Desde 2008, en España se han registrado más de 840.000 desahucios, una cifra que durante años nos ha colocado entre los países europeos con más pérdidas de vivienda. En Cataluña, más de 160.000 hogares han sufrido un lanzamiento, y estudios centrados en Barcelona apuntan que hasta el 87% afectan a niños y niñas. Aun así, seguimos sin datos oficiales que permitan medir la magnitud real de esta situación. Y lo más grave: pese al impacto directo que tiene sobre la vida y el aprendizaje de la infancia, el sistema educativo continúa sin una respuesta estructurada para afrontarlo.

La legislación reconoce el derecho a la educación en igualdad de condiciones, pero la realidad en las aulas lo desmiente día tras día. El 34,6% de la infancia en España está en riesgo de pobreza, y muchas familias destinan hasta el 74% de sus ingresos al alquiler, atrapadas por una crisis habitacional que no cede. Sufrir un desahucio, vivir mudanzas constantes o residir en una vivienda inadecuada no es solo un problema material: es un golpe al bienestar físico, emocional y educativo de los niños y niñas.

Los datos recogidos recientemente en 46 centros educativos de Barcelona lo hacen visible: el 96% ha detectado infravivienda, el 85% cambios recurrentes de domicilio y el 13% casos de sinhogarismo infantil. Solo en el último curso escolar se contabilizaron 215 menores víctimas de desahucio y 180 realojados en pensiones o alojamientos de urgencia. Para el 90% de los centros, esto se traduce en problemas emocionales graves: estrés, nerviosismo, dificultad para concentrarse. La vivienda se convierte, así, en el primer factor educativo.

En este contexto surge una pregunta evidente: ¿qué han hecho las escuelas para responder a una crisis que, aunque externa, estalla cada día dentro de sus aulas? Para intentar responderla inicié una investigación basada en un estudio de caso, con el objetivo de observar qué ocurre realmente cuando la inestabilidad residencial afecta a la vida escolar. Paralelamente, en 2025 nació la plataforma Docentes contra los desahucios, primero en Salt y luego en Barcelona, con un mensaje claro: sin casa no hay educación. Su aparición no es casual: es el reflejo de la tensión que viven los centros, obligados a sostener problemas que deberían resolverse mucho antes de que una criatura llegue al aula.

Los primeros resultados de la investigación revelan varias cuestiones de fondo. La primera es que las escuelas se han convertido, casi sin quererlo, en un espacio de sostenimiento emocional para familias enteras. Los equipos docentes activan redes de barrio, acompañan en trámites, ayudan a buscar recursos o simplemente ofrecen un lugar seguro donde los niños puedan respirar. Todo esto se hace sin protocolos, sin recursos específicos y sin indicaciones institucionales. Lo que funciona, funciona gracias a la voluntad del profesorado, no gracias al sistema.

En segundo lugar, los cuidados, esas acciones invisibles que sostienen la vida cotidiana, son centrales y, sin embargo, no figuran en ninguna normativa. Llamadas fuera de horario, contenciones emocionales, gestiones improvisadas, vínculos comunitarios… Un trabajo esencial que rara vez recibe reconocimiento. Politizar los cuidados significa comprender que son parte de la justicia educativa y que deben blindarse con tiempo, recursos y protección.

Un tercer eje imprescindible es el fin del adultocentrismo. La infancia no es un sujeto pasivo: tiene voz y capacidad de análisis. Incluir el derecho a la vivienda dentro de los proyectos educativos, igual que se ha hecho con la violencia machista o el acoso escolar, permite que niños, niñas y adolescentes entiendan su realidad y reclamen sus derechos.

Finalmente, la escuela se ha convertido en una trinchera cotidiana. Allí donde la política pública falla, la comunidad educativa intenta sostener lo insostenible. Pero esa resistencia tiene un límite: no puede depender de la precariedad ni de la heroicidad de cada docente. Es urgente dotar a los centros de equipos interdisciplinares, mecanismos estables y protocolos claros que garanticen una respuesta digna y no improvisada.

Aunque esta investigación se ha centrado en primaria, la situación en la ESO y la formación profesional es aún más preocupante: los efectos sobre la salud mental y las relaciones en la adolescencia son más profundos y están mucho menos estudiados.

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Es momento de buscar soluciones innovadoras, con mayor presupuesto, que garanticen simultáneamente el derecho a la educación y a la vivienda de los más vulnerabilizadas. Mientras tanto, hay que parar esta sangría: detener los desahucios en los que haya menores. La infancia no puede esperar. Si realmente nos importa, debemos blindar sus derechos a la vivienda y a la educación, aquí y ahora.

La conclusión es simple: si la vivienda es inestable, la vida de la infancia también lo es.  Y el derecho a la educación empieza, inevitablemente, por algo tan básico como tener una casa.