Feijóo y su equipo están convencidos de que el Gobierno, ahora sí, está tocado de muerte, o sea, que toca adelanto electoral, como lleva ocurriendo para el PP desde que perdieron las elecciones en 2023 porque quisieron: la publicación de los mensajes de wasap entre el presidente Sánchez y su entonces ministro Ábalos en el diario El Mundo, según el Partido Popular, demuestran que Pedro Sánchez conocía la presunta corrupción de su hombre de confianza y, aún así, tras echarlo del Ministerio de Transportes por causas desconocidas pero fáciles de intuir (y que poco tienen que ver con el caso judicial de Koldo, Aldama, el propio Ábalos y sus presuntas comisiones, estafas, etc.), volvió a colocar en las listas electorales para las generales del 23-J.

El contenido de los mensajes que llevó una paloma chivata a la redacción no aporta información presuntamente delictiva ni afecta a las investigaciones judiciales, pero el PP sigue erre que erre con que sí lo hacen, aunque no sean capaces de decir por qué y en qué parte, ni en público ni en privado; tampoco cómo es posible que Sánchez recuperara a Ábalos para su listas del 23-J si sabía que era un corrupto. Lo máximo que llegan a apuntar es que el presidente del Gobierno tiene miedo a su exministro cesado por él, pero si esto fuera así, ¿por qué Sánchez no ha dado luz verde a una operación Kitchen como la que activó el Gobierno del Mariano Rajoy con nuestros impuestos y desde Interior para cargarse las pruebas que podía guardarse Bárcenas sobre la financiación ilegal del propio PP? A ver si Sánchez no es tan listo como la leyenda que se ha creado y el PP lo es mucho más que él con su policía patriótica, su Fiscalía que "te lo afina" o su Villarejo en los despachos de Interior y de la sede de la calle Génova para quitarse de encima las pruebas de corrupción... 

Sobre la filtración de los mensajes Sánchez-Ábalos hay teorías para todos los gustos y unanimidad en el Ejecutivo y el PSOE en cuanto a que podrían suponer un delito contra la intimidad del presidente, pues no aportan nada a causa judicial alguna y, una parte de ellos solo es material accidental entre el acopio de pruebas que ha hecho la Guardia Civil y que por tanto, no pueden ser difundidos. La otra parte de los wasap, la relativa a 2023, cuando Sánchez devolvió a Ábalos a las listas, ya ha confesado éste que fue él quien permitió la publicación, pues al fin y al cabo, solo demuestran el aprecio y la confianza que Sánchez tenía en su ministro. Y no solo Sánchez; y no solo el PSOE.

El interrogante no es pequeño, pero el hecho de que sea un único medio el que esté publicando los mensajes privados, sean de los años bajo investigación judicial (hasta 2021) u otros (2023), ponen el foco en una sola vía como suministradora de El Mundo, apuntan algunas fuentes del Gobierno. Lo cierto es que una publicación nunca debería ser enfocada desde el punto de vista de quién proporciona el material informativo y qué medio la publica -el interés general de los mensajes de dos cargos públicos, privados o no, es indiscutible-, pero en este país -y así lo han recordado estos días independentistas catalanes, vascos o miembros de Podemos-, la preocupación por que tribunales o fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado estén implicados en operaciones políticas de desgaste o, directamente, de destrucción de políticos y/o gobiernos, contando medios cómplices a sabiendas, no es nueva y se ha demostrado muy recientemente en la citada Kitchen, en la operación Cataluña o en el informe PISA (Pablo Iglesias S.A.), guerras sucias ejecutadas durante el Gobierno de Rajoy con herramientas y personal del Estado.

¿Está Ábalos en condiciones de mantener su negativa de que él no filtró los mensajes intercambiados con el presidente del Gobierno que están bajo custodia de la unidad de la Guardia Civil, mientras asegura que irá a los tribunales para denunciar esa presunta violación de dicha custodia de unas conversaciones privadas entre dos altos cargos que nada tienen que ver con la causa judicial? ¿Y la UCO? ¿Puede asegurar esta unidad al más alto nivel de la Guardia Civil que no ha filtrado estos mensajes a un medio de comunicación, saltándose la ley, e, incluso, otras conversaciones privadas de altos cargos gubernamentales de Transportes de la etapa de Ábalos, que estarían en manos de periodistas aun no teniendo nada que ver con la causa del Supremo y que (de momento) no han sido publicadas? ¿Pueden o solo se han equivocado de material las palomas mensajeras y la estrategia se les va a volver en contra?