La doble invasión de Ceuta

Para abordar lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio es imprescindible partir de las cifras de personas que accedieron a la ciudad en esas dos jornadas: 80.000, según el presidente de la Comunidad Autónoma y 70.000 según el presidente del Gobierno, y ninguna de las dos cifras ha sido cuestionada. Tampoco el dato de que solo el 10% permaneció en la ciudad, luego esta era la contingencia real a la que tenía que hacer frente el Estado español desde todos sus elementos componentes: comunidades autónomas y ayuntamientos sin descartar la colaboración leal de todos los partidos políticos hasta que se hubiese restaurado la normalidad. No era el tiempo del oportunismo político electoral y mucho menos de sembrar el odio y la confrontación.

La situación de Ceuta y Melilla, en el marco de los tratados que rigen la Unión Europea, no tuvo una declaración clara y rotunda en el Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea (1986). Contiene algunas reservas sobre el régimen aduanero, política agraria y de pesca, así como existen variaciones sobre el espacio Schengen. Los Estatutos de 1995 consagran definitivamente su españolidad, por lo que las tradicionales reivindicaciones de Marruecos no creo que hayan motivado los acontecimientos que hemos vivido.

En mi opinión concurren otros factores que tienen su origen en las condenas del Gobierno español ante el genocidio de Gaza y la política de regularización de migrantes en situación irregular. La primera irrita a Israel y la segunda a Estados Unidos y una gran parte de la Unión Europea. Me parece elocuente la declaración de Elon Musk advirtiendo de que, si gobernasen los demócratas, esa sería su política migratoria.

Se trataba de teatralizar, en vivo y en directo, una movilización gigantesca que llamase la atención mundial sobre los peligros de la política española. Las redes sociales manejadas por el magnate estadounidense, amplificadas por Israel y seguramente por Rusia, en su afán de desestabilizar Europa, difundieron la noticia de que las puertas de Europa estaban abiertas si se conseguía entrar en Ceuta. El mensaje motivó tal grado de movilización que las mismas autoridades marroquíes decidieron encauzarlo ante la tragedia que supondría la entrada y permanencia en una ciudad de 83.000 habitantes por una masa humana que duplicaría la población. Eso explica la presencia de agentes marroquíes que organizaron la marcha advirtiendo de que la inmensa mayoría tendría que salir de la ciudad en un recorrido de ida y vuelta. Parece que las previsiones se cumplieron y que los que permanecieron tenían el propósito de acogerse a las leyes españolas de extranjería sobre los menores no acompañados y los subsaharianos o de otros países africanos.

Esta es la cuestión que tendrán que dilucidar los gobiernos de España y Marruecos. No obstante, su número ocasionó graves disfunciones que tuvo que afrontar en solitario el Gobierno español. En cualquier país con sólidas convicciones democráticas, al margen de las ideologías partidistas, la oposición hubiera cerrado filas con el Gobierno para solucionar cuanto antes la crisis. Conocemos a la derecha extrema y a la extrema derecha, obsesionados por llegar al poder por cualquier vía, pero lejos de solidarizarse como hizo la oposición portuguesa con motivo de la pandemia, ponen en marcha una segunda invasión con un gran despliegue de políticos y medios de comunicación con el único objetivo de sembrar el odio y la confrontación.

El reciente pleno del Congreso de los Diputados ha puesto al desnudo sus pretensiones: se trataba de pedir la dimisión del Gobierno, la convocatoria de elecciones y la celebración de un aquelarre judicial que terminaría con la condena por traición a la patria de Pedro Sánchez y algunos más. El espectáculo es triste y esperpéntico, pero vistos los antecedentes nada se puede descartar. La intervención de la Audiencia Nacional para judicializar un conflicto internacional no es un buen augurio. Estamos a la espera de que la oposición nos ofrezca un plan para reforzar la intangibilidad de Ceuta y Melilla y garantizar su seguridad en el seno de la Unión Europea.

El 23 de mayo de 2027 se celebran elecciones autonómicas y municipales. Será interesante comprobar cuál es la respuesta de los habitantes ceutíes (caballas) ante todo lo que han sufrido. El resto, hasta las elecciones generales, depende del grado de sensibilidad democrática de los ciudadanos y de su movilización. Está en juego la democracia. La internacional reaccionaria y antidemocrática avanza peligrosamente y tenemos la obligación de pararla en las urnas. Nos jugamos la subsistencia de una sociedad democrática, solidaria y tolerante. La alternativa es volver a un pasado que solo trajo autoritarismo y desconocimiento de los derechos humanos fundamentales.