Todas las menciones al rey Juan Carlos en las actas del juicio del 23-F: "A sus órdenes para dar un golpe de timón"
En los documentos desclasificados por el Gobierno se pueden leer todas las actas del juicio del Consejo Supremo de Justicia Militar celebrado entre febrero y mayo de 1982.
Los principales implicados, como Milans del Bosch, Tejero, Armada o Torres Rojas, señalaron durante el juicio que actuaron bajo órdenes del jefe del Estado.
Madrid--Actualizado a
La vista oral del juicio del Consejo Supremo de Justicia Militar por el intento del golpe de Estado del 23-F comenzó el 19 de febrero de 1982 en las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército situadas en el barrio madrileño de Campamento. La desclasificación de documentos realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto a disposición de la ciudadanía las actas de todas las sesiones celebradas. Se trata de un total de 46 sesiones y otros tantos documentos. En ellas se puede comprobar un gran número de menciones al rey Juan Carlos I y su supuesta implicación en la operación.
Los principales golpistas condenados defendieron durante las vistas que actuaban en nombre del entonces rey. En la última sesión se recogen las declaraciones finales de los procesados. El teniente general del Ejército Jaime Milans del Bosch, condenado a 30 años, se expresó en los siguientes términos, según recogen los documentos.
"Por su amor a España y haber cumplido siempre su obligación, ante la mala situación de España y la bancarrota creada por terrorismo, falta de autoridad y autonomías, los subordinados se fijaron en él a finales de 1.980 para, a las órdenes del rey, dar un golpe de timón que recondujera la situación en cumplimiento del artículo 8 de la Constitución", indica el acta del día 24 de mayo.
Milans defendió que esa era "la verdad" y que lo demás eran "detalles". El golpista apuntó además a la pérdida de confianza en alguien a quien no identifica y que esa fue su motivación para actuar. "Es cierta su intervención, convencido del respaldo real y del Ejército por habérselo dicho quien contaba con su confianza, y a quien desde ahora desprecia, y afronta toda la responsabilidad, relevando de ella a quienes le obedecieron", apunta el texto.
La defensa de Milans de Bosch había entrado en escena en la quinta sesión, el 25 de febrero, para destacar que el teniente general no tenía "ambiciones personales" con la sublevación militar y poner en valor "su obediencia al rey" cuando este "le requiere personalmente". La defensa del general Alfonso Armada dice además que Tejero "solo" recibió órdenes de Milans de Bosch y del monarca "por conducto de este". Esta es una tesis que también defienden en la misma sesión otros investigados, como los generales León Pizarro, García Castro, Ortiz Calldeclara o Gil Espasa.
Miláns de Bosch respondió directamente a las preguntas del fiscal el 8 de marzo. El teniente general dijo que "al hablarle Armada de las intenciones de su majestad en el sentido de imprimir una variación al rumbo general de la política" española, "concibe la idea de admitir el contacto con representantes" de los grupos de militares que planeaban la intervención que se terminó materializando el 23-F. El fiscal puso en evidencia que "a lo largo de más de un mes" el teniente general no había intentado "conectar con el entorno próximo al rey" para "cerciorarse" de sus supuestas intenciones, según recoge otro de los documentos desclasificados por el Gobierno.
Tejero y su expulsión del juicio
El otro de los principales implicados, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, condenado también a 30 años, no terminó su alegato ese día. Nada más comenzar, según recuerda el acta, mostró "su desprecio hacia tanto general jefe y oficial del Ejército que había hecho patente su cobardía y traición a España". El presidente del tribunal lo expulsó.
En sus declaraciones anteriores, realizadas el 17 de marzo, Tejero incidió en que fue el general Armada quien le confirmó que la Operación Nacional en marcha se producía a "las órdenes del rey". Aunque a él, según dijo, "no le gusta el rey" y "no es monárquico", accedió a unirse a la Operación Nacional porque se le aseguró que con la figura del monarca el golpe sería mejor aceptado en el extranjero (EEUU y la Santa Sede). Armada, según dice el golpista, le aseguró que el 23-F estaría en la Zarzuela.
Sobre la declaración del general de división del Ejército Luis Torres Rojas, condenado a 12 años, el acta destaca que "en conciencia y ante Dios" afirmó que en sus 45 años de servicio había sido un "militar ejemplar" dedicado a las armas y "con base en su amor a Dios, España y la familia". "Creyó cumplir órdenes del rey por el bien de España", se recoge. Torres Rojas, por su parte, insistió en varias ocasiones que, entre los mandos de la División Acorada (DAC) “era de pleno el convencimiento de que se actuaba a las órdenes del rey” y que, por tanto nadie puso objeciones a los hechos. De hecho, Rojas, según afirmó posteriormente en su interrogatorio el general de división Ángel Centeno Pérez, llegó a asegurar que “el rey y la reina aprobaban la operación”.
Relacionado con este tema
José Ignacio San Martín, jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, fue condenado a 10 años. En su declaración final, tal y como recoge el acta judicial, incidió en que se entrevistó con el rey el 18 de noviembre de 1980. En este encuentro asegura que manifestó a Juan Carlos I "que el Ejército estaba irritado". Según su relato, "un ayudante" del rey, a quien no identifica, le indicó que "pronto se arreglaría tal situación". "Algo similar le aseguró un general que nunca miente, dejando en el aire la personalidad de dicho general. Siempre creyeron obedecer al rey, tanto para sacar las unidades como para retirarlas", se indica.
El coronel de Infantería Diego Ibáñez, condenado a 10 años, señaló en su declaración final que que no había "invocado infundadamente el nombre del rey para eludir responsabilidades, sino porque creía en su actuación por lealtad y fe hacia Milans, Armada y otros". El capitán de la Guardia Civil Juan Pérez de la Lastra, condenado a tres años, aceptó la responsabilidad por lo que hizo pero resaltó que "fue sólo creer que el rey y España le necesitaban".
En el interrogatorio al teniente de la Guardia Civil Pedro Izquierdo, condenado a un año, este afirma que el capitán José Luis Abad le dijo que el teniente coronel Tejero iba a necesitar su apoyo para una “operación avalada por el rey”. En esa conversación entre Abad y el teniente, también se manifestó que el general Armada había estado comiendo en Zarzuela.
Todos actuaron bajo la ilusión de que era el rey el que daba las órdenes y que el general Alfonso Armada se presentaría en el Congreso pasadas dos horas de su asalto. "Nadie dudó que eran órdenes del rey", llegó a afirmar en su declaración el coronel Manuel Cervantes Rosell como testigo.
El coronel de la Guardia Civil Miguel Manchado, condenado a ocho años, durante el interrogatorio del fiscal, reconoció que Tejero le pidió 6 conductores, 6 autobuses y 50 hombres "para una misión por orden del rey" y se los dio. Los tenientes Santiago Vecino y Vicente Carricondo (condenados a un año), en sus interrogatorios confiesan haber "acudido al Congreso a prestar un servicio por orden de su capitán", señalando también al rey, Armada y Miláns del Bosch como directores de la actuación. "Prácticamente han venido a confirmar que reconocen la autoridad del rey como mando supremo, que aceptan la cadena de mando y la legalidad de las órdenes superiores", resume el acta.
Relacionado con este tema
El guardia civil Manuel Prieto López, testigo en el proceso, preguntado por el fiscal, dijo que durante el día del asalto "escuchó en varias ocasiones voces de “viva el rey, España y la Guardia Civil" y que Tejero le dijo "machaconamente" que estaban allí "para salvar a España, que su jefe era el General Armada y que obedecía al rey".
Sabino Fernández, el primero en mencionar al rey
Las referencias a la monarquía fueron habituales entre los procesados y los testigos desde la primera sesión de la vista oral del juicio. El jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, fue el primero en mencionar a Juan Carlos I. Lo hizo para decir que "estaba a punto de iniciar un partido de squash cuando se produjo el asalto al Congreso". Los documentos desclasificados este miércoles recogen también la transcripción de una llamada entre Fernández Campo y Tejero pocas horas después de la intentona golpista. El primero le reprocha haber utilizado "el nombre de S.M. el Rey" y le ordenó: "Depón tu actitud inmediatamente".
El acta del 19 de febrero de 1982 recoge una segunda referencia al emérito, esta vez del "familiar" de alguno de los procesados, que anuncia declaraciones futuras en las que "se va a poner al rey de chupa de dómine". La memoria de la segunda sesión destaca que se "continúa invocando el protagonismo del rey y paralelamente el de la reina", poniendo sobre la mesa su "conocimiento previo" de "lo que tenían pensado realizar los procesados". Esta es la conclusión que sacan quienes redactan el acta de "la lectura de declaraciones de algunos procesados". El juez escuchó ese día a los tenientes coroneles Arana Lorite, Miler Hidalgo, Mas Oliver y por primera vez al artífice del golpe, Tejero, así como al capitán Gómez Iglesias y al entonces gobernador civil de Valencia, José María Fernández del Río.
La sesión del 22 de febrero finalizó con "al menos 89" referencias al monarca o la Corona y "no menos de cinco" a la reina Sofía, sin dar más detalles la memoria de los términos en los que tuvieron lugar estas alusiones. Juan Carlos I volvió a ser nombrado "no menos de 61 veces" en la primera sesión de marzo, "intentando en casi la totalidad de las ocasiones su implicación con los acusados". Lo mismo ocurrió con la reina en "no menos de tres" ocasiones, según el acta de la séptima sesión. El conductor de la Guardia Civil Carranza Espinal también hizo alusiones al monarca, diciendo que el día de la intentona golpista entró en la capital al volante de un microbús sin saber exactamente a donde se dirigía. Le pidieron, eso sí, "seguir a un Seat 124 blanco" con la "misión" de "defender al rey".
Los acusados siguieron señalando al monarca durante el resto de las sesiones. El siguiente en hacerlo fue el general Torres Rojas que, a través de su defensa, dice que "no había duda alguna de que el rey apoyaba los hechos". Lo mismo alegó la defensa de Tejero, responsabilizando al general Armada "como supuesto representante" de Juan Carlos I de "iniciar una serie de reuniones para permitir al rey reconducir la situación política". El teniente coronel fue en este sentido el "elegido" para ejecutar las "órdenes" por su "gran prestigio y personalidad", insiste su defensa. El resto de las defensas insisten en el relato de que actuaron en base a lo que les decía el general Armada que llegaba de boca de la Corona. Los actos de desobediencia, "suponiendo como ellos suponían que las órdenes emanaban del rey", no hubiera resultado "institucional".
Pese a todas estas menciones, el relato oficial siempre ha sido la negación de la implicación del rey en los hechos. El Ministerio de Interior, según se refleja en otro de los documentos desclasificados, los califica de "rumores" alentados por la extrema derecha, a la que acusaba de difundir "bulos" de manera organizada.
Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.