Blanqueo real: la derecha se lanza al rescate de Juan Carlos I tras la publicación de los papeles del 23-F
Los historiadores consultados creen que los documentos "más interesantes" siguen sin conocerse. En especial, los que despejarían las dudas sobre el grado de conocimiento del entonces rey sobre el golpe.
Horas después de que se desclasificaran los archivos, Feijóo propuso públicamente la vuelta de Juan Carlos I, liderando así la operación política y mediática para traerlo de vuelta a España.
Los documentos del 23-F desclasificados esta semana no despejan las dudas que permanecían abiertas sobre lo que ocurrió antes, durante y después del golpe de Estado fallido que tuvo lugar en España en 1981. Tampoco alteran la imagen construida sobre el rey, ni resuelven las incógnitas en torno a su figura. Son las principales conclusiones a las que llegan los investigadores consultados por Público, tras haber podido bucear por las cientos de páginas publicadas en una web de La Moncloa y descubrir que las conversaciones e informaciones que llevaban décadas esperando no estaban en el listado.
Pero la sucesión de los hechos tras desclasificarse los papeles es casi tan reseñable como los propios documentos. Los archivos vieron la luz del día el 25 de febrero a las 13 horas. Después de un tiempo de escudriñamiento, búsqueda y análisis, los actores políticos y mediáticos fueron tomando posiciones. En ese sentido, las primeras horas de la mañana del día 26 son claves para entender la repercusión más inmediata de la desclasificación: una operación más o menos clara por parte sobre todo de la derecha política y mediática para lavar la imagen de Juan Carlos I y abordar su vuelta a España.
Los historiadores, en cualquier caso, coinciden en sus análisis. "Yo a esto lo llamo ‘operación Juan Carlos’, por llamarle algo, porque no creo que sea una operación de desclasificación de documentos, más bien ha sido de blanqueamiento del emérito", sentencia Carlos Estévez, uno de los periodistas que más ha investigado el acontecimiento. "Sabemos la desesperación de la mujer de Tejero y lo que habló con sus hijos, pero nos faltan las conversaciones del monarca, las de los capitanes generales, las del Congreso…", denuncia Carmelo Romero, profesor titular, jubilado, de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, que cree que "no se han desclasificado los papeles del 23-F", sino "papeles del 23-F".
Coinciden en que poco se puede decir sobre la Casa Real, más allá de lo que ya se había publicado. "Para completar el relato, entre otras muchas cosas, nos harían falta las conversaciones del rey esa noche e, incluso, los días previos", explica Alfonso Pinilla, historiador y autor del libro Golpe de timón. España: desde la dimisión de Suárez al 23-F (Comares Editorial, 2020) que utiliza una expresión acuñada por Pilar Urbano, "la caja negra del Congreso", para referirse a todas esas escuchas esenciales que aún no han aparecido.
"Desde luego, lo que se ha publicado, a no ser que en investigaciones más exhaustivas que se hagan estos meses se descubra algo, no cambia lo que ya conocíamos del papel del rey", asegura Pinilla. El profesor relata que el plan del 23-F era crear una situación de máxima urgencia y peligro con una intimidación militar, es decir, un amago de asalto duro, sin disparar un solo tiro. El objetivo era tan sencillo como que el general Alfonso Armada apareciera a última hora en el Congreso como un gran salvador, al estilo Charles de Gaulle, para ofrecer un gobierno de concentración con él al frente.
Sin embargo, su plan falla en la mayoría de puntos. En primer lugar, porque los militares entran pistola en mano ejerciendo una violencia notable. A ello se le suma que la movilización del Ejército no es la esperada y, en especial, que Zarzuela no permite el acceso a Armada, como estaba previsto, y solo consigue ya entrada la madrugada comunicarse con Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey y uno de los guardianes de los secretos de aquella noche. Fernández Campo le transmite que, si cree que puede solucionarse la situación, vaya al Congreso, pero a título personal.
"A partir de este hecho probado, que ha reconocido el ex jefe de la Casa Real, podemos afirmar que el rey esa noche no alienta la solución Alfonso Armada, pero tampoco la impide", argumenta Pinilla, que explica el suceso con un símil: "Como un rayo de sol cuando atraviesa una ventana, que ni se rompe ni se mancha, ese es él respecto a la solución armada el 23 de febrero". Ni es dique ni motor. Los planes de Armada pasan por él sin romperlo ni mancharlo.
El general estuvo a punto de salirse con la suya, pero cometió un error: enseñar su propuesta de Ejecutivo a Antonio Tejero, que, como bien señalaba su mujer, había estado engañao hasta ese momento y desconocía cuál era el verdadero objetivo de la intentona. Cuando le comenta que en ese Gobierno habría socialistas y comunistas, le impide entrar al Hemiciclo. “Realmente es Tejero el que inicia y también desactiva el 23-F”, afirma Pinilla.
La toma de posiciones tras la desclasificación
Eso pasó hace 45 años. Este miércoles, a las 13 horas, se desclasificaban los papeles. Y menos de 24 horas después, a las 10:49 horas del 26 de febrero, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dejaba clara su posición: "Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España". Y completaba: "Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país".
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No fue un arrebato. Su justificación es la supuesta prueba que otorgarían los papeles del golpe de Estado de que Juan Carlos I salvó la democracia con su actuación aquel 23 de febrero, algo que, en realidad, no reflejan de forma clara los documentos. Pero para Feijóo —y no solo para él—, sí: "La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado". En otras declaraciones, en este caso, ante los medios de comunicación desde el patio del Congreso, aseguró que gracias al emérito "hace 45 años que nadie entra con una pistola" a la cámara.
Al mismo tiempo, algunas de las cabeceras más importantes del país lucían portadas con las que, de alguna forma, proponían a la ciudadanía dar carpetazo a una de las historias que más páginas han ocupado en la historia de España.ABC tituló así su versión en papel: "El rey paró el golpe". La misma idea que llevaban El Mundo o El País. Este último apostó por un titular a seis columnas con la siguiente idea: "Los archivos secretos del 23-F avalan el papel de Juan Carlos I". Ya el viernes 27, varios de esos medios y también otros situaron en su primera página la posibilidad de su regreso a España, aunque muy rápido, desde la Casa Real, avisaron de que, para residir en España, el rey emérito debe tener su residencia fiscal en nuestro país.
Otras figuras públicas como el periodista Carlos Herrera, cercano a Juan Carlos I, mantienen una postura similar a la del resto de medios citados en cuanto a la vuelta del ex monarca. En su programa matinal en Cadena COPE, Herrera se refirió a la desclasificación como algo "que no ha traído nada nuevo, que no ha convertido ni ha trasladado ninguna de las incógnitas que algunos puedan tener o que algunos querían intencionadamente tener. Al contrario, ha reafirmado el papel del rey Juan Carlos I". Más tarde, defendió que debería poder volver a España, pero sugirió que quizá no quiera regresar. "Vive muy tranquilo en Abu Dabi", dijo. Algunas otras figuras públicas, como Cándido Méndez, que fue secretario general de Unión General de Trabajadores, expresaron sus dudas acerca de que el rey viva en el extranjero, alimentando la vuelta. "Yo nunca tuve claro que tuviera que irse el rey", dijo en un programa de Cuatro.
Las izquierdas critican al PP y recelan del PSOE
Todo ello conforma una fotografía fija que despierta suspicacias. Voces autorizadas de varias formaciones de izquierdas lo ven claro. El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, remarca, en conversación con este medio, sus sospechas de que se "han desclasificado selectivamente" los papeles, en la línea de lo que apuntan los historiadores. Y lo vincula directamente con la Ley de Información Clasificada. Para Santiago, no es descabellado pensar que el Gobierno haya retrasado la aprobación de la norma —que habría desclasificado todos los papeles del golpe— con la intención de sacar a la luz solo una parte interesada de los documentos del 23-F y provocar reacciones políticas de apoyo a Juan Carlos I.
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La desclasificación ha sido solo un "salseo" para Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la Cámara Baja. "No hacía falta tanta alforja para este viaje", resume para Público. "¿El rey? Un cafre irresponsable que rajaba de su presidente, Adolfo Suárez, solo porque ya no le caía bien o no estaba a su servicio". Para el republicano, fue justo eso lo que provocó que "muchos militares creyeran que el país seguía siendo suyo y, con la participación de Juan Carlos I, su autorización o sus silencios —directos o indirectos—, hacer lo que hicieron, aunque al final significara hacer el ridículo".
En cualquier caso, Rufián pone los ojos en el presente: "Todo eso sigue pasando… Ahora no hacen falta pistolas ni la Guardia Civil; tienen gente que intenta hacer lo mismo en las sedes judiciales o en los platós de televisión".
También Gerardo Pisarello, recientemente vencedor de las primarias de Comuns para la alcaldía de Barcelona y secretario primero de la Mesa del Congreso, advierte una coreografía más o menos clara desencadenada tras la desclasificación de documentos. El diputado explica que, por una parte, "la derecha" usa los archivos para "reafirmar al Juan Carlos que evitó que rojos y separatistas fueran demasiado lejos" y el PSOE, por otra, demuestra que "prefiere a una monarquía que agite el fantasma de ETA y no condene al franquismo, en lugar de impulsar la causa republicana".
Pisarello hace un análisis claro de los documentos: "Juan Carlos era de los que pensaba que las movilizaciones sindicales y a favor de la descentralización territorial se podían ir de las manos y amenazar a la monarquía. Para desactivar esa amenaza, conspiró contra Suárez y animó a algunos militares a mostrar las garras. Pero no le hacía falta un golpe". "Ese cálculo", abrocha en respuesta a las preguntas de este medio, "le permitió presentarse como ‘salvador’ de una democracia domesticada, atemorizada, que a cambio le garantizó impunidad para sus tropelías y corrupciones". Enrique Santiago completa: "El rey Juan Carlos puede venir a España cuando quiera, pero tiene un itinerario de comisión de delitos fiscales y fraudes increíble".
También en unas declaraciones para Público, Ione Belarra eleva la desclasificación a la categoría de "operación de estado" con la que se pretende "lavar la cara a un rey corrupto que no ha rendido cuentas ante la justicia, para facilitar que vuelva a España". "Así lo han sugerido ya PP, PSOE, Vox y medios de comunicación del régimen 78", subraya.
Belarra defiende que esa operación busca que el rey emérito tenga "un funeral de Estado con honores que será una humillación para el pueblo español" y asegura que Podemos "hará todo lo posible por impedirlo". Para la líder morada todavía es "plausible la hipótesis de que Juan Carlos I fuera uno de los principales impulsores del golpe a través de una persona de su máxima confianza como era Armada y que se echara atrás del barco solamente cuando supo que la intentona iba a fracasar". Cree que los documentos "no sirven para desmentir la hipótesis del rey golpista que traiciona a sus cómplices franquistas en el último momento para salvarse a sí mismo y a la corona".
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Con todo, ninguna de las fuentes de izquierdas consultadas dudan de la operación promovida por las derechas para salvar al rey, pero también recelan —y mucho— de la intención del PSOE.
La relación entre Juan Carlos I y algunos militares
La relación entre el rey emérito y Armada es el tuétano del asunto. Sobre las conversaciones que pudieron producirse entre ambos y el resto de implicados poco se puede saber, más allá de cerciorar la relación estrecha que tenía el monarca con algunos de los militares. Resaltan los historiadores el papel de Armada, que pretendía convertirse en presidente de España en el reinado de Juan Carlos I, al que conocía desde adolescente. De hecho, el emérito le cita en sus memorias como "una de sus grandes decepciones".
"No hay, de momento, nada que directamente implique al entonces jefe de Estado en el golpe. Ese papel ni ha aparecido, ni va a aparecer", dice con rotundidad Ana Martínez Rus, profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. La historiadora cree que el hecho de que no exista un archivo que lo demuestre con rotundidad no implica que no supiera algo. "Es normal pensar que alguna información tenía que tener por su relación con el Ejército, que él dirigía, y tampoco podemos dejar pasar que es él quien alienta la operación con sus fuertes críticas a Suárez ante los militares en los meses previos", subraya.
Siguen los bulos, las conspiraciones y las dudas
"Si esto pretendía acabar con los bulos, en absoluto ha sido así, pero tampoco ha aclarado las dudas razonables que existen sobre los hechos", asegura Romero. "Cuando vi lo que se había publicado dije ‘no puede ser’. No puede ser que los investigadores tengamos más documentos que el Gobierno", relata Estévez, que, como el resto, incide en que no sólo faltan documentos, sino que muchos de los publicados están llevando a confusión a los medios y están propagando aún más teorías erróneas.
"Hemos hecho todo esto para acabar con los bulos, las fakes y las conspiraciones ¿no? Y nos encontramos con testimonios anónimos o sin fecha, que no sabemos a quién atribuir, historias completamente inverosímiles…", añade el periodista haciéndose eco de algunas de las noticias que han circulado en televisión estos días. Se ha hablado, por ejemplo, de un testimonio que aseguraba que estaba planeado que entraran miles de soldados en RTVE, cuando apenas fueron 35; de un supuesto complot entre Milans del Bosch y Armada en el juicio que se sabe que no ocurrió o de un documento falsamente atribuido al PCE.
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Por su parte, Martínez Rus señala que estos días se han intentado dar como exclusivas informaciones que aparecen en los libros de historia desde hace años, "con titulares calcados a los de los días posteriores al 23 de febrero de 1981". Además, advierte de que se ha podido destruir o expurgar una gran parte de las pruebas recogidas aquel día y echa en falta, entre otras cuestiones, que no se haya dado a conocer el nombre de las familias que financiaron el golpe y "que aparecen tachadas en los folios".
En definitiva, resume Carmelo: "Sigue habiendo muchas sombras y es probable que la documentación más interesante nunca se conozca". Pinilla sí confía en que buena parte de las conversaciones estén en buen recaudo, aunque según se ha sabido, estarían en manos del poder judicial. “Un Gobierno llega hasta donde llega, por eso creo que lo que ha revelado este episodio es, en primer lugar, la necesidad de una ley de secretos oficiales", concluye Pinilla, que menciona una última lección: el exceso de estímulo y de expectación no siempre da lugar a un mayor conocimiento de la verdad.
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