla de bien alguno. Se ha llegado hasta extremos tan grotescos e incluso hilarantes como el del "bombero torero" con una bandera española en la que se podía leer: Pedro Sánchez a prisión. Si todo el esfuerzo dialéctico pasase por actuaciones tan extravagantes, podríamos albergar alguna ilusión, pero los tiros van en otras direcciones. 

La sólida alianza entre Vox y el PP se ha puesto de manifiesto, a pesar de una aparente ruptura de coaliciones de gobierno, en algunos acontecimientos que voy a simplificar. Sus recortes en políticas sociales se complementan con una retirada de subvenciones a proyectos de asistencia a los inmigrantes y asociaciones memorialistas, destinando las subvenciones a las escuelas de tauromaquia y a compensar las pérdidas de los espectáculos taurinos. 

Para no atragantarnos ante la avalancha reformista, vayamos por partes. Proponen derogar la ley de amnistía. No tienen en cuenta que no es una ley, sino una institución que se utiliza en circunstancias políticas excepcionales. Ninguna Constitución democrática prohíbe las amnistías y algunas, como las de Portugal y Francia, las constitucionalizan. Cuidado, señor Feijóo, no vaya a ser que la necesite. 

Proponen derogar los que llaman "cupos separatistas", desconociendo su raigambre histórica e ignorando que han ayudado al desarrollo económico de las autonomías tradicionales que han acogido a cientos de miles de conciudadanos que buscaban su bienestar en esas zonas. Huyendo de la miseria propiciada por las políticas oligárquicas de los caciques tradicionales. 

Respecto de las leyes trans, como sucedió con la del divorcio, les sugiero que reflexionen. No son incompatibles con la militancia en su partido político. Estamos de acuerdo en la modificación de la ley de seguridad ciudadana, pero no en el sentido restrictivo que proponen, sino en la eliminación de supuestos sancionadores que chocan frontalmente con la libertad de expresión y otros derechos ciudadanos. Los okupas existen, pero son un problema infinitesimal que ha sido magnificado, con éxito, por las compañías aseguradoras que ofrecen sistemas de protección caros e ineficaces. 

También tienen otros proyectos, como enviar a la Armada para detener a los cayucos de inmigrantes o emplear al Ejército para apagar los incendios forestales. Se nota que los estrategas que han diseñado estos planes no estaban en su mejor momento. 

Me preocupa su obsesión por la derogación de la Ley de Memoria democrática. No se puede concordar un sistema democrático de libertades, como fue la II República, con una dictadura sanguinaria.  

Soplan malos vientos, pero los que creemos en la libertad y la igualdad de todos los seres humanos no podemos resignarnos ni rendirnos ante esta ola reaccionaria. Debemos alertar sobre los males que amenazan los derechos y libertades. Me dirijo a las generaciones que van a tener en sus manos el futuro. Comprendo que estén desilusionados con el presente, pero la alternativa a la democracia, como en su día dijo Winston Churchill, es mucho peor. Me permito rememorar el Bando del Alcalde de Móstoles, ante la invasión napoleónica: ¡La democracia está en peligro, tenemos la obligación de defenderla!