Un espacio social de tu barrio, abierto al público, donde se realizan actividades regularmente, y donde compartes tranquilamente con la gente. No hay nada que esconder. Las actividades se publicitan en carteles en la calle y en las redes, y las puertas siempre están abiertas: cine gratis, talleres contra la violencia machista, huertos urbanos o conciertos se mezclan con las campañas políticas habituales de los movimientos sociales habituales. Desde el derecho a la vivienda, pasando por la solidaridad internacionalista, la defensa de los servicios públicos y mil asuntos más que forman parte de las agendas de los colectivos que trabajan al margen de las instituciones y que cuestionan constantemente al poder. Y que son publicitadas abiertamente.

Este fue el objetivo de la infiltración de un agente de Policía, destapada, una vez más, por La Directa, meses después de descubrir otro topo en movimientos juveniles independentistas y en colectivos de barrio. Aquél, que se hacía llamar Marc y a quien dediqué otra columna, participó incluso en actividades de desobediencia civil y fue retratado en más de una acción. Tras publicarse su verdadera identidad, I. J. E. G. publicó en sus redes personales, las de verdad, imágenes jactándose de su gran hazaña en una piscina de su Menorca natal. Su trabajo, sin embargo, no logró desarticular ninguna banda armada, ni prevenir ningún ataque violento ni ningún crimen. Simplemente fichó militantes y simpatizantes de aquellos movimientos. Fichas policiales de personas que dedican parte de su tiempo a intentar cambiar las cosas, incluso sin cometer ningún delito. Fichas de gente, sí. Por su ideología.

Para quien no está familiarizado con los movimientos sociales, estos pueden parecer espacios opacos, organizaciones semiclandestinas que conspiran bajo el más absoluto secreto. Quien conoce a los movimientos sociales sabe que se enfrenta al poder con su cuerpo, asumiendo las consecuencias, y en absoluta desproporción de fuerzas dejando en evidencia cómo el Estado protege los intereses de unos pocos y machaca a la disidencia que le saca los colores. Y todo, incluso las acciones, está siempre explicado, anunciado y retratado por ellos mismos en sus redes. No hay nada que esconder. No hay nada de lo que avergonzarse. Y eso, quizás, es algo que también molesta. Por eso, quizás, hay quienes se enfrentan a años de prisión por intentar parar un desahucio. Molestan. Son peligrosos. Porque ponen en evidencia los rotos de un sistema que hace aguas por todas partes.

Esta vez, el policía infiltrado fue más allá y traspasó algunas líneas que hacen de este caso un asunto mucho más grave: mantuvo relaciones sexoafectivas con varias personas del entorno de estos movimientos sociales. Mujeres a las que engañó con una personalidad falsa y a las que usó sexual y emocionalmente para obtener información sobre otras personas. Con alguna de ellas llegó incluso a mantener una relación duradera, haciéndole creer que era otra persona. “Se ha utilizado a las personas, su intimidad, sus deseos, sus proyectos de vida, sus ambiciones, sus inseguridades, su tiempo, sus esperanzas políticas... para acceder a nuestros espacios de activismo con el fin de recabar información. Una vez más los cuerpos y los deseos de las mujeres utilizados como herramientas de control por el Estado”, manifestaban feministas madrileñas en sus redes tras conocer la noticia.

Existen precedentes en estas prácticas como el caso Spycops Scandal del Reino Unido que destapó la infiltración de Mark Kennedy, un agente de la policía secreta que había mantenido una relación de varios años con la activista de izquierdas Kate Winslow. Tal y como relata La Directa en una pieza separada de la investigación recién publicada, “el Tribunal de las Facultades de Investigación, un organismo dedicado a investigar las quejas relativas a abusos cometidos por organismos públicos británicos dictaminó, en septiembre de 2021, que esta operación secreta de la policía británica había vulnerado hasta cinco derechos fundamentales del activista Kate Wilson”. Por ello, el Estado tuvo que indemnizar con decenas de miles de libras a la activista. Pero este no era el único caso. Se descubrió que, desde finales de los años 60, había habido cientos de infiltrados. Algunos, incluso, habían tenido hijos con las afectadas.

Ayer, cinco de las mujeres que se vieron afectadas por el policía infiltrado en Barcelona, acompañadas por el sindicato CGT y el Centre per la Defensa dels Drets Humans, Iridia, anunciaron una querella contra este por abusos sexuales continuados, delitos de tortura o contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos. Veremos cómo justificará el Estado este asunto, quién planificó todo esto, qué peligro suponían estos movimientos sociales y qué recursos se emplearon para qué fin. Por qué tenían los agentes documentación falsa, qué perseguían, de quienes recibían órdenes, a quién rendía cuentas y hasta donde se justifica la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres para estos fines.

Posiblemente para el policía “Marc” y para el recién descubierto “Daniel”, ellos tampoco tienen nada de lo que avergonzarse. Cumplen su función. Se han entrenado para ello y están convencidos de que lo hacen por un bien superior, por salvaguardar el statu quo, el orden, su orden, el que les enseñó que esos chavales y esas chavalas son peligrosos y hay que tenerlos controlados. Y por dinero, claro. De eso viven. Y lo grave de este asunto es que, una gran parte de la ciudadanía lo avala. Llevan años escuchando a los medios explicar lo malos que son los ‘antisistema’ (ese cajón de sastre donde cabe cualquiera que cuestione el statu quo) y para esto existen las brigadas de información de las policías. También los políticos y gobernantes lo toleran cuando no lo promueven.

La gravedad de todos estos casos, más allá de la gravísima instrumentalización de los cuerpos de las mujeres, es, como bien apuntan las feministas, el constante acecho a la libre asociación y a la libertad de pensamiento. Es estar constantemente en el punto de mira de las autoridades por pensar o por organizarte para cambiar las cosas. Aunque lo vistan de potencial peligro que hay que vigilar y aludan a amenazas de violencia que nunca se materializan, como se han demostrado en estos dos casos descubiertos.

El problema añadido es que, un gobierno democrático (que ya pasó página de las denuncias contra el anterior agente descubierto), y una parte de esa ciudadanía que se llama demócrata, defiende que esto pase y lo asume como mal menor para salvaguardar el orden. El problema es no querer ver que estas praxis son inherentes a esas democracias sustentadas por un orden social y económico que tolera estéticamente y hasta cierto punto, la disidencia y la discrepancia, mientras esta no suponga una amenaza real. Y en este caso, como en tantos otros, esta “amenaza real” es que pongan en evidencia sus miserias. Como ya lo han hecho las compañeras de La Directa desvelando de nuevo otra práctica abusiva del Estado.