Opinión
Elecciones, no. Dimisión del presidente del Gobierno, sí

Por Ramón Soriano
Catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Antes de comenzar, permítanme una breve introducción sobre un tema clásico de la Filosofía del Derecho, responsabilidades penales y responsabilidades políticas, para encuadrar el artículo y justificar su título.
Responsabilidades políticas y responsabilidades penales
La responsabilidad en la vida pública tiene dos aspectos conocidos como responsabilidad penal y responsabilidad política. La primera atañe a todas las personas por igual; es la responsabilidad que proviene de la condena judicial por el incumplimiento de un tipo de norma jurídica, la norma penal, que a todos nos afecta y que se sustenta en el principio de legalidad. La responsabilidad política incumbe a determinadas personas que ocupan cargos públicos (ya sean éstos de representación o de gobierno), y deriva de la infracción de normas jurídicas o de normas de la ética pública, comportando una quiebra de la confianza de los ciudadanos. Esta quiebra es el fundamento de la responsabilidad política.
Supuestos típicos de la responsabilidad política, que exigen la dimisión del cargo público, son: una acusación en los medios con pruebas no desmentidas, la promoción de un trato de favor contra la ética o la ley a un familiar, la negligencia en la vigilancia de las funciones de personal subordinado, el impago de la seguridad social de un empleado/a, la apertura de un juicio oral, etc.
La responsabilidad política presenta los siguientes caracteres:
No exige la autoría de los hechos. No hay que confundir la autoría de hechos ilícitos con la responsabilidad política. No presupone esta responsabilidad la autoría de los hechos; cuenta la responsabilidad y no la autoría.
Deja a salvo la presunción de inocencia. En tanto no se produzca una condena penal, la inocencia queda a salvo. Por ello no tienen razón los políticos que dicen asumir responsabilidad únicamente si el juez les condena, y que los medios manchan su presunción de inocencia, exigiéndoles una responsabilidad antes de la resolución judicial.
Es independiente de las actuaciones de los adversarios políticos. Los políticos que se resisten a abandonar el cargo público suelen acusar e implicar al adversario político; a veces aluden a toda una conspiración contra ellos.
El alcance de la responsabilidad política se extiende a las conductas reprobables propias y ajenas. La responsabilidad por actuaciones censurables de terceros a su vez tiene tres facetas que pueden producirse aisladas o conjuntamente: responsabilidad por consentimiento, por designación o por negligencia (ausencia de control) de las actuaciones reprobables de terceros.
¿Elecciones generales, ya?
No, en absoluto. No se dan las circunstancias, aunque el extraordinario ruido actual, inédito, de la coalición de las derechas política, mediática y judicial pueda llevar a la gente sencilla y poco instruida, alarmada por bulos y mentiras como nunca se ha visto, a pensar que debe haber elecciones sin esperar a la culminación de cuatro años de la actual legislatura.
Desde el punto de vista social, ¿qué tenemos? Las encuestas dan por más que mayoría absoluta que la gente no cree en la imparcialidad de la justicia; también crece el número de los que sospechan que hay una intencionalidad de doble velocidad de la justicia, a la vista de la velocidad de ralentí de los casos en los que está implicado el PP y la velocidad supersónica de los casos que afectan al PSOE.
Desde el punto de vista judicial, ¿qué tenemos? El caso de la mujer del presidente del Gobierno está sub iudice, pero además el juez instructor ha sido reprendido en sus actuaciones muchas veces por la Audiencia de Madrid y en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial ha nombrado un inspector para investigar si es susceptible de una sanción disciplinaria. En el caso del hermano del presidente del Gobierno, tras la celebración de la vista oral, es evidente que no hay pruebas concluyentes para condenarle. En ambos casos confluye un hecho incuestionable: los supuestos delitos atribuidos tuvieron lugar cuando Sánchez no era presidente del Gobierno y en uno de los casos ni siquiera diputado. El caso Zapatero, que implica a un expresidente del Gobierno que no ocupa cargo público desde hace más de 15 años, está en fase preliminar de instrucción sin apertura de juicio oral. El caso Leire también está en fase de instrucción y sin apertura de juicio oral. Lo mismo sucede con el caso Cerdán. El único caso que ha terminado con condena judicial es el de Ábalos, Koldo y Aldama, con alta condena de prisión de los dos primeros, como si fueran contumaces asesinos, y práctica absolución del tercero, quien además de no pisar cárcel no ha devuelto los más de tres millones de euros conseguidos en comisiones ilegales. Abrumadora la respuesta de la gente en entrevistas y encuestas destacando la falta de proporcionalidad de la sentencia.
Por otra parte, el PP tiene actualmente más de 25 causas abiertas y más de un centenar de imputados o con apertura de juicio oral. ¿A qué viene, pues, tanto ardor guerrero de los líderes del PP, exigiendo elecciones inmediatas? La viga en el ojo ajeno y la paja en el propio.
¿Justifica la única condena judicial en un caso la celebración de elecciones generales? No, en absoluto. Lo que justificaría las elecciones sería la condena del PSOE como partido corrupto, como le sucedió al PP, que sí fue condenado judicialmente como partido político durante el anterior Gobierno Rajoy, lo que motivó la moción de censura que desbancó a Rajoy de la presidencia del Gobierno. Y a los vociferantes líderes del PP, con Feijóo a la cabeza, que claman por las elecciones generales ahora, hay que recordarles que a pesar de la condena de su partido por corrupción -insisto: del partido, no de miembros del partido- Rajoy hubiera seguido como presidente del Gobierno y en absoluto se le pasó por la cabeza convocar elecciones. Ni a él ni a nadie del partido. Bien que le dolió que el PNV le “traicionara” inesperadamente, sumándose a la moción de censura.
¿Dimisión del presidente del Gobierno?
Sí, por supuesto. Por motivo de responsabilidad política y por respuesta a la convulsa situación política, en la que algunos partidos políticos de la investidura han movido ficha en el tablero político, señalando la necesidad de cambios al presidente del Gobierno. Veamos ambos puntos.
En España no existe una cultura de la dimisión. Aquí apenas dimite nadie. Hay un dicho: "Por menos se dimite en otros países". Si constatamos las frecuentes dimisiones en los países de nuestro entorno, la diferencia con España es asombrosa. Los políticos caídos en desgracia por su conducta ilegal suelen encontrar el apoyo de su partido, que además de proteger su inocencia señala la conspiración de los malvados adversarios políticos contra un inocente. Pero esta negligente actitud de los políticos españoles debida a la permisividad de la sociedad española, no convalida que las responsabilidades políticas no deban ser asumidas y en el caso del presidente Sánchez la responsabilidad por designación y por negligencia (ausencia de control) en el nombramiento de nada menos que dos sucesivos números dos del partido, como secretarios de organización, uno de ellos además exministro.
Ábalos ha sido condenado judicialmente y Cerdán se encuentra imputado en varias causas y en libertad provisional. No se trata de líderes del partido político, sino de los máximos líderes tras el secretario general.
En cuanto al motivo de la situación política actual, aparecen nuevas exigencias de varios partidos políticos de la investidura de Sánchez, que actualmente mantienen la estabilidad del Gobierno. El PNV afirma que debe de haber elecciones si no se aprueban los presupuestos generales. Podemos no para de anunciar que la legislatura está acabada y que Sánchez no ha cumplido lo prometido. Y -lo más importante- Junts exige que Sánchez dimita y dé paso a un nuevo presidente del Gobierno.
Creo que el presidente del Gobierno debe plantearse seriamente dar este paso, que con seguridad no tendría gran riesgo para su propio partido, porque sería sustituido por otro presidente socialista, carente de sus lastres políticos. Un nuevo presidente sin un pasado comprometedor. El PSOE tiene un buen número de candidatos con méritos y energías para hacerse cargo de la presidencia del Gobierno.
En política, presidente Sánchez, hay que estar "ligero de equipaje" y sentado sobre "la madera de un vagón de tercera". Recordando al poeta Machado. Yo pediría más: en política hay que estar sin deshacer las maletas.


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