Diez años de un grito colectivo: 'Yo Sí Te Creo'

Se cumple una década de la violación en Sanfermines de una mujer de 18 años por parte de cinco hombres que, tras denunciar la joven, fueron detenidos y juzgados ante la atenta mirada de una opinión pública sensible a la presión del movimiento feminista. 

Los cinco hombres compartían un chat al que llamaban La manada y, sin embargo, me voy a referir a este caso como el de los Sanfermines para evitar darle protagonismo a la fratría que José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero habían decidido integrar para alardear y cultivar una visión pornificada del sexo en la que el placer importaba mucho menos que el poder, y en la que las mujeres eran, como demostró el caso de los Sanfermines o la agresión previa a otra joven de Pozoblanco, un simple objeto.

Creo que importa menos la fratría en sí, especialmente con la perspectiva del tiempo, que el clima y la cultura que alentaron su comportamiento. Aunque la violencia que los cinco hombres ejercieron sobre su víctima tuvo un marco ritual, éste vino determinado por algo mucho más prosaico y a la vez complejo que lo que la expresión manada pueda connotar. El contexto y la justificación de las acciones de estos cinco hijos más o menos sanos del patriarcado no fue otro que el patriarcado mismo, es decir, un orden social afectado por el género en el que las mujeres ocupan una posición de subalternidad. 

Los cinco hombres del caso de los Sanfermines ejemplificaban la vigencia de la cultura de la violación, expresión tomada de la segunda ola feminista con la que nos referimos a toda una serie de comportamientos sociales basados en representaciones de la mujer, la sexualidad y el género que hacen que nuestros cuerpos estén disponibles para que los hombres verifiquen en ellos su poder.

La identificación y detención de los cinco hombres del caso de los Sanfermines fue muy rápida. Con la misma celeridad reaccionó la sociedad pamplonica ante lo sucedido expresando de forma masiva su repulsa. Se dijo de las concentraciones que tuvieron lugar el 7 de julio (un día después de la agresión) que habían sido espontáneas, pero no. La reacción social ante lo ocurrido se había fraguado gracias al trabajo de largo aliento del movimiento feminista. Recordemos que dos años antes las feministas habían puesto en marcha el Tren de la Libertad, una acción concertada (nacida en Asturias y extendida al conjunto del Estado), con la que se logró paralizar la reforma de la ley del aborto que trató de llevar a cabo el ministro Gallardón.

Pero además, las feministas en Pamplona venían de gestionar una experiencia traumática, un tremendo dolor colectivo como resultado del asesinato de Nagore Laffage, la joven estudiante de Enfermería a la que el médico psiquiatra José Diego Yllanes Vizcay le arrebató la vida en otros Sanfermines, los de 2008. Y venían también de organizarse a través de iniciativas como la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista o de la celebración de marchas nocturnas para denunciar las violencias como las que promovió el colectivo Farrukas bajo el lema “El miedo va a cambiar de bando”, en las que se hacía un llamamiento al empoderamiento de las mujeres en las fiestas y a la autodefensa. 

Desde mucho antes de 2016, las feministas navarras estaban organizadas porque sabían que era perentorio hacer frente a la violencia sexual, última ratio de las violencias machistas. Por eso la agresión del 6 de julio generó tanta consternación como frustración. Las mujeres feministas habían trabajado para evitar situaciones como la que ocurrió. ¿Qué había fallado?

El problema entonces, como ahora, radica no solo en generar los discursos y las pedagogías sociales con los que afrontar estas violencias, sino también en lograr que se crea a las víctimas y supervivientes cuando denuncian y en garantizar que puedan hacerlo donde consideren que recibirán la ayuda, el acompañamiento y la reparación que necesitan; bien sea ante miembros de su círculo familiar y social, antes asociaciones, ante la Policía o ante el sistema de justicia institucional.

La madre de Nagore, Asun Casasola, recuerda en la película documental No estás sola cómo durante el juicio al asesino de su hija, el jurado popular le trasladó una única pregunta: ¿era Nagore ligona?, poniendo de esta manera el foco en la víctima. Yllanes alegó que Nagore le malinterpretó, que entendió sus aproximaciones como una imposición y que al darse cuenta de que ella entraba en pánico perdió los estribos y la mató. El médico fue reconocido culpable de homicidio, no de asesinato, porque el jurado creyó su versión.

La historia de la superviviente de los Sanfermines de 2016 es, como la de Nagore y su entorno, inicialmente una historia de revictimización. Antes de llegar al Supremo, la víctima recibió una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que determinaba, aplicando el código penal entonces en vigor, que la violencia que había recibido era abuso y no agresión. Es decir, que no había habido violación a pesar de que la víctima manifestaba no haber prestado consentimiento a los cinco hombres que la retuvieron, la agredieron y humillaron y terminaron por dejarla abandonada en el portal tras robarle el móvil.

Sin embargo, la sentencia no daba credibilidad a la denunciante, quien aseguraba que al verse rodeada en un espacio claustrofóbico por cinco hombres corpulentos y mayores que ella, que la requerían sexualmente en términos imperativos, con instrucciones violentas y cortantes, se había sometido presa de un estado de shock. Lo que había ocurrido en ese portal, según el testimonio de la víctima que la acusación respaldaba con el vídeo de la agresión, era pura violencia, no un abuso, sino una violación. Pero la Audiencia no le dio la razón.

Además, uno de los tres magistrados emitió un voto particular en el que manifestaba su oposición a condenar a los acusados porque, según él infería del vídeo, la escena parecía responder a un intercambio sexual libre y consentido, en sus propios términos, a una situación de “jolgorio y regocijo”. Con el abogado de la defensa Agustín Martínez Becerra paseándose por los platós de televisión y el voto particular del juez Ricardo González avalando el cuestionamiento de la denunciante, quienes entonces igual que ahora hacían pública gala de su misoginia se esforzaron por amplificar el descrédito de la víctima con la ayuda inestimable de los medios de comunicación. 

La denunciante fue cuestionada como víctima, es decir, revictimizada, porque, según los códigos misóginos al uso, no actuaba como se esperaba que lo hiciera. No lo habría hecho durante la agresión, al no oponer una resistencia activa, y no lo habría hecho durante el proceso judicial. Recordemos que se le puso un detective y que se la criticó por seguir saliendo de fiesta con sus amigas. Aunque con tremendas dificultades y heridas, la víctima continuaba con su vida en contra de la expectativa de quienes pensaban que tras una violación las mujeres deben ocultarse del mundo y -en el fondo es lo que subyace a esa idea- purgar la vergüenza y asumir parte de la responsabilidad.

El respaldo de los feminismos continuó en forma de  movilizaciones contra la sentencia de la Audiencia Provincial que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, entre tanto, se desencadenó el MeToo.

Desde al menos 2017 las mujeres de todo el mundo disputaron el sentido común en las redes sociales a través de los testimonios de violencia. Con el intercambio y la verbalización de sus experiencias se puso de manifiesto el carácter estructural de las violencias, el alcance interracial y la permeabilidad de todas las clases sociales a esta forma de abuso de poder que atenta contra la libertad sexual de las mujeres, contra su dignidad y contra su identidad. Si bien en la segunda ola ya se había hablado y teorizado la existencia de la cultura de la violación, las redes sociales aceleraron en esta tercera ola feminista un cambio dirigido a señalar que las violencia sexuales no pueden seguir formando parte de nuestra normalidad y que mientras existan no será posible la convivencia. Se rompió el silencio. Las mujeres hablaron, se alentaron entre ellas, se dijeron las unas a las otras YoSíTeCreo o, más tarde, Cuéntalo.

El movimiento testimonial supuso una verdadera revolución, un punto de inflexión sostenido en el tiempo que dio lugar a un nuevo consenso: del no es no pasamos al solo sí es sí y al aterrizaje del paradigma del consentimiento en una nueva ley que vino acompañada de un debate tristemente simplificador y crispado tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Con la popularidad en aumento de los discursos de la extrema derecha, llegaría también un creciente rechazo social al feminismo -no así a la idea de igualdad- contra el que los reaccionarios han dado a conciencia su correspondiente batalla cultural.

Y las acusaciones de “haber llegado demasiado lejos” fueron naturalizadas sin más problema por el CIS que, tras aquella mención de Pedro Sánchez a sus amigos de cuarenta años, comenzó a preguntar si el reconocimiento de derechos a las mujeres estaba provocando la discriminación de los hombres. Últimamente, además, se responsabiliza también al feminismo de la derechización de los varones jóvenes, otorgándole un papel más relevante, según parece, que a la precariedad laboral, la inestabilidad económica y la falta de horizontes.

El feminismo ha pasado del mainstream, de la camiseta de Zara y las películas de Disney a sufrir casi una suerte de proscripción. Especialmente desde el momento en que se lo utiliza como espantajo para distraer la atención de problemas sociales de gravedad, o se incide en debates más especulativos que políticos como los que rodean al velo. Las divisiones internas motivadas por la existencia de posturas transcluyentes que remedan la lesbofobia de los setenta han debilitado a un movimiento que, por lo demás, sigue en pie defendiendo derechos y generando espacios de socialización y politización para las más jóvenes. Eso solo ya es un éxito.

Sin embargo, no se pueden pasar por alto algunas reacciones y tendencias que han terminado por generar consecuencias indeseables, como por ejemplo la intensificación del punitivismo como respuesta a las violencias sexuales o la difusión de la desconfianza y el pánico social como marco desde el que observar las relaciones de las mujeres con los hombres y, en general, como limitación para la presencia en el espacio público de las más jóvenes. 

En mi opinión, convendría seguir trabajando en un feminismo más volcado en lograr formas de justicia (penal y no penal) que realmente compensen los daños que provocan las violencias sexuales, en educar a las mujeres en el apoyo mutuo y la autodefensa y en buscar la manera de llegar a los hombres jóvenes seducidos por los cantos de sirena de la manosfera.

Pero además, las feministas tenemos que seguir insistiendo, y en este punto los medios de comunicación jugamos un papel fundamental, en la credibilidad de las mujeres. Exigir algo así no equivale a decir que hay que creer a todas las mujeres, sino a que todas las mujeres merecen ser escuchadas, a que sus testimonios no deben ser invalidados por el hecho de ser mujeres. Este sesgo, tan presente en la justicia, es el reflejo de lo que ocurre en la propia sociedad. Lo vimos con las primeras sentencias del caso de los Sanfermines y lo seguimos viendo diez años más tarde. Cuando María Eugenia Prendes, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, afirmaba hace unos meses que “el 100% de las mujeres que han denunciado una violación no la volvería a denunciar”, ¿en qué lugar deja esto a nuestro sistema judicial? ¿Y en qué lugar a una sociedad que revictimiza y desprotege de esta manera a las mujeres que denuncian violencias?

Al introducir discursos transformadores que pugnaban por generar un nuevo sentido común cristalizado en consignas como MeeToo o YoSíTeCreo, se buscaba resquebrajar un poder apabullante que ha privado históricamente a las mujeres de algo tan necesario para erigirse en sujetos independientes como es la credibilidad. La credibilidad nos dignifica y nos separa de cualquier intento de tutela; sin ella las mujeres seguiremos estando en una posición social de minoridad.

Precisamente para garantizar esa posición de minoridad, con su reverso en el privilegio masculino, la ola ultra que ha barrido el mundo en esta última década ha seguido jugando la baza de que las mujeres mienten, de que las denuncias son falsas y los testimonios acciones individuales de venganza. El negacionismo de la violencia machista por parte de las derechas convive ahora con la queja que muchos hombres, a menudo de izquierdas, emiten por lo que consideran que son persecuciones interesadas o desproporcionadas y contra lo que denominan “cancelación”. 

Al margen de la instrumentalización de los testimonios de violencia que se haya podido hacer en casos muy concretos, por mi parte al menos creo que la preocupación que debemos albergar a ese respecto trasciende las historias particulares y debe centrarse en la manera de evitar los excesos punitivos, como dije, y la difusión de discursos de pánico social y guerra de sexos. Tenemos que imaginar un feminismo que evite caer en este tipo de errores y que contenga la ofensiva de los ultras para privarnos de derechos.

Las feministas debemos seguir exigiendo credibilidad, autonomía y derechos. Debemos seguir aprendiendo y defendiéndonos. El balance de la última década es positivo aunque, como siempre en la historia de los feminismos, la lucha no haya hecho más que comenzar.