El otro día, el Ministerio de Consumo anunciaba una investigación contra las empresas que hacen caja con el expolio de territorios palestinos. El equipo de Pablo Bustinduy se basa en el último Decreto-ley del Gobierno contra la invasión de Gaza. Puesto que el artículo 4 prohíbe publicitar bienes y servicios procedentes de la ocupación, hay margen para hincarle el diente a alguna que otra cara conocida. En su último informe como relatora de la ONU, Francesca Albanese denuncia la llamada “economía del genocidio” y culpa a transnacionales de todo pelo: fondos buitre, tecnológicas de Silicon Valley, marcas de automoción, nadie escapa a la tentación del dinero.

Junto a gigantes como Google, BlackRock o Airbnb, el dosier de Albanese adjudica responsabilidades al fabricante vasco Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Es de dominio público que CAF, con sede guipuzcoana en Beasain, trabajó en la expansión de la Línea Roja del tren ligero de Jerusalén que enlaza la capital con asentamientos ilegales como Pisgat Ze’ev o Neve Ya’akov. También se sabe que se puso a hacer negocios con la nueva Línea Verde justo cuando otras empresas daban un paso atrás entre presiones internacionales. Veolia reculó en 2015. Systra se retiró en 2018. En 2019 se apartó Alstom.

El pasado martes, cuando el ministro Carlos Cuerpo anunció el Decreto-ley sobre el embargo a Israel, CAF parecía el único motivo de inquietud para el Gobierno. Al cabo de unos días, no obstante, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU amplió la lista negra de empresas involucradas en la expropiación de tierras palestinas. Al conocido rol de CAF hay que añadir ahora los nombres de ACS, SEMI e Ineco. Tanto SEMI como la ACS de Florentino Pérez aparecen señaladas por el uso de recursos naturales con fines comerciales. Finalmente, Ineco queda bajo sospecha por haber ofrecido servicios que contribuyen a legitimar los asentamientos.

Se presenta así una de las madres del cordero. Y es que Ineco es una compañía pública administrada por el Ministerio de Transportes. De ahí que El Confidencial haya aprovechado para malmeter y sentenciar que Bustinduy le está haciendo la púa a Óscar Puente. El Ministerio de Consumo se propone “que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino”. El Ministerio de Transportes, por su parte, alega que Ineco no opera directamente en territorios ocupados. El problema es que la compañía está diseñando un túnel para la línea de ferrocarril Blue Line, que pretende llegar a asentamientos como Ramot y Gilo.

Preguntado al respecto, Carlos Cuerpo explicaba ayer en Radio Euskadi que las empresas están sumergidas en “un proceso dinámico de desvinculación”. No queda claro a qué empresas se refiere, pues las informaciones de prensa cabalgan por otros derroteros. ACS, por ejemplo, sostiene que no hay nada que enmendar y va a reclamar que se borre su nombre de la lista maldita. Ineco mantiene que ha descartado nuevas ofertas de negocio en Israel pero teme que la ruptura de sus contratos vigentes suponga una pasta gansa en sanciones. Por eso Cuerpo se aferra a las cortapisas del marco legal.

En cuanto a CAF, no existen indicios para hablar de desvinculación o renuncia. La empresa vasca, que ha comprometido un servicio de 1.800 millones de euros, jura que continuará en Israel porque sus informes descartan la vulneración de derechos humanos. Al contrario, afirma que el tren ligero de Jerusalén “genera impactos positivos en la población”. Para corroborar su postura, CAF subraya que los árabes son los viajeros más fieles de sus líneas. Desde su experiencia en Jerusalén, el periodista Mikel Ayestaran rebate este argumento: el fin último del tranvía no es dar un servicio a la población árabe sino consolidar el anillo colonial de la metrópoli.

Las protestas se multiplican en suelo vasco. Ayer mismo, los trabajadores de CAF celebraban un paro laboral y denunciaban que la dirección “asume la tesis del país ocupante”. El comité de empresa, que entiende el tren de Jerusalén como “una herramienta de colonización”, lleva desde 2018 reclamando el fin de los acuerdos con Israel. El boicot se extiende al ámbito cultural. Hace unos días, la escritora Saioa Alkiza renunció a los 10.000 euros del premio Igartza, financiado por CAF, y la editorial Elkar suspendió la convocatoria “en el contexto del genocidio que está llevando a cabo Israel en Palestina”.

Entretanto, las autoridades vascas se deshacen en circunloquios. A principios de septiembre, Imanol Pradales sugirió que CAF debería hacer una “reflexión ética”. Era un apunte importante en la medida en que el Gobierno vasco posee un 3% del capital. Alguien debió de descolgar entonces el teléfono, porque el lehendakari ha asumido ya los argumentos de la dirección: “CAF no contribuye al genocidio en Gaza. Ya está bien de señalar empresas y hacer demagogia”. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, añadía una advertencia: “Rescindir un contrato firmado con todas las garantías en 2019 ofrece dos posibilidades: una, cerrar la empresa o dos, llevarla a Inglaterra”.

Mientras Gaza se consume entre dimes y diretes, Trump y Netanyahu difunden un ultimátum vestido de plan de paz. El Gobierno de Israel, que hace apenas tres semanas bombardeaba a los negociadores de Hamás en Qatar, tiende ahora una mano envenenada e intenta sortear la presión internacional bendiciendo el apartheid. El inversor Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, explicaba en 2024 que la línea de costa de la Franja de Gaza sería muy valiosa en términos inmobiliarios: “Desde la perspectiva de Israel, yo haría todo lo posible por sacar a la gente y luego limpiar la zona”. El nuevo plan de Trump y Netanyahu allana el camino a esa profecía.

En 2025, la Affinity Partners de Kushner duplicó su participación en Phoenix, una financiera que contribuye a apuntalar los asentamientos en Cisjordania. Es la vieja alianza entre el capitalismo y la herencia colonial. Las empresas globales han normalizado el robo a gran escala mientras nuestros gobernantes silban o generan las condiciones para el robo con apretones de manos, palmaditas en el hombro y sonrisas de corbata cara. Ahora el plan de Trump y Netanyahu hace fortuna entre consignas de esperanza. ¿Cómo se negocia la paz con aquellos que quieren hacer de la paz un negocio?