Elogio a la paciencia: a propósito de los papeles del 23-F

Toda democracia madura se fortalece cuando abren archivos, permite el escrutinio y asume que la transparencia no es un lujo, sino una obligación. Esto fue lo que sucedió el pasado 25 de febrero, al desclasificarse numerosos expedientes sobre el golpe de Estado del 23-F de 1981. En teoría, esto debería ser motivo de celebración. Pero la alegría dura poco, casi lo justo para el titular, cuando recordamos que seguimos operando —casi sesenta años después— con la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esa ley no solo condiciona lo que podemos conocer sobre la Transición, sino también sobre periodos anteriores, incluida la Guerra Civil. La desclasificación es una buena noticia —no una cortina de humo, como señala la oposición que continúa negándose a hablar del pasado—, pero lo hace dentro de un marco legal que, por su propia naturaleza, ha sido diseñado para no dejar ver la realidad de un acontecimiento que representa las tensiones existentes desde la muerte del dictador.

A partir de la decisión del Gobierno, lo que sucedió era previsible. Los medios, haciendo su trabajo, buscaron titulares inmediatos: "¿qué cambia esto del 23-F?", "¿qué dicen los papeles?", "¿qué pasa con el Rey?". En pocas horas, y a cuentagotas, fueron apareciendo documentos, algunos tan anecdóticos como las conversaciones de la esposa de Tejero y otros conocidos por los investigadores. Casi de forma automática, los historiadores/as empezamos a aparecer en platós y radios para explicar, con prisas y con un margen mínimo para poner en valor lo "significaban" los expedientes puestos a disposición de la ciudadanía por el Gobierno. Sin embargo, la aceleración es el peor enemigo del análisis, y, por su magnitud, el 23-F, es un acontecimiento que castiga con dureza el comentario impulsivo. El interés no fue solo español. Periodistas chilenos, franceses y británicos me preguntaron por el alcance real de lo que el Gobierno había puesto a disposición de la ciudadanía. La actitud de los medios es comprensible: el 23-F, y la actitud del monarca Juan Carlos I, ha funcionado durante décadas como un pilar de legitimación del régimen democrático actual, y cuando se toca un pilar, aunque sea con cuidado, se espera ruido. Por eso sorprendió tan poco —aunque sigue siendo llamativo— que, apenas publicadas las primeras piezas, numerosas voces dictaran sentencia con una seguridad envidiable: "Esos documentos no cambian el relato existente" o de que tan solo existe una "verdad" de lo sucedido, señalando que, toda interpretación alejada de ese marco, es puro “negocio” –¡qué poco conocen el trabajo de historiar! Aunque, en realidad, lo que venían a decir era que, la democracia quedaba a salvo; y que el monarca seguiría siendo el factor decisivo que detuvo la asonada.

Puede que todo eso sea cierto, pero el problema es confundir una parte con el todo. Lo que se ha desclasificado —al menos, lo que ha trascendido— ilumina parte de una habitación a oscuras, pero no el edificio. El 23-F no fue un único golpe, sino la superposición de varios movimientos que solo se entienden si se separan y, después, se vuelven a conectar. No es un capricho académico: es el único modo de evitar que un archivo parcial se convierta en coartada definitiva. Los tres movimientos, el militar, el político y el asalto al Congreso. La historiografía lleva años señalando la existencia de la "operación Armada": las negociaciones para la llegada, un mes después de la dimisión de Adolfo Suárez, para crear un gobierno de concentración liderado por el general Alfonso Armada, con participación de figuras de los principales partidos del hemiciclo, independientes y militares. Pero incluso si aceptamos ese esquema, la pregunta central permanece casi intacta: ¿para qué se quería ese gobierno de concentración cuándo Suárez había dimitido hacía un mes? ¿Qué crisis concreta se pretendía resolver? ¿Se trataba de “corregir” la debilidad de UCD bajo el liderazgo de Leopoldo Calvo-Sotelo e impedir la llegada del PSOE para estabilizar una transición agotada? Es llamativo, además, que el PSOE —según testimonios y dinámicas parlamentarias descritas por protagonistas entrevistados para mi última monografía— buscó asegurar gobernabilidad, primero con Suárez y después con Calvo-Sotelo, con un gobierno de coalición. Si la tesis era "salvar el sistema", ¿por qué hacerlo mediante una fórmula que lo ponía en jaque? Ahí es donde empiezan las incógnitas que los documentos no resuelven. ¿Cuánto iba a durar ese gobierno? ¿Era un tránsito breve hacia elecciones, cuando ya había un presidente investido para gobernar? ¿O se pretendía alargarlo "hasta que pasase la crisis" con el riesgo de normalizar una excepcionalidad? Si la clave era apartar a Suárez, el problema no era "la democracia" en abstracto: era la crisis interna de UCD, un partido plural que terminó devorándose a sí mismo entre culturas políticas, rivalidades y ambiciones por el control del Consejo de Ministros. Eso explica mucho, pero no lo explica todo.

Porque, además, hubo un golpe militar visible: la salida de los tanques en Valencia a cargo del teniente general Jaime Milans del Bosch y desconocemos lo que se negoció con otros capitanes generales del resto de las Regiones Militares. Aquí el rompecabezas vuelve a abrirse. Sabemos que hubo llamadas entre gobernadores civiles, mandos militares y capitanías generales, pero ¿qué se acordó? ¿quién estaba a favor o en contra? De lo discutido durante y después lo conocemos a través de la desclasificación, pero ignoramos demasiado de lo que ocurrió antes, de esas conversaciones en los “cuartos de banderas” donde resonaban los "sables de la asonada", a excepción de que, como reza un documento desclasificado, "el ambiente en los cuarteles se está enrareciendo". De esta forma, seguimos sin iluminar la habitación, al desconocer las conversaciones previas, los apoyos reales, los indecisos y las expectativas de sacar al ejército a la calle. ¿Qué apoyos creía tener Miláns del Bosh? ¿A quién esperaban? ¿a Armada, al Rey, a un efecto dominó? Demasiadas incógnitas.

Finalmente, está el tercer movimiento: la entrada en el Congreso de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Antonio Tejero, pistola en mano, secuestrando la soberanía parlamentaria. Acompañado, además, por un número elevado de guardias civiles cuya motivación y procedencia no eran homogéneas, como recordaba Miguel Ángel Aguilar en una entrevista que me concedió en 2025. Si, como sugieren ciertos indicios, Tejero terminó quedándose solo, la pregunta no es por qué fracasó el golpe, sino cómo se conectaban —o no— sus piezas. ¿De verdad pensaba Armada que podía presentarse como salvador institucional después de un asalto armado al Parlamento? ¿Qué tipo de legitimidad política esperaba construir sobre ese acto? Se conoce que estaban conectados los tres golpes de Estado, pero, ¿cómo? Existen excelentes investigaciones que aportan interpretaciones muy valiosas sobre esas dinámicas y las relaciones entre los distintos movimientos –como las de Roberto Muñoz Bolaños, Alfonso Pinilla o Carme Molinero–. No obstante, tengo la duda sobre si se hubiera consumado un gobierno militar de concentración, cuesta creer que una sociedad que acababa de salir de cuarenta años de coerción, malas condiciones laborales, represión y violencia política aceptara sin más otro general como presidente del Gobierno. Esa hipótesis exige, como mínimo, explicar el cálculo político de quienes defendían esta salida, eso no está en los papeles desclasificados por muchas "verdades" absolutas que defiendan algunos.

Lo admito sin rodeos: tengo más preguntas que certezas. Precisamente por eso me inquieta la prisa por clausurar el caso con una frase tranquilizadora. La documentación desclasificada puede haber "salvado al soldado Juan Carlos" en términos mediáticos —hasta el punto de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiera su regreso a España como si el retiro se debiera al 23-F y no a los escándalos que lo rodean—, pero esa lectura es, como mínimo, apresurada. Porque es cierto, y relativamente sabido, que el Rey maniobró para frenar el golpe, la cuestión decisiva sigue intacta: ¿qué ocurrió antes? ¿qué dio a entender a sus subordinados? ¿qué se sobreentendió o qué defendió abiertamente?

¿Dónde están los documentos de los meses previos? ¿Qué sabemos de la Operación Galaxia? ¿Qué sabemos del seguimiento real a Tejero tras su primera detención en noviembre de 1978 por dicha "Operación"? Sobre todo, si, supuestamente, Alfonso Armada no contaba con connivencia del monarca pese a la estrecha relación que los unió durante décadas —desde su papel como instructor y preceptor, pasando por la Secretaría del Príncipe y la Casa del Rey—, ¿por qué no fue investigado con rigor por el CESID? ¿Quiénes formaban parte de la agencia de inteligencia creada en 1977 –es cierto, que con cierto olor a naftalina franquista? ¿Qué documentación guarda ese organismo sobre los meses anteriores e incluso años? ¿El CESID como organismo participó en la asonada o solo algunos de sus miembros? Un golpe no se organiza en una tarde, se negocia, se tantea y se reparte un plan de posiciones a tomar: Zarzuela, Cortes, TVE, RNE. Se mide quién obedece, quién duda y cuándo entra cada actor en escena. Si no contamos con ese rastro parece que no existió una planificación del golpe de Estado, tan solo vemos lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981.

Falta lo más incómodo: la trama civil, con otra excepción, que no ilumina esa habitación llena de dudas: "Hay sectores sociales que intentan manipular a las FAS con propósitos inconfesables", ¿qué sectores? ¿medios de comunicación? ¿partidos políticos? ¿hinchas de algún club deportivo? No se puede olvidar que, sin apoyos económicos, sin los de las élites extractivas, sin sectores que financien y legitimen, los golpes se quedan en ruido. Es una lección básica si uno estudia 1936 en España, Chile en 1973 o Argentina en 1976. Asimismo, es necesario conocer el trasfondo internacional: ¿los gobiernos europeos habrían aceptado en plena Europa occidental un gobierno encabezado por un militar? Con la entrada en la OTAN negociándose —y culminada en mayo de 1982 con Calvo-Sotelo—, cuesta imaginar que fuese aceptado tal retroceso autoritario. ¿Qué hicieron y qué sabían los servicios de inteligencia de otros países? Esa documentación no está en archivos españoles, y precisamente eso subraya la necesidad de una investigación sosegada, comparada y un acceso amplio.

Aquí conviene recordar algo elemental que el ruido mediático suele olvidar: los documentos no "hablan" solos. Un expediente puede ser una ventana o una cortina. Siempre hay que preguntar quién lo redacta, para qué, cuándo, bajo qué presión, con qué intereses y dentro de qué organismo. Toda documentación contiene verdad y contiene omisión; ilumina y oculta. Por eso, la desclasificación puede parecer que "no aporta nada nuevo" a primera vista: porque sin metodología histórica, sin triangulación de fuentes y sin paciencia, dicha desclasificación solo alimenta titulares –y a los historiadores/as: dudas, ya que solemos ser alérgicos a verdades absolutas que algunos abanderan.

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La sociedad debe entender que la decisión del Gobierno ha sido un gesto de transparencia democrática, no una cortina de humo, pero si queremos respuestas a los interrogantes que siguen abiertos —y son muchos— necesitamos algo más que un gesto: necesitamos una nueva Ley de Secretos Oficiales, no heredada del franquismo; necesitamos más apertura de archivos –y fondos para los mismo–; y necesitamos, sobre todo, un compromiso colectivo los tiempos que requiere la investigación. Ahí reside "mi elogio a la paciencia". Vivimos en un tiempo donde el titular se ha vuelto más importante que el cuerpo de la noticia. El titular es rápido, brillante y se comparte bien; el cuerpo, en cambio, es lento, incómodo y exige algo casi revolucionario: atención. Pero es precisamente en el cuerpo donde reside la información, la que necesita contexto, contraste y lectura pausada. Por eso pido algo sencillo, casi fuera de época: dejemos trabajar a los historiadores y a las historiadoras. Que el interés que ha despertado esta desclasificación no sea un fogonazo, sino un impulso sostenido. Solo así podremos ofrecer lo más valioso de nuestra profesión: análisis serenos, meticulosos y útiles —no certezas lanzadas desde ciertas atalayas— para comprender el pasado y, con ello, entender mejor el presente.