Por Óscar Pantoja, miembro de La Comuna.

Pocas veces un asesinato con múltiples agravantes pero con el asesino detenido y confeso ha causado un aluvión de noticias como el caso Diana Quer (DQ) Sin embargo, tantas noticias no han conseguido aclarar infinidad de puntos oscuros sino al revés: lo que han generado es despertar muchísimos interrogantes. De estos últimos, quizá el más llamativo sea: ¿cómo explicar que el ‘principal sospechoso’ estuviera vigilado desde noviembre de 2017 -más de un año después de haber perpetrado su crimen- y, sin embargo, estuvo a punto de cometer un gravísimo segundo atentado? Punto aún más incomprensible sabiendo que el criminal es un delincuente de baja estofa en cuya ficha ya constaban seis antecedentes por tráfico de drogas, violación, lesiones, conducir sin carné –dos veces- y hurto.

A nuestro juicio, ese interrogante y muchos más de los que se han aireado en los medios se explican sencillamente porque el sr. Abuin Gey (AG) es un chivato y todos sabemos que los chotas (en otras jergas chupas, indic’, grass) mantienen unas relaciones especiales con las “fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” –por cierto, ¿cuándo llegarán a ser de seguridad ciudadana?. Asimismo, todos sabemos también que sin soplones, la mayoría de los delitos ni siquiera llegarían a ser conocidos y que, además, la efectividad de las policías sería menos que nula. Socialmente hablando, es obvio que los chivatos abundan entre el lumpen y escasean entre las clases altas, de ahí que la mayoría de los delitos económicos pasen desapercibidos.

Otrosí, que AG es un chivato lo demuestra que, habiendo sido detenido en el lejanísimo año de 2007 con 19 kgs. de cocaína y posteriormente condenado en firme a 2 años y 6 meses y una multa de 300.000 euros, todavía no hubiera ingresado en prisión. Dos años y medio eternamente postergados, ¿no es una pena menor de lo habitual? Lo es pero la benignidad del tribunal quizá se deba a que AG denunció a sus colegas del clan Os Fanchos, incluyendo a un tío suyo. Es decir, que AG pertenece a una categoría superior de la chivatería: aquella que no se detiene ni siquiera ante la familia. Estas psicopatologías empiezan a manifestarse violando a cuñadas –uno de los primeros delitos ‘menores’ conocidos de AG- pero, cuando se aíslan de la Famiglia, entonces se disparan hasta el asesinato y la violación de desconocidas. O los asesinatos y las violaciones porque no sabemos si es aún más culpable de lo que ya es.

Las amistades peligrosas entre policías y chivatos están en la raíz de la gravísima irresponsabilidad que supuso olvidarse de que AG era un peligro público. Este error estuvo a punto de ser pagado por una inocente: “la chica de Boiro” que logró escapar del asalto de AG, anotar su matrícula y obligar a las mentadas “fuerzas y cuerpos” a entender que AG debía ser eliminado de su lista de recursos humanos –léase, chivatos.

Por ello, ahora me pregunto si “la chica de Boiro” cumplió el papel de cebo; por supuesto, involuntariamente por su parte y por la parte policial. Y es que su peripecia –que deseo no la haya dejado más traumas que los enormes inherentes al delito sufrido- me ha recordado El Cebo (Ladislao Vajda, 1958), una escalofriante película hiper-realista en la que, para capturar al asesino de una niña, a un comisario suizo no se le ocurre mejor idea que poner de cebo a la hijita de su patrona; el psicópata –representado por un enorme Gert Froebe- a punto está de consumar su segunda fechoría pero el honor de la policía se salva gracias a que el comisario perpetra su irresponsabilidad… mientras está en seudo-excedencia.

Aspectos histórico-leguleyos

El caso DQ no está clasificado legalmente como ‘violencia de género’ porque la nueva ley sólo contempla los supuestos de que el delito haya sido cometido por la pareja o ex pareja de la mujer violentada y como en este caso el asesino no conocía de nada a DQ... pues su delito no engrosa la estadística de las mujeres asesinadas. Lo cual me recuerda que la Ley de Memoria Histórica no señala ninguna indemnización para los fusilados por los franquistas puesto que no llegaron a cumplir los años de prisión que estipula la susodicha ley.

Item más, puesto en el (odioso) papel de abogado del diablo, me pregunto: ¿estamos seguros de que se están cumpliendo las garantías procesales que exige la presunción de inocencia? Por parte del Estado quizá sí quizá no pero, ¿y los medios de comunicación?, ¿acaso el Estado no tiene modo de encauzarlos para que eduquen y no exciten el morbo del populacho? Pregunta retórica puesto que el Estado apoya la creación del miedo y el morbo. Además, aunque el asesino haya confesado su delito, ¿es necesario repetir hasta la saciedad que se apoda El Chicle? Su crimen no se analiza ni se agrava con semejante burla sino al revés: el apodo lo convierte subliminalmente en una chiquillada. Por cierto, ¿es la policía quién le llamaba o llama así? Lo pregunto porque estoy harto de ver cómo un presunto delincuente es juzgado por su mote y que ese mote sea tan extravagante como, por ejemplo, el de Dolores C., aquella resistente al franquismo a la que la Brigada Política-Social condenó denigrándola como alias Lola.

Aspectos policíacos

Yo comprendo que las “fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” (CNI incluido) estaban escocidas por el clamoroso fallo en detectar las miles de urnas del referéndum en Catalunya; una demostración más de que, si no hay chivatos, “la policía es tonta”. Pero eso no autoriza a que, en el caso DQ, el jefe de la UCO haya salido hasta en la sopa televisiva para ponerse una medalla turbia que, desde luego, palidece ante la colosal ignorancia frente al patinazo de las urnas catalanas.

Y, sobre todo, no ayuda a la tranquilidad ciudadana que el susodicho Jefe, Manuel Sánchez Corbí (MSC), sea un guardia civil condenado por torturas perpetradas en 1992 a Kepa Urra. La foto de la cara de Urra, deformada y con los ojos negros e hinchados hasta la ceguera, es un testimonio inapelable que circula por internet. Por la memoria popular y por el sumario judicial sabemos que Urra sobrevivió a las primeras torturas gracias a que fue llevado in extremis al hospital y doblemente salvado por el médico de guardia cuando dos guardias civiles pretendieron continuar torturándolo ¡en la habitación del hospital!

Es menos conocido que Diego Pérez de los Cobos -en 2017 impuesto como Jefe de los Mossos-, también estuvo investigado en el primer expediente Urra aunque finalmente fue absuelto. Pero, siempre subrayaremos que, en ese mismo proceso, MSC fue condenado a 4 años de prisión y 6 de inhabilitación. Bajo el mandato de Felipe González, vio su pena reducida considerablemente y, para remate, fue indultado por Aznar –y elevado a las alturas de mando. Por ende, podemos decir sin temor a las represalias judiciales que, en el caso DQ, el juego está entre torturadores limpiados y por limpiar.